Este martes, la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, emitió un informe negativo respecto al libelo acusatorio.

El resultado se dio debido a que la mayoría de los miembros de la instancia decidieron abstenerse en la votación del documento, dando como resultado tres abstenciones y un voto en contra.

Uno de los diputados que se abstuvo fue Jorge Brito (RD), quien señaló que "es importante derivar determinados antecedentes a otras instituciones, ya que escapan de la competencia de la comisión". Por su parte, el diputado Cristián Labbe (UDI) votó en contra y subrayó que "la medida carece de fondo" y que "faltaron pruebas".

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Por su parte, la diputada Catalina Pérez (RD) también se abstuvo y manifestó que no se han presentado elementos necesarios para formarse la convicción de que existe una responsabilidad política o jurídica. No obstante, estimó que la conducta del exministro es totalmente reprochable.

Finalmente, el presidente de la comisión revisora, Jaime Araya (ind.), consideró que se trata de un juicio de naturaleza política y dista de un juicio jurídico. Lo que uno podría decir, indicó, es "buscar una suerte de justicia constitucional por responsabilidad, que no es lo mismo que ajusticiar al exministro".

Araya sostuvo que, debido a la falta de testimonios de alcaldes y gobernadores, quienes en su mayoría no se presentaron a sus citaciones a la instancia, existen dificultades para comprobar los hechos de la acusación. Sin embargo, agregó, surge la inquietud de por qué no se invocaron otras causales respecto de la inejecución de las leyes.

La acusación

El principal argumento de los promotores de la acusación constitucional es que el exministro tendría responsabilidad en la crisis migratoria que se vivió en el Norte Grande del país a principio de este año debido a que se ausentó del país por un viaje a España, instancia en la que habría llevado a cabo actividades ligadas a que asumiría la Secretaría General Iberoamericana (Segib).

El libelo fue presentada por las y los diputados del Partido de la Gente Yovana Ahumada, Rubén Darío Oyarzo, Roberto Arroyo, Víctor Alejandro Pino, Karen Media y Gaspar Rivas. También la subscribieron la diputada Pamela Jiles (PH) y los independientes Francisco Pulgar, Viviana Delgado, Clara Sagardia y Enrique Lee.

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El abogado de Allamand, Daniel Donoso, afirmó que la acusación se equivoca al sostener que el exministro incurrió en una conducta de la gravedad como la planteada por un libelo acusatorio. "Que, además, implica un estándar de pruebas y hechos que justifiquen una cuestión tan grave como comprometer el honor y seguridad de la nación", remarcó.

En tal plano, sostuvo que "si los acusadores no rinden pruebas y no acreditan los hechos en los cuales basan su acusación, el libelo debe ser desechado (...) Corresponde a ellos acreditar y probar la acusación".

Ahora, la pertinencia de la acusación constitucional será votada por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. El informe de la comisión no es vinculante.