Este reportaje original del medio de noticias ambientales Mongabay Latam fue escrito Carol J. Clouse y traducido por María Ángeles Salazar Rustarazo y es parte de una alianza con Bienes Comunes de El Desconcierto. 

Los bosques tropicales del mundo están en grave peligro. La deforestación está empeorando y la sexta extinción masiva avanza más rápido de lo que los científicos pensaban. Estas noticias sombrías llegan más de una década después de que la comunidad internacional acordara una estrategia para reducir la destrucción de los bosques tropicales como parte de un esfuerzo global para atajar la crisis climática.

La estrategia, conocida como REDD+ (reducción de las emisiones de la deforestación y la degradación forestal) suena simple: las naciones ricas e industrializadas pagan a los países que están en desarrollo por conservar los bosques y evitar las emisiones de dióxido de carbono que se derivan de destruir los árboles. Sin embargo, hacer que REDD+ funcione ha sido complicado, en gran parte porque sus arquitectos aún no han diseñado el mercado global de carbono que iba a pagarlo.

Esto significa 13 años y muchas negociaciones tensas desde que REDD+ debutara oficialmente en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 2007; en el mundo real, todavía no funciona en la escala prevista.

“No, ¡REDD no ha conseguido sus objetivos!”, dice Frances Seymour, autoridad en bosques tropicales y miembro distinguida del Instituto Mundial de Recursos (WRI), en una reciente videollamada por Skype. “Porque el objetivo es reducir y finalmente revertir la deforestación tropical, y está claro que estamos perdiendo”.

Después de aproximadamente tres décadas de una complicada lucha contra la deforestación, Seymour aún se emociona visiblemente cuando habla de salvar los bosques. Es parte de un grupo de defensores incansables de REDD+ —científicos, conservacionistas, economistas y otros expertos— que dicen que seguirán dedicados a que se cumpla y que creen firmemente, en palabras de Seymour, que: “La razón por la que no ha cumplido sus objetivos es que no lo hemos intentando realmente”.

En este momento crítico para los bosques, esta serie en dos partes de Mongabay se adentra en el pasado, presente y futuro de esta polémica estrategia global. Observaremos el progreso que se ha hecho, como los últimos avances que podrían representar un punto de inflexión para REDD+: la primera financiación a gran escala por resultados —con incentivos económicos que se ven como clave para el éxito de REDD+— del Programa REDD de la ONU y el Banco Mundial, y un aumento del dinero del sector privado para la conservación de los bosques y los proyectos de reforestación que podría marcar el inicio de una nueva fuente significativa de dinero. También abordaremos los desafíos que sigue habiendo para que el sistema funcione al nivel que se espera, sin olvidar la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus, que podría obstaculizar el progreso justo cuando parecía que REDD+ estaba preparado para ganar terreno.

Aunque REDD+ sigue dividiendo, sus defensores ofrecen su perspectiva: claramente no hemos conseguido proteger los bosques sin incentivos económicos y no hay señales de que se vaya a materializar la suficiente financiación de los gobiernos, las ONG y los filántropos. Necesitamos una forma de recaudar dinero para abordar la deforestación en las selvas tropicales cruciales del mundo, y el único plan que tenemos para financiar la conservación forestal al nivel mundial es REDD+.

“En el sistema económico que tenemos, y que seguiremos teniendo en un futuro cercano, si no se le pone precio a algo, es gratis”, dijo en una entrevista Arild Angelsen, profesor de economía en la Universidad de Ciencias de la Vida de Noruega y asociado superior del Centro para Investigación Forestal Internacional (CIFOR) en Indonesia. Angelsen ha llevado a cabo investigaciones extensas sobre la deforestación tropical, los ingresos ambientales y REDD+. “La deforestación sucede porque es rentable para alguien. Hay mucho dinero en la tala de árboles, sobre todo para convertir la tierra en campos agrícolas. Y la idea de que REDD debe cambiar la ecuación al hacer que un árbol vivo sea más valioso que un árbol muerto costará mucho dinero si se quiere hacer realmente”.

Según una valoración, hacen falta un mínimo de 150 mil millones al año para cubrir la brecha que hay entre la financiación actual para la conservación de la naturaleza y lo que haría falta. Según otra, necesitamos 100 mil millones de inversión anual adicional en soluciones basadas en la naturaleza —como conservación forestal y reforestación, restauración de los humedales y pastos, y la agricultura regenerativa— para hacer la transición hacia un uso más sostenible de los alimentos y el territorio para 2030.

