La salida irregular de dos científicas de la Escuela de Salud de la Universidad de O'Higgins despertó una amplia movilización de parte de los estudiantes. La Dra. Karina Bravo y la científica Vania Figueroa aseguran que la institución decidió no renovarles contrato luego de que Bravo iniciara una demanda por acoso laboral contra sus jefes directos, que fue respaldada por su compañera a través de su testimonio.

Ambas alegan que se trata de un caso de vulneración de derechos fundamentales y de discriminación. Vania Figueroa ingresó al Instituto de Ciencias de la Salud tras un concurso público: fue incorporada en calidad de contrata el 1 de junio de 2017.

Desde su ingreso a la universidad, asegura haber notado la existencia de grupos que se conocían desde antes, en trabajos de otros planteles. "Eran todos amigos. Yo entré por un concurso público, por lo tanto no conocía a nadie", cuenta. Desde entonces, la científica asegura haber presenciado "el acoso laboral del que fue víctima la doctora Karina Bravo desde que llegué, de parte de nuestros dos jefes directos que son amigos y trabajan juntos desde antes: uno es director del instituto (Rubén Alvarado) y la otra es la directora de escuela (Soledad Burrone)".

La Dra. Bravo también ingresó por concurso público en agosto de 2017 y asegura que desde la primera reunión que tuvo junto a sus colegas "sentí que no había interés por el trabajo en equipo".

En los primeros meses Karina solicitó la acreditación de medicina, que se logró y desde marzo de este año asegura que "tuvimos problemas graves. Se nos excluía de reuniones, no se reconocían nuestras competencias, en la acreditación de Medicina yo solicité participar porque tengo un diplomado en docencia universitaria y soy la única academia que lo tiene. Desde mi especialidad quería aportar, pero tuve que hacerme el espacio porque cuando convocaron a quienes iban a participar del proceso, yo no estaba incluida".

A la vez, pese a ser la única académica del plantel que cuenta con certificación nacional en internacional en ética, en la conformación del proceso de revisar este tema en la institución tuvo que solicitar ser incorporada. "Se hicieron varias reuniones y de otras ni siquiera se me informó", detalla.

Bravo cree que la discriminación se centró en que ambas académicas no tienen títulos de médicos y no formaban parte del grupo de trabajo. También asegura que en la Universidad de Santiago, donde trabajó por varios años, "nunca viví una situación así".

La situación llegó al límite cuando en marzo la pusieron a hacer dos cursos a la misma hora: tenía clases con Medicina de 8.30 a 16.30 y con Terapia Ocupacional desde 8.30 a las 13.30 horas.

"Yo comuniqué la situación en enero, ellos me dieron instrucción de que podía correr uno de los horarios, lo hago y luego me dicen que yo me tomé atribuciones. Desconocieron lo conversado. Eso fue sistemático, todo el semestre. Yo intente conversar con todos, con los denunciados, con vicerrectores, siguiendo el conducto regular, haciendo notar que había cosas que no me parecían, que eran faltas de respeto", recalca la Dra. Bravo.

Vania Figueroa: "Me hicieron un daño terrible"

Al ser testigo de estas situaciones, la científica Vania Figueroa declaró a favor de Karina Bravo en la denuncia por acoso laboral. El sumario terminó el 22 de noviembre pasado y Bravo fue notificada del sobreseimiento de los acusados una semana después: se descartaron todas las acusaciones en contra de Alvarado y Burrone.

Tan solo una semana después, el viernes 7 de diciembre, ambas académicas fueron notificadas por correo cerca de las 17 horas sobre la no renovación de su contrato por el vicerrector de Gestión Institucional, Javier Pino.

"Cumplo con notificar la no renovación de su designación a contrata de acuerdo a lo dispuesto en la resolución Exenta N°1483/2018 de la Universidad de O'Higgins, que adjunto",  consignaba el correo. A ambas se les argumentó que habían sido evaluadas deficientemente en las áreas de docencia e investigación, aunque no se les informó cuáles fueron los criterios.

Al respecto, Figueroa recalca que las evaluaciones fueron elaboradas por las dos personas que Bravo denunció por acoso laboral, lo que a juicio de ambas constituye un delito de represalia.

