Las declaraciones que el juez Daniel Urrutia entregó ante la comisión de DD.HH. de la Convención Constitucional han provocado el descontento de representantes del Poder Judicial, en particular de la Corte de Apelaciones de Santiago, directamente interpelada por el magistrado.

Urrutia había señalado la semana pasada, entre otras afirmaciones, que “el Poder Judicial debe controlar al Ministerio Público para evitar investigaciones arbitrarias”, agregando que “detrás de cada violación a los derechos humanos hay un juez que por acción u omisión permitió dicha violación”.

Así también, aseguró que la Corte de Apelaciones “ha rechazado todos y cada uno de los recursos que intentaron poner freno a la represión de Carabineros de Chile y el gobierno”.

“Si la Corte hubiera ordenado frenar el uso de balines en el primer recurso de protección que rechazó, no hubieran existido cientos de mutilaciones oculares que hemos tenido que sufrir, sobre todo las víctimas y sus familias”, había añadido.

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De acuerdo con Interferencia, miembros de dicho tribunal pretenderían este lunes realizar un “pleno” para sancionar o amonestar a Urrutia, sumándose así a la molestia de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), quienes le pidieron su renuncia como director regional.

Una de las mencionadas fuentes detalló al medio que “hay mucha presión para lograr sanciones”, y que “no pueden dejar pasar el hecho de que los apuntara con el dedo como una suerte de cómplices de las violaciones a los derechos humanos”.

Los jueces Antonio Ulloa y Juan Cristóbal Mera serían quienes lideran el emplazamiento al juez Urrutia, con los respaldos de Arturo Prado Puga, Ángela Vivanco y Juan Eduardo Fuentes de la Corte Suprema, quienes serían parte de sus magistrados “más conservadores”.

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