Mientras tanto, la destrucción de los bosques tropicales en todo el mundo volvió a aumentar el año pasado y se perdieron 3,8 millones de hectáreas de bosque primario, un área que casi iguala el tamaño de Suiza, según nuevos datos publicados por Global Forest Watch, una iniciativa del WRI. Eso hace que 2019 sea el tercer peor año (tras 2016 y 2017) en términos de destrucción forestal desde 2002, y gracias a la pandemia, el 2020 podría ser aún peor.

No se puede hacer suficiente énfasis en la gravedad de la situación.

Ya sabíamos que tenemos poco más de una década para frenar el calentamiento del planeta a menos de 1,5º Celsius por encima de los niveles preindustriales, el objetivo del Acuerdo de París. Ahora, una nueva investigación ha descubierto que la actividad humana, incluyendo la destrucción de los bosques y otros hábitats, está llevando a millones de especies a la extinción aún más rápido de lo que pensaban los científicos. La investigación habla de aproximadamente el mismo margen de tiempo, de 10 a 15 años, para evitar la pérdida de ecosistemas enteros y, finalmente, el colapso del planeta.

Los bosques del mundo se están quedando sin tiempo. REDD+ está lejos de ser una fórmula milagrosa, ¿pero puede hacer algo para salvarlos?

Una plantación de té en Camerún. La agricultura a gran escala, impulsada por la demanda de los países desarrollados de aceite de palma, caucho, té y otros productos, está causando la deforestación en África. Foto de Rhett A. Butler / Mongabay.

Algo que podría ser revolucionario

De forma oficial, REDD nació en las conversaciones internacionales sobre el clima en Bali en 2007, pero la idea llevaba evolucionando más de una década en la que ONG ambientales y otros grupos experimentaron con la financiación de proyectos para salvar fragmentos aislados de bosque. El programa REDD, aprobado por la ONU, había empezado a cobrar impulso en 2005, en las discusiones de ese año en Montreal, cuando la recién formada Coalición de Naciones con Bosques Tropicales, liderada por Costa Rica y Papúa Nueva Guinea, ofreció recortar sus emisiones y salvar los bosques, pero solo si los países desarrollados les premiaban por sus resultados. REDD se convirtió en REDD+ en 2008 en Poznan, Polonia, cuando los negociadores lo expandieron para que incluyera la gestión sostenible de los bosques y la reforestación.

A causa del potencial de REDD+ no solo como estrategia de mitigación del cambio climático sino como mecanismo para, por primera vez, destinar una financiación significativa a la conservación forestal, la comunidad internacional le dio la bienvenida con entusiasmo y grandes expectativas.

“Cuando se presentó, había mucho optimismo [en torno a la idea] de que sería algo revolucionario”, recuerda Angelsen.

Pero ya había indicios de problemas.

Desde el principio, la cuestión de cómo pagar REDD+ fue polémica, al igual que otros temas como los derechos de los indígenas. Los países ricos del norte no iban a dar los millones de dólares que hacían falta para conservar los bosques tropicales sin más. Sin embargo, algunos también se mostraron preocupados por la idea de hacer que REDD+ fuera parte de un sistema de mercado, en el que las naciones industrializadas y las empresas consiguen algo (créditos de carbono para compensar una porción de sus propias emisiones) a cambio de financiar proyectos de reducción de las emisiones en países en desarrollo.

La idea de ofrecer créditos de carbono a cambio de financiar proyectos REDD+ causó incomodidad por varias razones. En primer lugar, había dudas sobre si el carbono secuestrado en áreas forestales podía medirse con exactitud y si la conservación de esas áreas se podía monitorear de forma efectiva. También se temía que los créditos de conservación forestal fueran baratos, sobre todo si se comparaban con los créditos por soluciones técnicas, como construir capacidad para energía renovable, y que los créditos REDD+ baratos permitieran que las empresas de los países desarrollados pagaran una pequeña tasa por seguir contaminando.

En enero de 2008, la Comisión Europea excluyó los créditos forestales del Régimen de Comercio de Derechos de la Unión Europea, el primer programa comercial de emisiones y, hasta hoy, el más grande, a causa de esas preocupaciones.

