En este 8M es importante partir por denunciar el racismo estructural existente en Chile, así como las múltiples estructuras de dominación impuestas desde la cultura oficial y el poder hegemónico que han ido asentando, construyendo y a la vez legitimando las relaciones de poder, la opresión y la discriminación que enfrentamos las diversas mujeres que habitamos Chile.

La confluencia del machismo, el racismo, el clasismo, el colonialismo y la heteronorma han llevado a la segregación, estigmatización y exclusión de diversos grupos, entre ellos las niñas, adolescentes y mujeres indígenas, negras, afrodescendientes, migrantes y campesinas. Cuerpos racializados cuyo bagaje epistémico y cultural, así como sus experiencias, historias y senti-pensares han sido aplacados, negados e invisibilizados por el Estado y la sociedad.

Sin embargo, de estas múltiples violencias que enfrentan nuestros cuerpos surge también nuestra lucha y resistencia. Nuestra denuncia a toda construcción colonial, clasista, patriarcal, racista y heteronormada, que jerarquiza a los diferentes grupos humanos y los ubica en posiciones inferiores para justificar su dominación y violencia.

La interseccionalidad y el combate a las múltiples violencias

El concepto de la interseccionalidad se vincula con las múltiples discriminaciones y opresiones que pueden confluir en una misma persona o colectivo e incidir en su acceso a derechos y oportunidades.

Cada persona sufre opresiones o discriminaciones y goza de ciertos privilegios en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. Por ejemplo, el ser mujer y a la vez migrante o el ser mujer, indígena y de territorios rurales. La experiencia de estas mujeres no es idéntica sólo por el hecho de ser mujeres. Ni tampoco, por ejemplo, son idénticas las realidades que afronta una abogada afrodescendiente migrante regular en Nueva York que una mujer migrante afrodescendiente que cruza la frontera chilena por paso no habilitado.

Esto es lo que aborda la interseccionalidad y es por ello que es importante, porque pone de manifiesto cómo las diferentes categorías sociales ya traen su propia carga de opresión o privilegios, que al entrecruzarse se pueden profundizar aún más o ser muy dispares.

Si no consideramos estas diferentes categorías sociales que se entrecruzan, podemos invisibilizar todo aquello que queda justo en la intersección. Si no entendemos que una mujer puede encontrarse inmersa en una diversidad de identidades oprimidas o vulneradas, no podremos entender ni abordar las múltiples opresiones y discriminaciones que está afrontando.

La interseccionalidad permite confrontar los puntos de vista homogéneos y acoger a los múltiples grupos de mujeres con diversas experiencias, así como abordar a los grupos más subordinados. Es una oportunidad para mirarnos al espejo y entender que los privilegios de unas no pueden ser los derechos negados de otras. Es darle la bienvenida a la multiplicidad de feminismos y movimientos de mujeres que inundan las calles cada 8 de marzo y que, en cada grito, en cada lienzo, se devela su realidad muy distinta una de otra, pero con una convicción: vivas y libres nos queremos.

Mujeres en lucha y resistencia para los cambios necesarios

Si bien las mujeres podemos sufrir distintos niveles de discriminación y vulneración de nuestros derechos, no somos sujetas pasivas o meras receptoras de las estructuras sociales que nos imponen, sino que tenemos la capacidad de una acción reflexiva y transformadora frente a ello, lo que nos permite responder, resistir y avanzar hacia un cambio social e incidir en estas estructuras de poder dominantes.

Los procesos de lucha y resistencia que venimos dando las mujeres en diversos territorios frente a las estructuras de dominación, y a la violencia imperante, empiezan a visibilizarse cada vez más y expresan claramente un profundo contenido político, descolonizador y rupturista.

Estamos cambiando el discurso, creando nuevos procesos políticos, sociales y culturales, y cambiando el país. Un ejemplo de ello, pero no el único, es el actual proceso constituyente paritario y con escaños reservados, que no se ha logrado como un favor político, sino que surge de procesos de lucha y movilización, del empoderamiento de identidades indígenas y de las mujeres sobre sus derechos.

