Una nueva conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, instituido por la ONU, nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la violencia sexual ejercida por agentes del Estado en dictadura, el rol de los archivos de derechos humanos en la construcción de memoria y la recuperación de sitios donde ocurrió el horror, para poder rescatar las historias de las sobrevivientes y contribuir al “Nunca más”.

La reciente condena a ex agentes de la DINA por delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos con violencia sexual en el centro de tortura conocido como “Venda Sexy” en calle Irán 3037 en Macul, Santiago, entre 1974 y 1975, confirma la dimensión sexual como una forma específica de violencia contra la mujer y permite una relectura de los archivos de derechos humanos en clave feminista.

La persecución, hostigamiento y exterminio de grupos disidentes ejercida durante la dictadura cívico-militar incluyó, en el caso de las prisioneras políticas, la violencia sexual como una forma particular de tortura, reconocida en su especificidad por estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer Belem de Pará -ratificada por Chile en 1996- afirma que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. El artículo 2 señala que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, psicológica y sexual, que comprende violación, abuso sexual y tortura, que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes.

Hasta hace no mucho tiempo, la violencia sexual no era considerada por los tribunales como una forma de tortura específica hacia las mujeres por parte de agentes del Estado. La incorporación de la perspectiva de género en los fallos de justicia transicional reconoce una lucha que por décadas han liderado compatriotas sobrevivientes, evidencia estas prácticas atentatorias contra la dignidad de las mujeres y permite hacer justicia según esta especificidad.

Los testimonios de las propias mujeres, inscritos en documentos reunidos tempranamente por organismos de derechos humanos en plena dictadura, así como los materiales jurídicos, médicos y sociales que atestiguan la represión y el horror practicados sistemáticamente en Chile, han resguardado la dimensión de género de la tortura ejercida por los agentes estatales como una forma de castigo a las mujeres militantes o participantes activas en política, permitiendo una reinterpretación de los archivos de derechos humanos en clave de género. Hacer dialogar el trabajo de recuperación de los sitios de memoria con testimonios de las víctimas de la dictadura o sus familiares, permite resignificar la mirada del pasado, recoger las trayectorias de militancia y los proyectos de sociedad de las mujeres del periodo, e identificar la presencia de esas ideas en las luchas actuales por la defensa de los derechos humanos.

Desde el proyecto “Tecnologías políticas de la memoria” creemos en la necesidad de recuperar los sitios de memoria -como en el caso de la casa donde funcionó el centro de tortura “Venda Sexy”, que actualmente es una residencia particular-, justamente para poder incorporar en nuestros debates y aprendizajes sociales la cuestión de los modos específicos que adquiere la violencia política y de género, y sus imbricaciones con el patriarcado. Si no podemos recobrar y re-funcionalizar ex centros de detención y tortura como sitios de memoria, no podemos contribuir a garantizar la no repetición de las violencias que ahí sucedieron.