Este miércoles, integrantes de un grupo de familiares de presos del estallido social de la Región del Biobío, protestaron, encadenándose en las puertas de la rectoría de la Universidad de Concepción (UDC).

La movilización, exige al gobierno de Gabriel Boric el retiro de algunas querellas por Ley de Seguridad del Estado y el desistimiento de apelación en el caso de Carlos Peyrin.

Mediante un comunicado de prensa, diversas organizaciones manifiestan que las acciones que ha llevado Boric en esta materia “son insuficientes y que el gobierno, debe avanzar de forma clara y contundente, al término de la persecución política a través de la persecución penal”.

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“Desde  octubre  de  2019,  como  organizaciones  e individualidades relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos, sostuvimos y sostenemos que el hecho de ser el Gobierno de Chile querellante e interviniente en causas relacionadas con la revuelta, conformaba y hacía evidente el carácter político de estos juicios”, añaden en el texto.

Es por ello que este grupo solicitó el retiro de todas las querellas por Ley de Seguridad interior del Estado y querellas simples, relacionadas con los hechos acaecidos durante el estallido social.

“En lo particular, solicitamos al gobierno, por su intermedio, el retiro de la querella en la causa denominada Universidad de Concepción, que tiene fecha fijada de audiencia para el día 09 de mayo de 2022”, cierra el comunicado.

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