El caso de la quiebra de la Universidad del Pacífico sigue sumando capítulos judiciales. La última acción legal consistió en dos querellas, presentadas por los alumnos y uno de los acreedores, que acusan que se realizaron operaciones que tendrían como objetivo ocultar una suma superior a $4.550.457.338 del patrimonio de la casa de estudios. Así, de acuerdo con estos textos, se habrían escondido dineros que hoy reclaman los querellantes para víctimas y acreedores del proceso.

La querella por ocultamiento de bienes fue presentada por Claudio Wortsman, a nombre de “Inversiones y Asesorías Lucerna SpA”, uno de los acreedores de la universidad. La acción penal apunta, específicamente, a exdirectivos de Universidad del Pacífico (Julio Ortúzar, Pablo Ortúzar, Ítalo Giraudo, Gloria Vargas y Libardo Buitrago), a los representantes de Standard SpA (Alfonso Boñar, Juan Olcay y Luis Olcay), y a los abogados Samuel Donoso Boassi -abogado que ha representado al exPresidente Sebastián Piñera en varios casos judiciales-, Jaime Bonilla Rozas y Francisco Foncea Gutiérrez.

De acuerdo con esta querella, los tres abogados imputados "indujeron o prestaron auxilio y cooperación profesional y jurídica en las maniobras destinadas a ocultar bienes por una suma superior a $4.550.457.338, poniéndolos fuera del alcance de los acreedores de la Universidad del Pacífico".

En detalle, expuso que "la operación consistió en un ocultamiento de bienes que importó la planificación, concertación y ejecución de una compleja secuencia de actos jurídicos consistentes en simulaciones de actos y contratos, alteraciones de precios, estipulaciones de cláusulas falsas, generaciones y sucesivas extinciones de un crédito inexistente o previamente extinguido para permitir el traspaso del inmueble ubicado en Avenida Las Condes número 11.121 de la Comuna de Las Condes que constituía el principal activo de la Universidad del Pacífico, conjuntamente con el cobro y la distracción del patrimonio de la Universidad del Pacífico de un botín superior a $4.550.457.338".

El abogado Wortsman explicó que “recientemente se encontraron documentos que indicarían que en los días previos a la venta de la sede de Las Condes por $8.800 millones ocurrida el 21 de junio de 2017, se habrían suscrito varias escrituras y contratos para permitir el desvío de una parte del precio, por más de $3.300 millones, en favor de una sociedad de la familia Ortúzar Muñoz, excontroladores de la Universidad del Pacífico, a través de simulaciones de contratos, extinciones, resurrecciones y cancelaciones sucesivas de un mismo crédito, y de la alteración de los estados financieros presentados al Ministerio de Educación, agregando un pasivo inexistente por más de cuatro mil millones de pesos".

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En paralelo a esta acción, la abogada Daniela Awad, que representa a cerca de 400 alumnos de la casa de estudios, presentó una querella por el delito de prevaricación de abogado. La acción legal apunta a los abogados Samuel Donoso y Ramiro Araya. Esto porque, habiendo asumido la defensa judicial de la parte demandada Standard SpA en dos juicios sumarios de revocación concursal de contratos, tomaron posteriormente la defensa judicial de una acreedora denominada Inmobiliaria Arka SpA.

Esto, significaría la existencia de intereses contrapuestos entre esta última parte (acreedora) que por definición persigue el pago de su crédito dentro del proceso concursal, y la otra parte, que es la demandada Standard SpA, que buscan evitar pagar o devolverle suma alguna a todos los acreedores del proceso  para que reciban los pagos de sus créditos.

Daniela Awad explicó que "con esta acción se busca obtener justicia y el pago de los daños ocasionados a los estudiantes, los querellantes de la causa, quienes hasta el día de hoy no han tenido ni solución ni respuesta del grave daño ocasionado a ellos, sus familias y a su futuro profesional".

Awad agregó que "lo que se espera lograr con estas dos nuevas acciones penales es la decidida y completa investigación de los hechos por parte de la Fiscalía de Las Condes, para que se persigan y establezcan las correspondientes responsabilidades penales".