A cuatro años del Plebiscito de 2022, parlamentarios gremialistas ingresarán un proyecto para cambiar la Ley General de Educación.
Gran marcha del 25 de octubre durante el Estallido Social.
En el marco de la conmemoración del 4 de septiembre, fecha en que el 61,82% del electorado desestimó la propuesta de la Convención Constitucional, la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció una iniciativa legislativa para modificar las bases curriculares de la enseñanza media.
El proyecto apunta a reformar la Ley General de Educación para incluir el estallido social y el proceso constitucional, sucesos políticos ocurridos en el país entre octubre de 2019 y septiembre de 2022, de forma obligatoria dentro de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Actualmente, los contenidos relativos a este tramo de la contingencia nacional se abordan en el ramo electivo "Comprensión histórica del presente", donde los alumnos disponen de dos guías educativas.
Frente a esta cobertura optativa, desde el gremialismo defienden que la relevancia de estos episodios exige un tratamiento universal en las aulas, sosteniendo que los jóvenes “no solo merecen, sino que deben saber lo que ocurrió durante una de las épocas más complejas y oscuras que ha enfrentado nuestro país en las últimas décadas”.
La propuesta impulsada por los parlamentarios Eduardo Cretton, Ricardo Neumann y el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Sergio Bobadilla, pone el foco en el impacto de las manifestaciones de 2019 y el posterior desarrollo del órgano constituyente.
Según argumentan los legisladores, la propuesta constitucional rechazada significaba una profundización de las divisiones territoriales mediante un texto que “amenaza los pilares esenciales de Chile”, añadiendo que “es fundamental que todos puedan dimensionar el riesgo institucional que significaba el texto que se propuso a los chilenos”.
Junto con calificar la época como un hito indispensable para comprender los riesgos a los que se vio expuesta la institucionalidad, el funcionamiento de la Convención y la labor de Carabineros de Chile, los diputados señalan que la enseñanza formal debe contemplar los capítulos de “extrema violencia y vandalismo” vividos durante dicho período.
Respecto al enfoque pedagógico que debiese primar al abordar estos contenidos en los colegios, la bancada gremialista descartó que la iniciativa busque implantar un sesgo particular en las aulas:
“No se trata de imponer una interpretación ni de reemplazar una mirada ideológica por otra, sino de entregar todos los antecedentes para que sean los mismos estudiantes quienes conozcan los hechos, revisen lo que ocurrió, estudien las normas propuestas y saquen sus propias conclusiones”, destacaron.
