Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de acuerdo para que Chile suscriba el Acuerdo de Escazú, tratado internacional sobre asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

La firma del tratado visado por la Cámara Baja, denominada oficialmente "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe", recibió 105 votos, 34 en contra y 3 abstenciones. Los votos en contra fueron de representantes de Vamos por Chile y el Partido Republicano.

En la sesión de esta jornada estuvieron presentes la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola; la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas; el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, y la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

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"El Presidente Gabriel Boric nos encomendó culminar este proceso iniciado y encabezado por Chile hace casi ya 10 años y hoy, felizmente, estamos dando un paso decisivo en esta línea", declaró la ministra Urrejola tras la votación.

La Canciller agregó que "la adhesión al Acuerdo de Escazú representa el retorno a lo mejor de nuestra tradición diplomática (...), nuestra política exterior tiene como prioridad contribuir significativamente en la protección del medioambiente y al combate del cambio climático dando un enfoque en los derechos humanos".

Ahora, el proyecto, que ya había sido visada por las comisiones de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente de la Cámara, ahora pasará al Senado para seguir su trámite legislativo.

Acuerdo de Escazú

En sus orígenes, el Acuerdo de Escazú fue impulsado por los gobiernos de Chile y Costa Rica. Sin embargo, el 22 de septiembre de 2020, poco antes del límite para sumarse al acuerdo, la administración de Sebastián Piñera decidió restarse.

Originalmente, en septiembre de 2018, fueron 24 los países de la región que suscribieron el acuerdo. Posteriormente, solo 12 de ellos lo ratificaron: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

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El acuerdo busca promover el acceso a la información ambiental, la participación de las comunidades en la toma de decisiones ante proyectos de alto impacto y garantizar el debido proceso en la justicia ambiental.

Uno de los principales elementos que los promotores del tratado destacan es la garantía de protección para las personas que defienden el medioambiente.

El gobierno de Gabriel Boric ha defendido la firma de este documento por parte de Chile desde su campaña para llegar a La Moneda. Una de los primeros proyectos presentados por su administración fue el que busca sumarse al acuerdo y hoy fue aprobado por la Cámara Baja.