El Poder Judicial ratificó la condena a 28 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía represora de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), por la desaparición -secuestro calificado- de un opositor en 1974.

La decisión de la Corte de Santiago fue unánime en el caso de la desaparición de Teobaldo Antonio Tello Garrido, uno de los 119 desaparecidos en el marco de la llamada "Operación Colombo", un montaje de la dictadura para encubrir la desaparición de presos políticos, con la colaboración de las policías secretas de Argentina y Brasil.

En esos países se publicaron ediciones únicas de periódicos que afirmaban que los desaparecidos habían muerto en purgas internas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), versión que también fue recogida por la prensa chilena de la época.

La Justicia determinó una pena de 13 años para los generales César Manríquez Bravo y Raúl Iturriaga Neumann, y para los brigadieres Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko, como autores del delito.

Para otros 22 ex agentes del Estado, el tribunal determinó una condena de 10 años y para los últimos dos la pena de 4 años y 541 días de cárcel, respectivamente.

La Justicia chilena explicó en su fallo que "la presente causa se originó para investigar las circunstancias de la desaparición forzada de Teobaldo Antonio Tello Garrido, después de haber sido detenido por agentes del Estado, pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), el 22 de agosto del año 1974".

En ese sentido, destacaron que el desaparecido fue mantenido en los centros de detención de Ollagüe , Villa Grimaldi y Cuatro Álamos, "recintos que eran custodiados por guardias armados, donde Teobaldo Tello fue objeto de torturas provocadas por agentes de ese organismo, desconociéndose posteriormente su paradero".

La resolución agregó que "no cabe duda" de que el delito es un crimen de lesa humanidad como son los secuestros calificados, delitos que "forman parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de un grupo determinado de la población civil, conformado, en este caso, por miembros y adherentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), condición que tenía a esa época la víctima".

En el aspecto civil se confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar más de 110.000 dólares a los familiares de la víctima.

Durante el régimen militar, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 40.000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas.