Hace unos días La Tercera dio a conocer detalles de un supuesto uso de "big data" por parte del actual Gobierno de Chile como fuente de "inteligencia", aludiendo a influencia extranjera en el estallido social ocurrido desde mediados de octubre. Esto en un contexto de rumores, propagados por el mismo gobierno, algunos de sus partidarios e incluso algunos medios de comunicación sobre esa supuesta influencia.

Es pertinente conversar algunos puntos al respecto:

En primer lugar, la sociedad es un sistema complejo. Las plataformas como Facebook y Twitter también. Cualquier análisis simplista de ambos fallará, más todavía si excluye otras señales y formas de inteligencia.

Asimismo, un análisis sin continuidad organizacional y metodológica no tiene cómo formar parte de una línea histórica que permita hacer diagnóstico diferencial. Este es un elemento fundamental en encuestas, donde comparar mediciones obtenidas en el tiempo y ver correlación con procesos que vive la sociedad ayuda a validar metodología y darle un sentido contingente a los resultados.

Otro problema al sacar conclusiones en base a plataformas de social media como fuente pública es la cantidad de información falsa y/o dirigida. Quienes hemos trabajado de cerca con estas plataformas y  hecho análisis en base a sus contenidos públicos sabemos lo fácil que es acceder a grandes volúmenes pero lo difícil que es extraer información valiosa.

En parte, dicha dificultad existe porque hay grandes esfuerzos puestos en usar estas plataformas para manipular percepción y comportamiento de usuarios. Las cuentas dirigidas, a veces conocidas como “bots”, pueden ser un problema importante, como lo han reconocido por las propias plataformas.

También, cada dato visto en estas plataformas necesita ser verificado si queremos generar algo más que un simple análisis de opinión. Si hablamos de grandes volúmenes de datos ("big data") es prácticamente imposible verificar dichos datos de manera costo-efectiva, vale decir el resultado no se puede llamar "inteligencia" en el sentido en que la palabra suele utilizarse en el ámbito de la seguridad, al menos cuando se extraen desde las interfaces públicas de las plataformas.

Según Javier Jordán (Manual de Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional, 2013), “uno de los principios no escritos en materia de inteligencia es que no puede darse como completamente válida una información que no haya sido contrastada con, al menos, otra fuente” (vía S.Negri (@csnegri). Uno pensaría que los especialistas de inteligencia del Gobierno conocen este principio. También uno pensaría que, siendo economistas, quienes están a la cabeza del actual gobierno entenderían de análisis de datos, ya que el estudio del comportamiento de personas es parte fundamental del quehacer empresarial moderno. En consecuencia, queda la impresión que el aludido informe se pudo haber encargado con sesgos previos, para justificar el accionar represivo de los últimos meses, pues en La Moneda no parecen tener duda alguna respecto de la supuesta injerencia extranjera en el estallido social chileno.

Existiendo en el país actores serios capaces de llevar análisis complejos, como por ejemplo la Universidad de Chile, Analytic y Brandmetric, el Gobierno ha preferido el insumo de algún actor desconocido, sin respaldo, o (peor) algún conocido que prefiere el anonimato y no estaría dispuesto a dar la cara por la validez del análisis. Expertos como Bárbara Poblete (@bpoblete) y Jorge (@perez) revelaron que La Moneda se acercó a pedir ayuda, y ellos en cambio rechazaron el encargo.

Desde el 18 de octubre hasta la fecha, organismos nacionales e internacionales han dado cuenta de reiterados abusos en el uso de la fuerza contra la población civil en Chile, aludiendo a que en el país no habría existido una respuesta tan violenta por parte del Estado al menos desde los tiempos de la dictadura entre 1973-1990. En este contexto, el contenido del informe citado parece consistente con la estrategia de criminalizar al movimiento social o propagar la idea de un enemigo imaginario.

También debemos considerar el aspecto de la vigilancia. El análisis general de tendencias a partir de lo que expresamos en plataformas puede ser de legítimo interés público. Pero el actual gobierno ha perdido ante la ciudadanía confianza en su buena fe, debido a la acción represiva. En este sentido, no es alentador que el informe aluda a usuarios en particular, individualizando posiciones políticas. Ese tipo de perfilamiento, que incluye identidad o (intento de) geolocalización, ha sido considerado incluso por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA como una transgresión a los derechos fundamentales.

Este precario y posiblemente abusivo uso de fuentes públicas no incrementa la credibilidad de la población del país ante un gobierno que ha estado ejerciendo terrorismo de Estado como respuesta a las demandas sociales. Por el contrario, la información que el informe destaca no contribuye a una sana conversación entre la ciudadanía y el gobierno, asimismo lo consigna La Tercera.

Y finalmente una reflexión: si bien al parecer este papelón no fue ni big data ni un creíble monitoreo de plataformas de social media, sí existen grandes volúmenes de información en manos de esas plataformas. No solo las más obvias como Google y Facebook, el comportamiento de cada uno de nosotros y muchas de nuestras comunicaciones pasan a través de las empresas de telecomunicaciones. Tanto las plataformas como dichas empresas pueden construir perfiles detallados de quiénes somos, qué opinamos, qué hacemos y con quién. Ya lo hacen, ya existe intercambio mercantil de esos datos (@shoshanazuboff habla de "capitalismo de la vigilancia"), útil para predecir e incluso moldear nuestros comportamientos. ¿Qué va a pasar cuando gobiernos encuentren la manera de comprar u obligar a las plataformas a entregarles ese tipo de inteligencia?

Aunque finalmente no pasó mucho, porque el aludido informe se cae por su propia falta de peso, estamos viendo el potencial daño que la extracción o manipulación de información de plataformas puede hacer a la democracia. Este es un asunto que no debemos perder de vista. Ojalá que lo sucedido y las conversaciones resultantes nos permitan reflexionar sobre proteger los datos del comportamiento de personas y regular su uso, tanto en miras a cambios a la legislación de protección de datos y ciberseguridad como a los principios que deberían abordar esto en la próxima carta fundamental.