Chile cierra su cuarto día de protestas sin ninguna claridad y toda la incertidumbre sobre el devenir de la crisis social y política abierta desde finales de la semana pasada. El discurso del Presidente Sebastián Piñera no abrió ninguna puerta para un cambio de escenario, que parece que se mantendrá para las próximas horas.

La masiva movilización ha estado marcada por la represión policial y militar, con cientos de detenidos y baleados, y un clamor que se hizo masivo a través de las redes: “Piñera renuncia”.

Lo que comenzó por el alza del pasaje de metro, y que tuvo como respuesta las evasiones masivas, mutó a algo mucho más grande. Las demandas sociales se han instalado en el debate y ya no solo por el alza del transporte, que el Gobierno, finalmente, decidió revertir. Se trata de la restricción de libertades individuales, de ordenar el despliegue de la fuerza militar y que Sebastián Piñera se declarara en estado de guerra con un “enemigo potente”.

¿Contra quién se está en guerra? Cuestiona el historiador Sergio Grez, y responde: “Contra la mayoría de la población nacional, contra los sectores populares, contra el descontento social acumulado”.

Pero la respuesta del mandatario, lejos de apaciguar los ánimos, siguió acumulando elementos explosivos, advierte el investigador. En términos políticos, agrega que se han escuchado declaraciones insultantes del Ejecutivo. Esa fue la “chispa” que encendió todo.

“Estaban dadas todas las condiciones para el incendio, la pradera estaba seca y había mucho combustible acumulado. Aquí hay causas estructurales de larga duración que tiene que ver con la aplicación del modelo neoliberal más dogmático que hay. Sumado al mal manejo político del gobierno de la crisis”, explica.

Sobre esos elementos estructurales, la investigadora especializada en temas de historia del presente, trabajo flexible y precarización femenina de la Fundación Sol, Andrea Sato, entrega una perspectiva económica.

“Las personas que reciben el salario mínimo ($301.000) destinan cerca del 20 por ciento a transporte. Es decir destinan cerca de un cuarto de ese sueldo. Hoy, sustentar la vida es insostenible en Chile. El 0,01% de los más ricos recibe más de $500 millones de pesos percápita, mientras que la mitad de los chilenos cerca de $500 mil pesos. Hay que considerar que el salario mínimo en Chile es el más bajo de la OCDE. Pero, además, subraya que las personas están empobrecidas por deudas de distintos tipos. Una de ellas es la educacional.

Para analizar el escenario actual, recalca, hay que dilucidar ciertos elementos clave, los que pasan por la desigualdad que genera el sistema económico y cómo se distribuye la riqueza.

[caption id="attachment_319069" align="alignnone" width="1600"] /Foto Meritxell Freixas[/caption]

“No son 30 pesos, son 30 años”

El sociólogo y académico de la Universidad de Chile, Carlos Ruiz, se apoya en uno de los lemas que se han visto estos días por las calles, que es también es título de un nuevo tema de Ana Tijoux, “No son 30 pesos, son 30 años”, para explicar que los factores que han provocado el estallido social “no empezaron ayer, no saltaron de la nada”.

Recuerda como las últimas manifestaciones en contra de las AFP, o por los derechos de las mujeres y a una educación no sexista han sido muy masivas en el último tiempo. “Hay una propensión a la movilización desde hace tiempo en la sociedad chilena, hace mucho rato que la ciudadanía se viene agotando”, afirma.

En su opinión, tiene que ver con “el nivel en que está privatizada la reproducción de la vida cotidiana del chileno, cada cuestión se convierte en mercancía: la vejez, la salud, el agua, las sanitarias, la educación”. Una situación que, advierte, “no tiene paralelo en ninguna otra experiencia en América Latina ni en Occidente en general”.

Dice, además, que “en nombre de la libertad liberal y mercantil, se le arrebató al individuo su soberanía, el control sobre su vida”. Eso es, para él, una “paradoja” porque “en nombre de libertad mercantil te quedas sin libertad”.

Ruiz pone énfasis en que "la vida cotidiana del chileno se convirtió en mercancía" a través de una “dicotomía entre Estado y mercado”, que –según él– “se diluye porque los que están de lado del mercado y son los mismos que los que están por el Estado”, lo que resume en una “captura empresarial feroz del Estado que se profundizó y ahondó en los gobiernos de la transición”.

También, plantea que hay el pacto social al que varios sectores apelan “sería nuevo” porque nunca antes existió uno en Chile: “Ahora por primera vez podríamos construirlo, pero eso implica que realmente armemos un consenso con la sociedad porque la política de los 90, –de la derecha y la Concertación–, nunca la tomó en cuenta”, sostiene. Y añade: “Necesitamos dos escalas de políticas de transformación; una con elementos inmediatos y otra con procesos graduales para las estructuras más complejas de desmontar”.

[caption id="attachment_319067" align="alignnone" width="1600"] /Foto Meritxell Freixas[/caption]

“Su poder está amenazado”

Poniendo los hechos en perspectiva, el historiador Sergio Grez enfatiza en que esto es una continuidad de la violencia con que actúan las clases dominantes cuando ven su hegemonía amenazada.

Bajo su mirada, esta es una revuelta social popular espontánea que, hasta ahora, no tiene objetivos políticos claramente definidos. Pero que demuestra una acumulación de quejas insatisfechas durante largos años.

También destacó que existe una historia antes del golpe cívico- militar de Pinochet de miles de muertos de masacres perpetradas por aparatos del Estado. “La clase dominante ante cada demanda popular que, a su juicio, amenaza las bases del sistema, responde frecuentemente con la represión inmisericorde de los movimientos populares y de los pueblos originarios. Es una constante en la historia de Chile y dejo afuera la historia de la Conquista y la Colonia donde ahí se instaura esta violencia fundadora”, expone Grez.