Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el acuerdo para recurrir al Tribunal Constitucional (TC), con el objeto de que se declare inconstitucional el decreto de licitación del litio presentado por el gobierno de Sebastián Piñera.

Según el documento, presentado por Esteban Velásquez, Jaime Mulet y Alejandra Sepúlveda del FRVS; Luis Rocafull, Raúl Saldívar y Gastón Saavedra del PS; Tucapel Jiménez, Carolina Marzán, y Raúl Soto del PPD; Daniel Núñez (PC), René Alinco (Independiente), Félix González (Ecologista Verde) y Daniel Verdessi (DC), son tres los principios que se verían afectados.

El primero de ellos es la vulneración al artículo 19 número 24 de la Constitución, que señala que la propiedad afectada con el llamado a licitación para la explotación de 400 mil toneladas de litio afecta directamente el patrimonio de todos los chilenos, debido a que las grandes reservas mundiales del litio se encuentran en nuestro país.

En segundo lugar, se argumenta la ausencia de fiscalización y supervisión de la utilidad operacional. Y en tercer lugar, que el proceso de licitación del litio consiste en “una verdadera amenaza para los intereses de la nación”. Considerando todo lo anterior, se solicita “disponer de inmediato la suspensión del proceso de licitación”.

“La Cámara se puso las pilas”

“Un grupo de diputados de diversas bancadas hemos solicitado a la Cámara que como cuerpo, como instancia de poder político de nuestro país, haga una presentación sobre las irregularidades que se han cometido durante el proceso de licitación del litio”, explicó el diputado René Alinco.

El parlamentario agregó que “la obligación nuestra como diputados y diputadas es defender los intereses de la patria, las riquezas naturales de Chile, por eso de ahora en adelante producto de esta votación con amplia mayoría, será la Corporación la que recurrirá al Tribunal Constitucional. Estamos muy satisfechos con esta votación, porque podemos decir que la Cámara se puso las pilas, y va a defender los intereses de todos los chilenos y chilenas hasta las últimas consecuencias”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Minería, Esteban Velásquez, destacó que el apoyo obtenido en la Cámara Baja al requerimiento, “tiene mucha importancia porque aquí está la variedad de pensamiento del territorio”, y explicó que “fundamentalmente nuestra presentación apela a que hoy día hay un contexto social, político y económico que exige dar la pelea por nuestros recursos naturales, sobre todo cuando a la vuelta de la esquina está la nueva Constitución”.

“Hoy día los territorios están demandantes en términos de empoderamiento y ya tenemos argumentos suficientes en las cortes respectivas que han manifestado que lo que ayer no resultaba un argumento necesario, pertinente, hoy día tiene valor. Me refiero a impactos medioambientales, al reconocimiento de las comunidades que, además, viven respecto a la cosmovisión que tienen y que se va a ver impactada producto de esta explotación de los salares. Este conjunto de temas ha ido adquiriendo fuerza, hemos dicho, en las cortes, en los tribunales y confiamos hoy día que el TC también lo pueda confirmar”, agregó Velásquez.

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Asimismo, la jefa de bancada FRVS, Alejandra Sepúlveda, señaló que “es una buena señal la que hoy día está dando el Parlamento, para precisamente colocar en un tribunal que muchas veces ha sido más bien crítico de la labor legislativa, la posibilidad de entregar todos los antecedentes de manera institucional”.

“Para nosotros esto es fundamental, ya que una arista es lo que está pasando en tribunales, en el Poder Judicial; una segunda arista es lo que está pasando aquí con los proyectos de ley, pero la tercera es lo que pueda ocurrir ahora además en el Tribunal Constitucional, a partir de esta presentación institucional, no de diputados que firman este requerimiento, sino que es la propia Cámara de Diputados a través de esta votación que hemos ejercido el día de hoy”.

Finalmente, la diputada del PPD, Carolina Marzán, sostuvo que “lo que quiere hacer el gobierno del Presidente Piñera es absolutamente atentatorio al obviar la realización de una consulta indígena, ya que se están interviniendo áreas de comunidades indígenas. Además, se está pasando a llevar el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación”.

“Claramente se quiere estrujar el país sin medir en profundidad los efectos que pueda tener la licitación de este mineral. Tenemos que decir basta. Valoro lo que ha ocurrido hoy, porque la mayoría de los diputados y diputadas nos hemos unido para poder acudir al TC y rechazar el accionar del gobierno en esta materia”, expresó.