Los momentos oscuros de nuestra historia son la mejor instancia para aprender lecciones e implementarlas a futuro. La pandemia nos ha hecho insertarnos en una nueva realidad, acelerando procesos tecnológicos y enseñándonos que la salud integral es un ámbito primordial para la vida humana y transversal a todas las personas del mundo. Si bien la pandemia ha afectado a todas las personas de alguna manera, esta también ha dejado ver —desde la interseccionalidad— cómo las personas de la diversidad sexual se han visto especialmente perjudicadas en estos duros meses. La precarización de la vida es real ya que en pandemia se han agravado problemas ya existentes en la comunidad LGBTIQA+, como la dificultad para conseguir trabajo o la convivencia con familiares discriminadores.

En cuanto a la atención de salud, como se han priorizado las prestaciones relacionadas al control de la pandemia, muchas personas usuarias han sido desplazadas y dejadas sin sus respectivos tratamientos. Esta situación impacta directamente en la salud física, mental y emocional de las personas, exponiendo a la comunidad al debilitamiento de sus sistemas inmunes, al desbalance hormonal de sus cuerpos o a retrocesos en sus transiciones físicas. Ante este escenario me cuestiono sobre la priorización de la cobertura de nuestro sistema de salud. Por ejemplo, ¿es prudente que el Estado, a pesar de todas las campañas de concientización sobre el daño del tabaco en la salud humana, financie el tratamiento de cáncer pulmonar de una señora que decidió voluntariamente fumar toda su vida? U otro caso: ¿debe ser el Estado quien se haga cargo de financiar los gastos médicos de alguien que, a pesar de que se le enseñó que no debe conducir en estado de ebriedad, estando ebrio produjo un accidente vehicular provocando daños humanos y materiales? La respuesta a ambas interrogantes es que sí, puesto que son ciudadanos de este país, actores activos de construcción de sociedad, y con sus impuestos y trabajo financian el sistema que debe de atender sus necesidades específicas de salud, independiente de cuál sea la condición o contexto, pero siempre haciendo énfasis en el bienestar integral de las personas.

Siguiendo la misma línea de pensamiento, ¿es lógico que el Estado se haga cargo de atender en el sistema público de salud las necesidades particulares de aquellas personas que pertenecen a la diversidad sexual a nivel nacional? Por supuesto que sí. La salud debe ser un derecho social garantizado para todas las personas, sin distinción de esencia, de forma de amar, de posición socioeconómica o ninguna otra categoría arbitraria. Todas las personas que habitamos y conformamos este país debemos tener la posibilidad real de atender nuestras necesidades específicas de salud mediante un sistema público único financiado por nuestros impuestos.

Si queremos evolucionar como sociedad no podemos olvidar las lecciones que hemos aprendido en los últimos años. El nuevo Chile será sin dejar a nadie atrás, y para que ello se cumpla realmente, es importantísimo un sistema de salud pública que atienda integralmente a todas las personas.