A Michelle Bachelet se le cayó la careta: ¿Qué intenciones y peligros se esconden detrás de su Informe?
No se puede separar a Bachelet de la responsabilidad que tiene en el Informe sobre Venezuela que ella misma presentó. Este, para quien lo analice con objetividad y honestidad, es a todas luces parcializado, lleno de imprecisiones y falsedades, informaciones con fuentes no confiables ni verificables. Así como graves omisiones respecto a la información que le fue suministrada por el gobierno de Venezuela, la cual, sí es comprobable.
El informe tiene una clara intención política: por medio de este, se pretende buscar el apoyo de la llamada “comunidad y opinión pública internacional” para una escalada aun mayor de agresiones a la soberanía e independencia de la República Bolivariana de Venezuela. Agresiones de tipo económico y/o militar, que, como siempre, solo afectarán al pueblo venezolano, sobre todo a los sectores más vulnerables y necesitados.
Tenemos el cercano precedente de Libia: los grandes mass media del mundo comenzaron a demonizar y criminalizar a Muamar Muhamad Gadafi, llegando a decir la monumental fake news (igual a la que se inventaron con las armas de destrucción masiva en Iraq) de que la aviación de Gadafi había abierto fuego real contra multitudes de manifestantes en Trípoli. Luego aparece la entonces Alta Comisionada en Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navy Pali, condenando al gobierno libio por “el uso de la fuerza”, llegando a calificar la situación de “crimen contra la humanidad”. Esta terrible y gigantesca fake news sirvió de pretexto para el bombardeo sistemático de Libia por parte de fuerzas de la OTAN, a la vez que se emitía una orden de captura contra el Presidente Libio acusado de “crímenes de lesa humanidad” por parte de la Corte Penal Internacional (CPI). Crímenes que luego se supo eran mentiras, igual que con las armas de destrucción masiva de Iraq.
Ahora resulta que el informe de Bachelet es la prueba fehaciente que el “Grupo de Lima” llevará ante la Corte Penal Internacional para acusar al Presidente Nicolás Maduro. Recordemos que el padre creador de este Grupo de gobiernos de derecha fue, ni más ni menos, que el Canciller de Bachelet, Heraldo Muñoz.
Sobre el propio Informe, resulta muy grave la omisión de todas las agresiones provenientes del gobierno de los EE.UU. contra Venezuela. Es inaceptable esta omisión pues estas violan impunemente toda la arquitectura de las relaciones internacionales basadas en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. Una de las más recientes injerencias fue el apoyo abierto y descarado a la intentona golpista del autoproclamado Guaidó el 30 de abril pasado.
Es cobarde el silencio guardado por parte de la Alta Comisionada ante las amenazas e intentos de amedrentamiento por parte de Donald Trump y su círculo de halcones. El silencio cómplice ante el financiamiento y apoyo directo a la sedición venezolana por parte del encargado de los EE.UU. para Venezuela, Elliot Abrams, un reconocido genocida y responsable de encubrir horrorosas masacres en Centroamérica, como la de El Mozote, en El Salvador, ocurrida en 1981 en el marco de la guerra civil salvadoreña, donde unas mil personas fueron asesinadas (mujeres, hombres, niñxs y ancianxs) a manos de soldados que habían sido entrenados por los Estados Unidos1.
Entre las más grotescas falsedades del Informe de Bachelet es la que dice en el párrafo 27:
“La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial.”
La verdad es que la primera “sanción” proviene del 18 de diciembre de 2014, cuando el Congreso de EE.UU. dicta la Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela 113-278, que prohíbe a cualquier persona natural o jurídica en territorio estadounidense o bajo su jurisdicción realizar cualquier tipo de transacción o negocio con alguna persona, entidad o empresa del Estado Venezolano, especialmente con el Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El impacto de las medidas de Estados Unidos sobre el pueblo venezolano es ratificado por el informe del Center for Economic and Policy Research elaborado por los economistas Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot, “que afirman que más de 40.000 personas han muerto en Venezuela desde 2017 como resultado de las sanciones de los EE.UU. El informe examina cómo las sanciones de EE.UU. redujeron la disponibilidad de alimentos y medicamentos en Venezuela y han aumentado la enfermedad y la mortalidad. Jeffrey Sachs plantea que las sanciones estadounidenses apuntan deliberadamente a destruir la economía de Venezuela y, por lo tanto, llevar al cambio de régimen. Es una política infructuosa, despiadada, ilegal y fallida, que causa graves daños al pueblo venezolano.” 2
Tampoco toma en cuenta los contraargumentos presentados por el gobierno nacional en los comentarios a su Informe antes de ser publicado. Descontextualiza y “omite considerar el impacto generado por la dramática reducción del precio del barril petróleo a partir del año 2014, como resultado de las acciones adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos para manipular el precio del petróleo, a través del incremento de la producción de petróleo de esquisto.
Como consecuencia de la caída del precio del petróleo, los ingresos de la República disminuyeron de 43.690 millones de dólares en 2013 a 38.109 millones de dólares en 2014, 10.634 millones de dólares en 2015, 4.650 millones de dólares en 2016 y 5.198 millones de dólares en 2017. Es pertinente recordar que el 95% de las divisas que ingresan a Venezuela se corresponden con la exportación petrolera 3
Las violaciones a los derechos humanos no son solo cometidas por un Estado, sino también por las empresas (Ver Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas). En el caso de Venezuela, dichas violaciones a los derechos humanos son producidas por las empresas transnacionales y por el proyecto imperialista de Estados Unidos, que busca mantener el control político sobre la región de forma de asegurar la subordinación y el despojo de los recursos naturales de Latinoamérica.