Después, en 2009, REDD+ se enfrentó a otro obstáculo cuando Estados Unidos no fue capaz de crear su propio sistema de “limitación y comercio”. La Cámara de los Estados Unidos aprobó una ley importante en junio que podría haber creado ese sistema, pero el proyecto murió en el senado, después de que la industria petrolera, el grupo conservador Tea Party y los negacionistas del cambio climático se opusieran. Un plan de limitación y comercio de Estados Unidos habría creado una demanda significativa de créditos REDD+ y ayudado a arrancar un mercado global. En lugar de eso, se allanó el camino para el golpe que selló la fortuna de REDD+ durante la siguiente década. Más tarde ese año, en la COP15 en Copenhague, los negociadores no se pusieron de acuerdo en prácticamente nada, ni siquiera en las condiciones de un mercado de carbono internacional.

REDD+ continuó evolucionando con los años y hubo varios acuerdos que añadieron o retocaron protecciones importantes. Esas protecciones estaban destinadas a mejorar los resultados ambientales y garantizar que los pueblos indígenas y otras comunidades forestales participaran en el desarrollo de políticas y compartieran los beneficios de los esfuerzos de REDD+ en su área. Aun así, la comunidad internacional siguió discutiendo y evitando las decisiones claves durante años.

En 2015, REDD+ quedó plasmado en el Acuerdo de París bajo el Artículo 5, al igual que el esquema para un mercado de carbono global bajo el Artículo 6. Si el Artículo 6 suena familiar es porque los negociadores volvieron a fracasar, en diciembre de 2019 en la COP25 en Madrid, a la hora de decidir los detalles de esta parte del acuerdo.

Aserradero de tala ilegal en Borneo en 2015. REDD+ tiene el objetivo de ayudar a monitorear y detener la tala ilegal en los bosques tropicales. Foto de Rhett Butler.

En lugar de un gran REDD+, un mosaico de proyectos

Cuando se desvaneció el optimismo inicial de REDD+, muchos de sus defensores decepcionados centraron su atención en otra cosa, mientras que otros empezaron a trabajar para facilitar fuentes alternativas de financiación.

“Es agotador ver que las cosas aún se están discutiendo cuando lo que necesitamos es más acción”, dijo Juan Chang, director adjunto del Fondo Verde para el Clima de la ONU, que presentó un programa piloto de 500 millones de dólares en 2017 para ofrecer pagos por resultados a países con bosques tropicales y realizó su primer pago el año pasado. “Vas a esos seminarios y eventos internacionales y todo el mundo habla muy rápido y parece muy ocupado. Y luego vas al bosque y no cambia nada. La gente ha perdido la conexión con la realidad. Pensamos que REDD+ es un mundo en sí mismo, que REDD+ consiste en ir a reuniones y tener debates filosóficos complicados. Al final, se trata de los bosques y de las personas”.

A causa de no haber sido capaces de crear un mecanismo de financiación a gran escala, REDD+ tal como se había imaginado de forma original —un sistema global que pagaría a las jurisdicciones forestales (países o estados) grandes cantidades de dinero por las emisiones forestales evitadas— aún no existe.

“Porque la cosa fundamental y única que distinguía a REDD de las décadas que lo precedían de financiación para los bosques por parte de donantes iba a ser la financiación basada en el rendimiento, consigues el dinero por los resultados, y el pago sería suficiente para que valiera la pena el esfuerzo”, dijo Seymour. Los pagos únicos a nivel jurisdiccional se han ido haciendo con los años, pero la mayoría de países “nunca han tenido la perspectiva de una financiación significativa y segura según los resultados por reducir las emisiones de los bosques”.

En lugar de eso, lo que se ha desarrollado es un mosaico de cientos de proyectos y programas REDD+ individuales —aún hay unos 350 en funcionamiento— en su mayoría aplicados por ONG, grupos ambientales sin ánimo de lucro, o promotores de proyectos comerciales. La mayoría de la financiación de esos proyectos proviene de agencias de desarrollo en algunos países donantes como Noruega, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos. Los proyectos REDD+ han tenido diferentes grados de éxito en la reducción de la deforestación y a la hora de beneficiar a las comunidades forestales en las áreas donde se han aplicado —abundan los ejemplos tanto de fracasos como de éxitos—, pero han tenido poco impacto en la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero globales.

En parte eso es porque los países en los que se aplican los proyectos no tienen una estrategia nacional robusta para REDD+, ni una forma exacta de medir el carbono secuestrado en el bosque que quieren proteger (al que se suele llamar base de referencia), ni la capacidad y la voluntad de monitorear las zonas protegidas y aplicar las regulaciones contra la deforestación, ni las protecciones para garantizar que las comunidades forestales se benefician del proyecto en lugar de sufrir.

