Hace un año que se aprobó la idea de legislar el Proyecto de Ley de “Sala Cuna Universal”, lo que en términos generales busca, según nuestras autoridades, ampliar la cobertura del beneficio de sala cuna a todas las mujeres trabajadoras, incluyendo las de casa particular, pues hoy la ley restringe el beneficio solo a aquellas empresas que tengan más de 20 mujeres. Esto en términos generales debiese ser un avance en el ámbito de cuidado infantil y la mayor participación femenina en el ámbito laboral, pero como en muchos casos, es una ley más que viene a privatizar un derecho en el ámbito de la seguridad social, es un proyecto de ley que tiene letra chica que es importante analizar.

El Proyecto de Ley que fue aprobado por la Comisión de Trabajo del Senado crea un “Fondo Solidario para Beneficio Social de Educación Parvularia en Nivel de Sala Cuna”, que cubrirá el cuidado de menores de hasta 2 años. ¿Cómo se generará este “fondo solidario”? y acá es donde viene la “letra chica”: “Este se beneficiará en base a la cotización de cargo del empleador de un 0,1% de las remuneraciones o rentas imponibles, más un aporte permanente del Estado, es decir, “parte del Fondo” saldrá del sueldo de los/as trabajadores/as. Y, por otra parte, la regulación y fiscalización estará a cargo de la Superintendencia de Pensiones y la administración del Seguro estará a cargo de una sociedad anónima.

Como gremio de profesionales de la salud, vemos con preocupación cómo ha ido avanzando este Proyecto de Ley que crea el subsidio para sala cuna, pues ha ido incorporando pequeñas modificaciones, pero ninguna de ellas da garantías respecto del acceso de la mujer trabajadora a este derecho.

Continuar avanzando en este proyecto solo favorece un objetivo, el económico del empresario, que ahora ve no solo la salud como una oportunidad de negocio, sino que también la provisión de cuidados infantiles a través de la creación de un Seguro Social financiado con el 0.1% del sueldo de loa/as trabajadores/as y administrado por una empresa privada, tal como lo hacen las AFPs con nuestras cotizaciones.

Por otra parte, en su articulado define requisitos que no garantizan el acceso a este derecho a todas las mujeres exigiendo un mínimo de cotizaciones (de 15 meses) y dejando a los niños/as sin continuidad de atención en periodos de desempleo de la madre.

Si bien este proyecto de Ley no sería aplicable a empleados públicos, es importante considerar que en materia de derechos maternales estos se regulan a partir del Código del Trabajo y pudiesen igualmente verse afectados tal como ya ocurrió con el permiso parental.

“Como Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud Región Metropolitana, nos oponemos a un proyecto de ley que instala la privatización en materias de cuidados infantiles y mercantiliza un derecho de la mujer trabajadora sin avanzar, ni un poco, en condiciones de equidad que realmente fomenten la igualdad de oportunidades laborales para la mujer. Más aún, cuando actualmente las salas cunas de nuestros hospitales y servicios de salud están siendo sometidos a un proceso de acreditación que pone en riesgo su continuidad y que, no habiendo un plan de inversión en esto, corren riesgo de ser cerradas y entregar el servicio a las administradoras privadas”