Este martes, el gobierno ingresó a la Contraloría General de la República (CGR), el decreto del Estado de Excepción “acotado” en la Macrozona Sur, para que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) ayuden en el resguardo de las rutas y carreteras de las provincias de Arauco y Biobío en la Región del Biobío, y en toda la Región de La Araucanía.

Cabe recordar que, este lunes, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, manifestó que "es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas. Hemos sido testigos de cobardes ataques, como el que sufrió Ciro Palma".

"También hemos visto cortes extendidos de carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país", añadió.

Es por eso que, el resguardo de rutas ante los cortes, es uno de los puntos principales del documento que fue ingresado a la CGR.

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"En el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos violentos en las rutas, especialmente, en la Región de la Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío de la Región del Biobío. En reiteradas oportunidades se ha puesto en peligro la integridad física e incluso la vida de las y los trabajadores y las personas que hacen uso diario de vías que conectan diferentes zonas de nuestro territorio", indica el documento.

"Lo anterior, afecta especialmente a quienes ejercen funciones de vital importancia para el habitual desarrollo de servicios y actividades económicas y, en particular, de la cadena de producción y distribución de alimentos, bienes, suministros e insumos de salud", prosigue.

Asimismo, indica que los Jefes de Defensa Nacional, contralmirante Jorge Parga en Arauco y Biobío y general de brigada Edward Slater en La Araucanía, asumirán el mando de las FF.AA. en la Macrozona sur, con el deber de "velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado, debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo su jurisdicción, en especial las de los delegados presidenciales regionales respectivos".

"Las medidas adoptadas, en función de este decreto, deberán focalizarse en el aseguramiento del libre tránsito y seguridad de las rutas, buscando minimizar el impacto en el normal desenvolvimiento de la vida de la población en las zonas afectadas", continúa el escrito que establece el Estado de Excepción.

Dentro de las funciones de los militares mencionados, están "controlar la entrada y salida de las zonas declarada en Estado de Emergencia y el tránsito en ella y dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros".

"(Tendrán la facultad de) impartir todas las instrucciones para el mantenimiento del orden interno dentro de las zonas, siempre en el marco del respeto a los Derechos Humanos y en conformidad con las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), especialmente de los principios de uso de la fuerza de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad", especifica el documento.

Finalmente, se detalla que "es deber de los Jefes de Defensa Nacional asegurar el conocimiento y respeto de los DD.HH. y los principios de uso de la fuerza por parte de los funcionarios".