En conocimiento que el gobierno, a través del Minvu, estaba haciendo esfuerzos para que los diputados aprobaran la ley denominada de "integración social y urbana" que arrasaba con las normas urbanísticas de los Planes Reguladores Comunales, antes de la votación en sala le enviamos a la mesa directiva de dicha cámara el documento que se aprecia en link con una nota explicativa a los diputados Flores, Carvajal y Auth, alertándolos sobre el verdadero significado de ese proyecto de ley. A pesar de que sus 3 destinatarios recibieron el informe, no se dignaron a acusar recibo del mismo ni menos agradecerlo, lo que no nos llamó la atención ya que esta gente desprecia a quienes no formamos parte del establishment.

El 14 de agosto de 2019 se aprobó ese proyecto de ley y, violando las disposiciones propias de la Cámara, ya que unos cuantos diputados con intereses inmobiliarios no se inhabilitaron, lo que en un país serio hubiera significado la anulación de la votación y sanciones ejemplificadoras en contra de aquellos que sabían de antemano que no podían votar a favor de sus propios intereses comerciales.

En vista de ello, sobre la marcha, diecinueve ciudadanos liderados por el arquitecto Miguel Lawner, recién galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura, por escrito le solicitamos a la Comisión de Ética y Transparencia de esa Cámara que nos recibieran para tratar esa mala práctica parlamentaria, contestándonos la abogada secretaria que ya había trasladado nuestra solicitud al presidente de esa Comisión.

Pasó el tiempo y nunca se nos respondió y es más, tampoco se nos informó acerca de las sanciones aplicadas a los diputados que votaron a favor de una ley que los favorecía. Así las cosas, es posible que la Comisión de Ética y Transparencia haya preferido no asumir su obligación para no incomodar a sus distinguidos colegas, pero lo reseñado es un pelo de la cola si lo comparamos con el perdonazo que se vislumbra respecto de los guetos verticales ilegales construyéndose en la comuna de Estación Central.

En efecto, oficios vinculantes de la División de Desarrollo Urbano (DDU) y de la Seremi de Vivienda y Urbanismo establecieron que los edificios con agrupamiento continuo en sectores urbanos que carezcan de un Plan Regulador Comunal no pueden tener alturas libres, asunto que incomodó sobremanera a la Cámara Chilena de la Construcción, asociación gremial empresarial que le hizo notar su molestia a la ministra del gobierno pasado Paulina Saball, quien le respondió formalmente que la ley debe ser cumplida por todos los actores inmobiliarios.

En razón a que el DOM de Estación Central no se dio por aludido por esos oficios del Minvu, la fundación Defendamos la Ciudad y organizaciones de la sociedad civil de la comuna de Estación Central han ingresado diversas denuncias en la Contraloría General de la República solicitándole que ejerza sus atribuciones constitucionales y legales respecto de unos 60 permisos de edificación con los cuales unas 20 decenas de empresas estaban construyendo esos denominados guetos verticales.

Ante la contundencia de los oficios del Minvu y después a analizar la normativa vigente la Contraloría ha emitidos 3 dictámenes, en distintas fechas, obligatorios para la DOM y el alcalde de Estación Central, en orden a que todos esos permisos de edificación son contrarios a derecho y que, por ende, la autoridad administrativa competente debía paralizar las faenas de esos edificios e invalidarlos conforme lo expresa el artículo 53º de la Ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo. Como consecuencia de ello, diversas empresas que construían ilegalmente en esa comuna, presentaron solicitudes de reconsideración ante el organismo fiscalizador, los que fueron rechazados de plano y mientras tanto continuaban en ejecución las obras de esos edificios.

Con ocasión de un recurso judicial interpuesto por uno de esos inversionistas, el caso llegó al nivel Corte Suprema, máxima instancia judicial que desestimó los argumentos de ese titular de proyecto. Otras inmobiliarias recurrieron al Tribunal Constitucional solicitándole una sentencia que declarara que la Contraloría carecía de atribuciones legales y constitucionales para revisar este tipo de actos, acción que también fue rechazada por dicho Tribunal.

Y recientemente, 10/10/19, la 7a sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, dado que la municipalidad de Estación Central se oponía a que este columnista y Alejandro Verdugo, representando a la fundación Defendamos la Ciudad y a la Agrupación de Defensa Barrios de Estación Central, respectivamente, se hicieran parte en los procesos de invalidación de unos cuantos permisos de edificación ilegales, escuchando las alegaciones de la municipalidad y las de tales organizaciones de la sociedad civil, falló a favor del recurso de ilegalidad interpuesto por el abogado Cristóbal Osorio, quien cuenta con el patrocinio y poder de ambas organizaciones ciudadanas.

En resumen, se ha acreditado por parte de la institucionalidad administrativa y por el propio Poder Judicial que todos los edificios con agrupamiento continuo construyéndose en la comuna de Estación Central son abiertamente ilegales, teniéndose presente que ni el alcalde de Estación Central ha ejercido su rol fijado en el artículo 148° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) como tampoco lo ha hecho el Seremi de Vivienda y Urbanismo, conforme al mandato del artículo 157° de esa misma ley. Estos artículos expresan que las construcciones contrarias a derecho se deben demoler.

Las inversiones de todos esos edificios ilegales ascienden a una suma del orden de los US$ 2.000 millones y como la Cámara de Diputados se niega sistemáticamente a conformar una investigación para determinar responsabilidades en este fraude, debemos creer que se intenta establecer un nuevo hecho de impunidad que generará un enriquecimiento ilícito a un grupo de actores privados. Hasta ahora hay un silencio cómplice y si los diputados tienen miedo de ejercer sus atribuciones, tendrá que ser necesario que todos aquellos partiendo por los grupos ciudadanos, que promueven el apego a la ley en materia de ciudades, interpongan querellas en el Ministerio Público y en tal sentido, quien suscribe esta columna de opinión, está seguro que serán muchos los que exigirán castigos a quienes se aprovechan de la corrupción imperante para sacar ventajas en el mercado.

En todo caso, ya que aplicar la ley demoliendo las construcciones ilegales tiene un gravitante costo social, la máxima autoridad sectorial tendrá que resolver como se castigará a los involucrados, posiblemente buscando compensaciones a favor de las comunidades de Estación Central perjudicadas con los
efectos que producen esas torres en sus entornos.