Desarrollar y aplicar todo esto lleva trabajo y sin una “señal de demanda” significativa, una señal que indique que todo ese trabajo valdría la pena, la mayoría de políticos tienen poco incentivo para emplear tiempo en los objetivos de conservación a largo plazo. Como resultado, muchos países con bosques tropicales se han tomado su tiempo para desarrollar estrategias REDD+ nacionales y elaborar los detalles de la implementación, de modo que los primeros grandes pagos a nivel nacional o subnacional basados en los resultados acaban de empezar a materializarse.

Los bosques de Tambopata en Perú albergan muchas plantas y animales, como este mico nocturno (genus Aotus). Foto de Rhett A. Butler en la Reserva Nacional Tambopata.

Un nuevo avance: dinero

Dieciocho países han cumplido los requisitos para recibir pagos por resultados del Fondo de Carbono del Banco Mundial, de 900 millones de dólares. Chile, la República Democrática del Congo, Ghana y Mozambique ya han firmado acuerdos con el fondo, una estructura de cinco años que está diseñada para cerrarse en diciembre de 2025. Se espera que los otros 14 firmen antes de que termine el plazo en noviembre.

En conjunto, estos pagos premiarán los esfuerzos por evitar la deforestación de un área del tamaño de media India.

“Por lo que sabemos, este [programa del Banco Mundial] es el programa REDD+ a nivel jurisdiccional más grande del mundo que está operativo”, dijo en una entrevista Simon Whitehouse, alto directivo de finanzas en la Unidad de Financiación de Carbono del Banco Mundial. “Y los países tuvieron que saltar unos cuantos obstáculos para cumplir los requisitos. Además de los requisitos técnicos, tienen que crear un plan de reparto de beneficios que describa cómo se compartirán los beneficios con las comunidades locales en las zonas forestales”.

Mientras tanto, 14 países han entregado sus estrategias nacionales a la ONU, y las propuestas de cuatro (Brasil, Ecuador, Chile y Paraguay) se han aprobado para recibir pagos basados por resultados a través del programa piloto de 500 millones de dólares del Fondo Verde para el Clima. Chang dice que espera que otros consigan la aprobación para recibir esta financiación.

Brasil fue el primer país receptor. Recibió 96 millones de dólares el año pasado por reducir sus índices de deforestación en 2014 y 2015. La situación de los bosques en Brasil se ha deteriorado significativamente desde entonces. Algunos expertos forestales y grupos de conservación han acusado al gobierno de Brasil de manipular sus bases de referencia, que determinan cómo se calculan las reducciones. Además la deforestación en la Amazonía brasileña, tanto legal como ilegal, se ha disparado en los últimos 14 meses con las políticas favorables al desarrollo del presidente Jair Bolsonaro.

Esta es una de las críticas centrales a REDD+: que las reducciones de las emisiones por las que un país recibe pagos podrían no ser permanentes.

Según Chang, Brasil recibió pagos por reducciones en las emisiones que representaban solo el 2 % del total de la reducción que consiguió el país durante el periodo relevante, lo cual dejaba un margen de un 98 %. El uso de esos márgenes se desarrolló como forma de gestionar el problema de los retrocesos cuando la deforestación empieza a aumentar en los años siguientes al ingreso de los pagos REDD+.

Chang también señala que hay gente que malinterpreta el concepto de los retrocesos. Si Brasil no hubiera tomado las medidas que llevaron a menos deforestación y menos emisiones en 2014 y 2015, las emisiones de esos años se tendrían que sumar a las de los años siguientes. “Habría sido peor”, dijo.

Chang sigue de cerca lo que pasa en Brasil, y cuando describe imágenes de satélite de la tala que está teniendo lugar en las áreas protegidas, sobre todo para dejar espacio a la agricultura, se le entristece la voz. “Es terrible, es terrible”, dijo. Sin embargo, dice que sigue comprometido con la idea de ensayo y error, aunque está claro que está frustrado con la lentitud del cambio. “Nunca tendremos el sistema perfecto, siempre habrá alguna inquietud, pero llevamos debatiendo esto más de 10 años. Tenemos que dejar de analizar y empezar a hacer. Lo peor que puede pasar es que no hagamos nada”.

Puedes revisar la publicación original de este reportaje y más material audiovisual en el siguiente link.

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