Este lunes venció el plazo de los intervinientes para presentar acusaciones o plegarse a la del Ministerio Público en el caso del homicidio del sargento Francisco Benavides, fallecido en un operativo policial en una zona rural de la comuna de Collipulli el 24 de mayo de 2021.

Por estos hechos fueron detenidos los hijos del exlider líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Víctor Ancalaf, Matías y Heriberto Ancalaf, a quienes la Fiscalía sindica como responsables del homicidio del uniformado en acto de servicio y otros delitos, como otro homicidio frustrado, disparo injustificado y desordenes públicos.

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Para Matías Ancalaf el ente persecutor solicita penas que podrían superar los 70 años de presidio en total, por también tener una acusación por abuso sexual, mientras que para Heriberto Ancalaf la condena podría ser de más de 50 años.

Ante esta acusación, la Delegación Presidencial de La Araucanía, en su calidad de querellante, debía sumarse u optar a presentar su propia versión de los hechos y los delitos que se habrían cometido, sin embargo, el plazo venció y el gobierno no realizó el trámite respectivo.

Justificación del Ejecutivo

Un día después de haberse vencido la fecha límite, el abogado del Ejecutivo, Luis Martínez Pezo, ingresó su justificación argumentando que tuvo problemas de salud que se presentaron horas antes del vencimiento del plazo. Sin embargo, el periodo para realizar este trámite fue de alrededor de un mes.

Martínez detalló que el día previo a la jornada que expiraba el plazo presentó molestias y se retiró a su domicilio. "Alrededor de las 22:00 horas, fui visitado en mi domicilio por el médico (…) procediendo a aplicarme un analgésico intravenoso que me calmó el dolor", lo que lo hizo "caer en un profundo sueño y dormir sin interrupciones", afirmó en el documento, según información de Biobío.

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"Como consecuencia de todo lo anterior, estuve impedido para poder ejercer en nombre de mi representada el derecho de adherirse a la acusación o presentar acusación particular con las graves consecuencias procesales que aquello conlleva", concluyó.

Además, en ese mismo escrito el abogado indicó que se plegará a la acusación del Ministerio Público. Ahora, será el Juzgado de Garantía de Collipulli el que deberá definir si acepta la justificación del abogado del Ejecutivo y la considera una razón de "causa mayor o caso fortuito".