La Contraloría General de la República detectó graves irregularidades e incluso delitos en la Intendencia del Ñuble. Específicamente y de acuerdo a lo que publica Biobío, estos hechos que habían sido denunciados previamente al Ministerio Público apuntan a una investigación sobre sistema de distribución de agua potable rural entre los años 2018 y 2019, cuando el intendente era Martín Arrau, quien actualmente es candidato a constituyente.

En relación al informe 233-2020 del 18 de marzo este reporta un gasto sin respaldo que alcanza los 228 millones de pesos en camiones aljibes, por lo que la Contraloría estableció un plazo de 30 días para rectificar esta observación, además de apuntar a un claro conflicto de intereses producto de la adjudicación de contratos a la empresa propiedad de la esposa de Erwin Campos Cáceres, quien tomó parte en la licitación siendo funcionario de la Intendencia.

Y hay más. Adicionalmente, el ente fiscalizador constató la distribución de agua potable rural a través de la subcontratación de una empresa de propiedad del juez de Policía Local de Pemuco, Fernando Vallejos Palacios, además de la utilización de camiones de una empresa vinculada a esta misma persona, quien es ex administrador de la Municipalidad de Chillán y actualmente se encuentra imputado y en prisión preventiva por el caso LED.

Considerando todos los antecedentes recabados, se remitieron los resultados de la investigación a la Fiscalía Regional de Ñuble y al Consejo de Defensa del Estado en Chillán, mientras que Contraloría instruyó el inicio de un sumario interno para establecer las responsabilidades administrativas de funcionarios públicos de la Intendencia Regional.

Vallejos Palacios y su vínculo con el caso Led

Fue en octubre último cuando la Corte de Apelaciones de Chillán confirmó la prisión preventiva contra el ex administrador del municipio de Chillán, Ricardo Vallejos, imputado por el Ministerio Público como autor de cohecho, delito que habría cometido entre mayo del año 2019 y abril del 2020 en el marco del caso de la licitación de luminarias led que actualmente se encuentra investigando la justicia.

De acuerdo a la decisión de la corte y frente a la acción de los abogados del imputado, se estableció que “los cuestionamientos vertidos por la defensa del imputado dicen relación con una interpretación distinta de los antecedentes recabados durante la investigación del Ministerio Público (…) Sin embargo, estos últimos no son suficientes para desvirtuar la conclusión a la que se arriba del examen de los registros de las interceptaciones telefónicas y los elementos incautados en su oportunidad, que constituyen indicios suficientes para presumir la existencia del ilícito perseguido y de su participación en calidad de autor”.

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