No obstante, no es posible que a la par del reconocimiento de un grupo de mujeres otro sea excluido. Hablamos de las mujeres negras y afrodescendientes que, pese a tener reconocimiento legal como pueblo y gozar de los derechos establecidos en el Convenio 169 de la OIT, aún se cuestiona en la Convención Constitucional su preexistencia al Estado-nación.

Nos encontramos ante un contexto de cambio o, al menos, donde la convicción de que las viejas estructuras decimonónicas deben desaparecer o transformarse para dar paso a un Chile feminista, intercultural, plurinacional, antirracista, más equitativo, que respete los derechos humanos y la dignidad de todas las personas que habitan este territorio.

Para ello debe haber un compromiso real con las transformaciones que deben darse desde la cotidianeidad hasta las macro estructuras en pos de la superación de las múltiples violencias que enfrentamos como mujeres, sin dejar a nadie atrás.

Necesitamos que la sociedad en su conjunto (el Estado, las escuelas, las juntas de vecinos, todas las instituciones, las organizaciones, territorios y espacios públicos y privados) estén alineados y comprendan que ya no puede haber un país sin nosotras. Que ya no pueda haber más femicidios, que ya basta de abuso, de injusticias, de impunidad.

En ese sentido, la educación cumple un rol fundamental para romper con los estereotipos, las discriminaciones y vulneraciones de nuestros derechos. Una educación no sexista y antirracista desde la sala cuna hasta la universidad y la capacitación constante de autoridades, jueces y funcionarios públicos sobre racismo, derechos humanos, derechos de las mujeres y grupos más vulnerabilizados, desde un enfoque de género, interseccional e intercultural, se torna imprescindible.

Es clave que el Estado y las instituciones públicas asuman el desafío de disminuir, sino erradicar, las brechas y desigualdades de género, así como también promuevan y establezcan políticas públicas que consideren a grupos de especial protección como mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, refugiadas, lesbianas, niñas, adolescentes y adultas mayores, trabajadoras, privadas de libertad y en situación de discapacidad, con su participación o consulta y respetando sus derechos y autonomía.

En tiempos de cambios a los que asistimos, en que un nuevo gobierno y una nueva Constitución presentan una oportunidad para enmendar el camino en materia de género, es imprescindible que se pueda avanzar en garantizar el pleno goce de derechos a toda la diversidad de mujeres que habitan los territorios, con especial énfasis en avanzar en uno de los derechos de las mujeres más postergados históricamente: los derechos sexuales y reproductivos.

En este sentido, una de las medidas más urgentes es la lucha por la despenalización del aborto, de manera de asegurar el derecho de las mujeres a autodeterminar tanto su cuerpo como su vida. El Estado no puede confinar obligatoriamente a las mujeres al espacio de la maternidad ni puede otorgar al feto una naturaleza jurídica que está por sobre los derechos de la mujer, bajo argumentos religiosos. A través de la criminalización del aborto se ejerce violencia y obliga a recurrir a condiciones poco seguras para abortar, en especial a las mujeres de los sectores más vulnerabilizados. La criminalización del aborto atenta contra el derecho al acceso a la salud y la vida de las mujeres.

A su vez, comprendemos que los medios de comunicación cumplen un rol muy importante para sensibilizar sobre ciertos grupos o estigmatizarlos según sea su línea editorial, por lo cual hacemos un llamado a que no reproduzcan estereotipos raciales, de género o de clase que refuerzan los prejuicios y discriminación hacia estos grupos y así evitemos la criminalización de sus devenires y luchas.

Esperamos que el próximo gobierno, que se ha denominado feminista, no olvide que la realidad de las niñas y mujeres en Chile es diversa y que las injusticias de género y raciales están muy arraigadas en la sociedad, siendo incluso en algunos casos el Estado el culpable de ellas, tal como sucedió con Joane Florvil o Lorenza Cayuhan. Por lo mismo, instamos a poner el enfoque interseccional en acción de manera urgente, que se implementen políticas públicas que nos incluyan y se garanticen derechos y oportunidades iguales para todas y todes.