El gobierno volvió a evidenciar su molestia por las consecuencias que han generado las polémicas y comentadas fiestas ABC1 de Cachagua durante Año Nuevo, donde cientos de jóvenes, incluso dos hijos de una diputada de RN, asistieron sin ninguna medida de prevención, provocando un peligroso brote de COVID-19.

Luego de las enérgicas condenas, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, literalmente golpeó la mesa, no sólo con su mano, sino con los índices de contagios y las catastróficas consecuencias que podrían tener.

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El enojo no sólo radicó por las fiestas clandestinas, sino por la insistencia de la prensa sobre la efectividad que ha tenido mantener por tanto tiempo el toque de queda en el país.

“¿Sabe qué ejemplo le voy a dar? Voy a dar un ejemplo de lo que vimos hoy a propósito de Cachagua. Zapallar aumentó sus casos a propósito de esta fiesta clandestina, en un 307%. Si alguien se muere, ya saben a quién irle a preguntar”, indicó, lanzando con rabia a la mesa los papeles que sostenía.

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Explosión de casos

Los números a los que hacía alusión la subsecretaria Martorell son los evidenciados en el Informe Epidemiológico publicado este sábado 9 de enero.

En el documento, ya se evidenció un alza del 280% para el Litoral Norte, específicamente en Zapallar.

El balneario acomodado de esta zona costera suma 14 casos activos, dejando la tasa de incidencia alta, llegando al 175,1, superando largamente a Valparaíso (140,9) y Viña del Mar (109,6).