La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados votó este lunes un informe con la opinión de diversos abogados constitucionalistas que será enviado como insumo a la Sala de la Cámara, en el contexto de la votación en particular del proyecto de Ley que declara Interés Nacional la Explotación y Comercialización del litio y SQM.

En lo general, se votó entre la posición entregada por el abogado Jaime Bassa -quien no observa vicios de constitucionalidad en la iniciativa- y la visión del abogado contratado por el ministerio de Minería, Jorge Correa Sutil. Esta última fundamentación fue la que logró sumar siete votos, incluyendo el del presidente de la instancia, diputado Matías Walker, para catalogar como inconstitucional el segundo artículo de la moción (que declara de interés nacional SQM).

Para el diputado Daniel Núñez, autor de la moción parlamentaria, la opinión entregada por la Comisión de Constitución estuvo marcada por el intenso lobby por parte del ministro de Minería, Baldo Prokurica, quien ha esgrimido la supuesta “inconstitucionalidad” del proyecto.

“La obsesión del Gobierno por derribar proyectos que afectan sus intereses no para. Esta vez el ministro Prokurica se ha ensañado en sostener que declarar el litio y SQM de interés nacional sería contrario a la Constitución. Nosotros tenemos la certeza de que el proyecto es absolutamente constitucional. No sobrepasa ninguna atribución presidencial y así lo exponen reconocidos profesores constitucionalistas. Lamentamos que 7 diputados hayan caído en esta interpretación forzada que trajo el ministerio de Minería a la Cámara de Diputados para no tocar los intereses de la corrupta empresa SQM”, sostuvo el diputado Núñez.

“Este informe no es vinculante y sólo recoge una posición existente entre los constitucionalistas, pero estamos seguros que la Sala de la Cámara no caerá en el lobby feroz contra el proyecto y se legislará en beneficio de Chile y sus recursos”, agregó el parlamentario.

El proyecto ahora debe ser votado por la Sala de la Cámara de Diputados en particular, tras ya haber sido aprobado en general por la propia sala.