Este martes la ministra del Interior, Izkia Siches, respondió a la acusación constitucional en su contra que presentó el Partido Republicano, desde donde la cuestionan por "comprometer el honor de la Nación, infringir la Constitución y las leyes y haber dejado estas sin ejecución", negligencia que, argumenta el partido de extrema derecha, se habría producido especialmente en el contexto de la crisis en la Macrozona Sur.

De acuerdo a lo que informó Mega, la secretaria de Estado respondió cada uno de los siete capítulos que considera la acción parlamentaria, confirmando que apelará a la denominada "cuestión previa", que de ser aprobarse, dejará sin efecto la acusación.

Respecto del detalle, en uno de los capítulos, se alude al error en que incurrió la expresidenta del Colegio Médico cuando en una comisión en el Congreso, aseguró que un avión en el que se expulsaría a ciudadanos venezolanos había vuelto a Chile con la integridad de sus pasajeros. "Esta ministra entregó información teniendo fundamentos para ello. No ha sido nunca mi intención declarar 'falsedades', ni menos esa conducta ha sido persistente, reiterada o habitual, como han pretendido la y los autores de la acusación", dijo Siches frente a esta imputación.

Paralelamente, reconoció que sus declaraciones se formularon "con información equívoca o imprecisa cuyo origen se debió a desprolijidades que no me fueron imputables en absoluto. En efecto, esta información fue rectificada públicamente, tan pronto tuve conocimiento del equívoco".

Otro de los temas por los que se le cuestiona, es el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado presentadas durante el estallido social por la administración del, en ese entonces, Presidente Sebastián Piñera. En este sentido, la secretaria de Estado aseguró que, pese a que interponerlas "es una facultad de uso excepcional y en ningún caso una obligación, la decisión de retirarlas, cuestión que se encuentra expresamente reconocido en la ley, está suficientemente fundada".

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La CIDH recomendó a Chile "evitar usar la Ley de Seguridad del Estado"

"El principal órgano encargado de proteger y promover los Derechos Humanos en el continente, la CIDH, hizo una recomendación explícita a Chile, de evitar usar la Ley de Seguridad del Estado indiscriminadamente; las manifestaciones sociales acaecidas desde octubre de 2019 dejaron un saldo preocupante de personas detenidas y privadas de libertad, sin juicio previo; y en a lo menos 139 casos, debido a su menor gravedad y afectación a la seguridad del Estado, no se vislumbraron motivos plausibles para hacerla aplicable", asegura Siches en su defensa.

Otro de los capítulos le objeta que no se querellara tras los disparos durante su visita a Temucuicui, acusación a la que responde que "no existe tal cosa como un deber de presentar querellas por parte de esta ministra del Interior y Seguridad Pública".

Independientemente de lo anterior, asegura, los hechos sí se pusieron en conocimiento de Carabineros y, de hecho, prueba de ello es que "concurrieran al lugar el fiscal de turno del Ministerio Público, personal del OS9 de Carabineros, personal del Departamento de Criminalística de Carabineros de Chile y el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros de Chile".

En otro de los capítulos de la acusación, se le cuestiona que actualmente no se están materializando todas las expulsiones migratorias que se requieren, ante lo que Siches asegura que estos procedimientos los determina "un juez como pena sustitutiva para aquellos extranjeros que no residieren legalmente en el país". Y agrega que este es el procedimiento, pese a que ella "dispone de un margen de acción para adoptar las decisiones de dirección política" y que, en consecuencia, esta decisión "no es una cuestión que esté dentro de sus competencias".

Y en cuanto a la acción propiamente tal, plantea que "es claro que las afirmaciones vertidas en el libelo de la acusación constitucional no son verídicas ni justificadas".

Macrozona Sur: Sus "Consecuencias no pueden adjudicarse a una persona"

Retomando el tema de la compleja situación de la Macrozona Sur, respecto de la que los acusadores aluden a una "tardía, insuficiente y acotada" del Estado de Excepción, Siches argumenta que "las consecuencias del conflicto en la zona sur no pueden ser atribuidas a una sola persona, ni menos aún, a esta ministra".

"La situación que describen la y los acusadores en su libelo y los perjuicios a las garantías fundamentales que invocan para acreditar una supuesta infracción al Artículo 1 de la Constitución Política de la República, no pueden ser imputadas a ninguna acción u omisión de esta ministra del Interior y Seguridad Pública, la que en sólo tres meses en el cargo no puede solucionar un conflicto de larga data en la historia de nuestro país", sostuvo.

Ya en la parte final de la acción, se le cuestiona por no haber denunciado al líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, por sus declaraciones a través de la que convocó a la "resistencia armada", dejando claro que "es claro que el Ministerio Público es el órgano constitucional encargado de la persecución y ejercicio de la acción penal, siendo este el encargado de la investigación de los delitos".

"Así, no corresponde al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en general, ni a la ministra del Interior y Seguridad Pública, en particular, perseguir ni investigar determinados delitos", detalla el escrito de su defensa.