La diputada Camila Musante (ind-Apruebo Dignidad) y el diputado Jaime Sáez (RD) presentaron un proyecto de ley que dotaría al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) con facultades preventivas para evaluar el comportamiento de las empresas que reingresan al sistema evaluativo.

De esta manera, sería un requisito que los proyectos o actividades que se someten a evaluación certifiquen haber cumplido con las sanciones de la Superintendencia del Medio Ambiente o haber reparado el daño ambiental, si hubo condena por el Tribunal Ambiental.

La diputada Musante explicó que esta iniciativa presentada la semana pasada "modifica la ley de bases generales de medio ambiente para disuadir el mal comportamiento de muchas empresas otorgando facultades de carácter preventivo al SEA a la hora de revisar los proyectos que se ingresan", ya sea por Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

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Asimismo, en el caso que exista más de una resolución a evaluar, se preferiría como criterio preventivo y precautorio aquella que involucre un proceso de evaluación más estricto y asegure certeza de los impactos ambientales, ordenando a que el titular ingrese por EIA.

El diputado Jaime Sáez complementó que este proyecto "busca prevenir el daño ambiental y resguardar que empresas inescrupulosas, que muchas veces no cumplen los fallos de la justicia, sigan actuando de manera elusiva a la institucionalidad que hoy está vigente".

Además, el proyecto de ley permitiría que el SEA evalúe el comportamiento de los representantes legales, pudiendo pronunciarse desfavorablemente en la evaluación de proyectos o actividades respecto de aquellos que han sido declarados incumplidores y sancionados por la superintendencia en forma reiterada.