A un año de la publicación de la Ley N° 21.760, la normativa que busca acortar los tiempos de adopción sigue sin poder aplicarse. En Chile, cerca de 500 niños están hoy en condición de adoptabilidad, mientras el reglamento clave para ejecutar la ley acumula dos retiros en la Contraloría.
Hace poco días se cumplió un año de la publicación de la nueva ley de adopción en Chile (Ley N° 21.760) —publicada en el Diario Oficial el 16 de agosto de 2025—, normativa que, entre otras medidas, cambia el orden de prelación de las familias postulantes y apunta a acortar los tiempos de espera de los menores, factor clave para optar a un hogar.
Sin embargo, todavía no entra en vigencia: su propio texto transitorio condiciona ese paso a que se publiquen los siete reglamentos que exige su implementación, más un plazo adicional de tres meses y un mes desde el término del período de acreditación. Mientras esa condición no se cumpla, el sistema de adopción sigue operando con las reglas de la ley anterior (Ley N° 19.620).
Ante ese escenario, de los cerca de 12 mil niños que se encuentran bajo cuidados alternativos en Chile y que requieren un hogar definitivo, alrededor de 500 niños están en condición de adoptabilidad, según explicó a El Desconcierto la directora ejecutiva de la Fundación Chilena de la Adopción y Familia (Fadop), Alejandra Ramírez.
De los siete reglamentos que exige la ley, según explica Ramírez los reglamentos N° 2, N° 4 y N° 5— ya fueron ingresados a la Contraloría General de la República (CGR) para su revisión. Los otros cuatro, requieren coordinación con otros ministerios, entre ellos el de Justicia, no tienen un estado conocido para la Fundación.
De esa lista, el N° 2 regula una materia clave: cómo las personas postulan y son evaluadas para adoptar, cómo el Estado busca y selecciona una familia para cada niño declarado adoptable (incluyendo el caso de familias de acogida), y cómo funciona la adopción internacional, con sus organismos intermediarios y el acompañamiento posterior a la adopción.
Sin embargo, al revisar en el sitio web de la Contraloría se ve que el Decreto Supremo N° 2 de 2026 de la Subsecretaría de la Niñez fue retirado dos veces por el gobierno de José Antonio Kast: primero el 23 de marzo, para luego ser reingresado recién el 1 de junio; concretando el segundo retiro el pasado 23 de junio y siendo este el último movimiento.
En relación a los otros reglamentos, "son temas más específicos, no sabemos muy bien en qué estado se encontrará, porque implica también la colaboración de otros ministerios", señaló Ramírez.
Sobre la demora, la directora de Fadop la entiende como parte de un proceso institucional normal: "un gobierno nuevo tiene que revisar lo que quedó escrito del gobierno anterior. Eso tiene lógica", dijo, aunque reconoce que no hay mucho margen para insistir: "con la Contraloría es muy difícil que tú puedas hacer incidencia".
Con todo, plantea que, si una revisión exhaustiva permite corregir errores antes de la implementación, es preferible una demora adicional a que la ley "salga coja".
En Chile, y según información del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia —mejor conocido como Mejor Niñez (ex Sename), al 31 de julio del presente año 117.674 niños, niñas y adolescentes (NNA) son atendidos en programas de protección.
Asimismo, hay 12.063 menores en Programas de Familia de Acogida y 5.103 en Programas de Cuidado Alternativo Residencial. Según Alejandra Ramírez, alrededor de 500 NNA son declarados en condición de adoptabilidad, es decir, están listos para ser entregados a una familia.
Ramírez señala que el perfil de esos niños se ha modificado en los últimos años: mientras los menores de cuatro años siempre cuentan con familias postulantes, el mayor desafío está en los niños mayores de ocho o nueve años y en quienes tienen necesidades especiales de desarrollo.
Según explicó, niños con historias de adversidad temprana que requieren apoyos terapéuticos sostenidos —fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología— y familias dispuestas a asumir ese proceso de reparación a largo plazo.
A su vez, los NNA lidian con una nueva tendencia: "Hoy día tenemos menos papás y más niños, y con ello también los niños están hoy día esperando papás, al revés de lo que teníamos antes". Si bien precisó que en Fadop no han registrado un menor número de matrimonios postulantes, sí hay menor número de padres idóneos.
Estos cambios los atribuye a un fenómeno estructural a nivel país: la baja de la natalidad, la mayor autonomía para tener hijos sin pareja y el acceso ampliado a tratamientos de fertilidad.
Uno de los nudos más críticos de la ley vigente, según Ramírez, es que el juicio de susceptibilidad de adopción —el trámite judicial previo a declarar a un niño adoptable— no tiene plazos definidos, y añade en promedio un año entero de incertidumbre a su proceso.
La nueva ley fija un máximo de 12 a 18 meses para que un tribunal resuelva la situación de cada niño. Pero mientras los reglamentos no se completen, esa protección sigue sin poder aplicarse, y los tiempos de espera continúan regidos por la normativa anterior, sin un techo definido.
Además de fijar plazos, la Ley 21.760 elimina el orden de prelación vigente, que hoy prioriza a los matrimonios por sobre personas solteras, viudas o divorciadas, y reconoce el derecho de los niños a mantener contacto post-adoptivo con personas significativas de su historia previa —una cuidadora, un hermano adoptado por otra familia—.
Según Ramírez, la expectativa de estos cambios ya tiene un efecto práctico: parte de las personas solteras que postulan hoy prefieren esperar a que la nueva normativa entre en régimen antes de continuar su proceso, aunque la Fundación no ha registrado una caída general en el número de postulaciones.
La propia directora de Fadop advierte que ni siquiera con la ley el problema queda resuelto del todo. Los nuevos plazos de 12 a 18 meses para trabajar con la familia de origen exigirán, dice, profesionales especializados para evitar procesos apresurados con padres que muchas veces arrastran sus propias historias de maltrato sin resolver. Y advierte un riesgo adicional: que la posibilidad de que familias de acogida adopten termine erosionando el sistema de acogida temporal, indispensable para los niños que aún pueden volver con su familia de origen.
