Antes del reportaje de El Desconcierto que reveló que entre los 20 detenidos por una nueva fiesta clandestina en Cachagua había familiares del presidente Sebastián Piñera y otras autoridades, desde el gobierno se planteó la posibilidad de conmutar los castigos por trabajos comunitarios.

Sin conocerse aún los nexos con los aprehendidos, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, planteó que “estas personas que son detenidas y condenadas, tanto asistentes como organizadores, tengan que hacer un trabajo voluntario, tengan que ir a lugares, por ejemplo, donde hay que atender enfermos, que sientan más conciencia de lo que es la enfermedad, de los estragos que genera la enfermedad”.

Sin embargo, hace siete meses el discurso en La Moneda era otro. El mismo Piñera, el pasado 18 de junio, anunció una serie de medidas que endurecían las penas a quienes eran sorprendidos violando el código sanitario en pandemia.

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“La inmensa mayoría de los chilenos cumple responsablemente con las medidas preventivas y con el respeto a las cuarentenas. Pero existe un importante grupo de personas muy irresponsables, muy egoístas que no cumplen con las medidas, que no solamente ponen en riesgo su propia salud, también ponen en riesgo la salud y la vida de todos los demás. Y ésa es una situación que simplemente no podemos tolerar”, señaló el mandatario en aquella ocasión.

Con esta modificación, se aumentó a un rango de 61 días a 3 años, o a una multa de $300 mil a $10 millones y se considera un agravante para el organizador de la fiesta o espectáculo, considerando este delito como “poner en riesgo la salud pública”.

“El fiel y riguroso cumplimiento de las medidas sanitarias es fundamental para todos”, cerró el presidente Piñera aquel día.

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