Este viernes, la Contraloría General de la República (CGR) informó que se encuentra realizando una acción de fiscalización por denuncias de que funcionarios de la Municipalidad de Providencia se habrían infiltrado en manifestaciones del estallido social.

"Informamos que respecto al caso de funcionarios municipales eventualmente infiltrados en las marchas del estallido, Contraloría recibió denuncia en marzo de este año, y se encuentra realizando una acción de fiscalización", indicó la Contraloría a través de redes sociales.

Además, el ente fiscalizador agregó que este jueves solicitó información complementaria a la Municipalidad de Providencia para tener más antecedentes respecto a la situación.

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La declaración de la CGR fue hecha luego de que un reportaje de Chilevisión expusiera nuevos testimonios y denuncias relacionadas al caso.

"En el año 2019 a nosotros se nos obliga a conformar un equipo de cinco personas, las cuales tenían como finalidad infiltrarse y recabar información en las marchas, acontecidas en el estallido social”, relató el exfuncionario municipal Fredy Cerda, quien apuntó a la exfuncionaria de Carabineros Mirna Campos como la responsables de instruir la tarea.

Ante las denuncias, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, respondió tras ser consultada por la prensa que "ellos tienen el derecho a hacer cualquier tipo de denuncia. Nosotros somos muy claros: nuestra labor es resguardar todos los bienes públicos".

Antecedentes del caso

Este caso fue revelado por El Desconcierto en febrero de 2020 a través de una investigación en tres partes.

El método para operar del grupo, que se coordinaba a través de WhatsApp, era enviar a funcionarios municipales para sacar fotos a miembros de la denominada "primera línea" de las masivas protestas iniciadas en octubre de 2019.

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"Es gravísimo que la municipalidad exponga así a sus trabajadores y use recursos municipales para espiar a la gente", sostuvo en ese momento la inspectora municipal Evelyn Quezada, quien denunció los hechos a este medio.

Los trabajadores cuestionaron duramente a sus superiores por exponerlos a hacer un trabajo de alto riesgo sin considerar medidas de seguridad pertinentes o de prevención, en un momento de alta agitación social y violencia.