Para el caso de Chile, por mencionar algunos ejemplos, encontramos la violación a los derechos humanos y medio ambientales producidos por las empresas transnacionales extractivistas que han producido amplias zonas de sacrificio en lugares tales como: Quintero y Puchuncaví, Tocopilla, Mejillones, Huasco y Coronel, que también se encuentran enfrentando graves problemas de contaminación y despojo de sus recursos; o las comunidades afectadas por la contaminación de las aguas en Osorno por la negligencia de la empresa trasnacional Essal.
Pero ¿realmente es tan buena gente y bonachona la ex Presidenta Michelle Bachelet?
A estas alturas ya se le cayó la careta a la ex Presidenta Bachelet, pues no es realmente de izquierda -sus políticas económicas así lo demuestran pues han profundizado el modelo neoliberal- pero hay que reconocer que tiene un especial talento para aparentar serlo, tal es su tarea encomendada y la cumple muy bien. De esa forma, y con su falso tono maternal ha engañado a parte importante del pueblo chileno, incumpliendo sus promesas de campaña y entregando dos veces en bandeja la presidencia a Sebastián Piñera.
Tampoco la Alta Comisionada parece tener unas “incuestionables credenciales democráticas y humanitarias” que dicen por ahí. Resulta altamente paradójico que ahora hasta la UDI, quienes no tienen absolutamente ninguna autoridad moral para hablar de Derechos Humanos, ahora la defiendan y aplaudan.
Es bastante cuestionable su compromiso con los derechos humanos y su transparencia política, pues respecto a esto último es evidente su complicidad ante la corrupción entre parte de importantes sectores de la clase política y los grandes grupos económicos, por ejemplo, en los casos Penta, Soquimich, Caval y Ley de Pesca por solo mencionar los casos más visibles. Respecto a los Derechos Humanos, hay importantes responsabilidades políticas de Michelle Bachelet en la criminalización de la lucha del Pueblo Mapuche y las consecuencias de esta. Durante sus gobiernos la militarización de la Araucanía y la impunidad de Carabineros ante la violación sistemáticamente los DDHH como una política de Estado, son parte de su legado. Los asesinatos de líderes mapuches, la represión salvaje en los asaltos a las Comunidades Mapuche, y las múltiples actuaciones del Estado chileno contra nuestro principal pueblos originario, fueron claramente condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias, pero todo quedó en impunidad y vuelta de página. La infame Operación Huracán, fue un gigantesco laboratorio para crear pruebas falsas y así incriminar a liderazgos Mapuche y sociales. El espionaje ilegal a gran escala de líderes sociales y sus abogados, políticos, fiscales, periodistas y artistas fue durante su segundo mandato4.
Recordemos también que, durante el año 2016, Lorenza Cayuan, mujer mapuche, dio a luz esposada y rodeada de agentes de Gendarmería. En febrero de este año 2019 Lorenza, en una entrevista declara:
“Yo creo que no va a haber justicia, no hubo y no habrá” (…) “Mi familia fue víctima de allanamientos, porque en mi comunidad allanaron todo, trajeron más de 50 efectivos y 2 helicópteros. Ahí fueron golpeados, tiraron bombas, hubo amenazas con armas para que entregara información, para mí y para mi hijo, que tenía en ese entonces 9 años. Estuvo con psicólogo y todas esas cosas, ya que era mucho el miedo que él sentía. Había hartos niños en ese momento y todos quedaron traumados, ahora ven un carabinero y salen arrancando, es un proceso bien complicado y yo creo que ellos están con esa idea y no se les va a salir. Se militarizó la zona, en cualquier momento cualquier cosa puede pasar5.”
Este tipo de allanamientos a comunidades Mapuche es sistemático; muchas veces se ha denunciado la brutalidad policial de estos y los perjudiciales efectos psicológicos de estos allanamientos sobre la comunidad entera, sobre todo en las niñas y los niños.
Así las cosas, en lo personal no me cabe duda de que Michelle Bachelet fue designada en el cargo de Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos para, justamente, cumplir la tarea de firmar este Informe -que de paso no fue redactado ni por ella ni por su equipo- ya que con su halo de izquierda-progre-buena gente podría darle más credibilidad al mismo. En definitiva, pese a que Bachelet es hija de una víctima de la dictadura, apoya la intervención norteamericana sobre Venezuela.
Actualmente la oposición venezolana se ha quedado sin respaldo a nivel mundial. Es de esperar que, pese a este informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Gobierno Bolivariano continúe en el poder y profundice los avances de la revolución Chavista.
La jugada está hecha. Michelle Bachelet sabe que mintió y sobre ella caerá la responsabilidad histórica de las consecuencias que tenga su Informe fake en lo relativo a una escalada mayor en las agresiones internacionales sobre Venezuela, sean estas económicas o militares. La Historia la juzgará.
NOTAS
1. Cuando la prensa estadounidense publicó informes sobre lo sucedido en diciembre de 1981, el entonces subsecretario de Estado para los derechos humanos y asuntos humanitarios, Elliott Abrams, descartó las denuncias como "propaganda comunista".
Un día después de los reportes, certificaría ante el Congreso que en El Salvador se estaban dando pasos "fabulosos" en pro de la democracia. Informes desclasificados años más tarde demostraron que Abrams, ahora enviado especial de Trump a Venezuela, estaba al tanto de lo sucedido en El Mozote y ocultó deliberadamente la información al Senado’. Tomado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47425381
2.http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/05/06/economista-jeffrey-sachs-las-sanciones-de-los-estados-unidos-han-devastado-venezuela-y-han-matado-a-mas-de-40-000-personas-desde-2017/