"No se cumplió el debido proceso en nada: ni en la desvinculación ni en la evaluación académica. Tampoco nos notificaron como estipula el estatuto administrativo, solo nos mandaron un correo electrónico el viernes a las 5 de la tarde. Tampoco se cumplió el reglamento sobre evaluaciones, que tienen que ser hechas por una comisión y tienes un período de apelación", argumenta.

La situación expone a las académicas a una escenario muy complejo, dado los proyectos de investigación que ambas lideraban. De hecho, Vania Figueroa se adjudicó un proyecto de inserción en la academia Conicyt un mes después de su ingreso a la Universidad O'Higgins: el proyecto tenía una duración de tres años y aún no completaba el primero.

"Yo tengo dos proyectos de investigación, en uno soy investigadora principal, que es el de inserción en la academia Conicyt, donde ellos tampoco cumplieron las condiciones del proyecto, porque tengo firmada una carta del vicerrector de gestión que indica que yo voy a tener laboratorios de investigación en enero de 2018, cosa que hasta al fecha no ha ocurrido", detalla.

Vania asegura que las autoridades del plantel "me hicieron un daño terrible". Esto, porque el proyecto Conicyt que se obtuvo "solo me lo puedo adjudicar una vez en la vida, por lo tanto va a tener que ser terminado anticipadamente por incumplimiento de la institución. Voy a estar tres años sin proyecto y es para cualquier científico o científica es muy grave".

Discriminación por título, juventud y género

La desvinculación de Bravo y Figueroa provocó la movilización de sus estudiantes en la Universidad O'Higgins, exigiendo la restitución inmediata de las académicas. Los universitarios reclaman que ambas han sido bien evaluadas por la comunidad estudiantil. De hecho, las calificaciones docentes de Figueroa durante el semestre pasado fueron 6,7 y 6,8, mientras que las de Bravo fueron 6.9 y 6,4.

Ambas docentes iniciaron acciones legales y saben que el proceso será largo. Sin embargo, se decidieron a hacer público lo ocurrido porque "mis colegas están muertos de miedo. Hay gente al interior de la universidad que lo está pasando pésimo, no somos las únicas mujeres desvinculadas, hay 4 mujeres despedidas y 2 que renunciaron por hostigamiento dentro del 2017 y 2018", señala Figueroa, quien cree que también pagaron un costo por participar de las movilizaciones feministas que lideraron las estudiantes.

"Ambas somos integrantes de la Red de Investigadoras de Chile, estamos muy metidas en el tema de equidad de género en la investigación. Yo fui representante institucional por el tema ante la comisión del Consejo de Rectores y me sacaron sin darme explicación y pusieron a otra persona que no tiene experiencia en género", acusa.

Karina Bravo asegura que el proceso de sumario tras su denuncia fue viciado e imparcial. "A mí me preguntaron que cuá era mi escala de autorespeto para valorar cuando era una falta de respeto y cuando le comento que es igualdad de derechos y respeto ante la diferencia, la investigadora designada me dice: 'ah, esto es generacional'. Esa era otra de las cosas que siempre comentaban, ante cualquier cosa que yo expresara o pregunta, al tiro me decían que yo era muy joven".

Durante el sumario, Bravo entregó nombres de otras compañeras académicas que no son médicos y vivieron los mismo problemas en el plantel, pero no fueron citadas a declarar. A juicio de la docente, en el lugar se vive "una excesiva verticalidad en el mando y discriminación por título, por juventud y yo diría que hasta por género".

Por ahora, ambas docentes se mantienen en la incertidumbre. "Tengo un proyecto regional junto a Vania y otro colega más y no se ha comunicado si se va a respetar mi autoría en el proceso", señala. Por ello, también apuntaron a la precarización laboral que viven los académicos en varios planteles, donde también han recibido reportes de despidos irregulares.

"Hay un problema grave de gestión que hace que todo este hostigamiento tenga cabida adentro. Esta situación se replica en otras universidades", recalca Bravo.

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La escueta respuesta del plantel

A través de una declaración pública, la Universidad de O'Higgins señaló que la medida de desvincular a las académicas fue adoptada "en el marco de la normativa legal que la rige y, por cierto, sobre la base de serios elementos de juicio, fue adoptada teniendo en cuenta los intereses superiores de esta casa de estudios".

A la vez, señalaron que Bravo y Figueroa están en su derecho de ejercer "los recursos administrativos y demás que consideren pertinentes. La Universidad considerará sus planteamientos con el mismo respeto que le merece la libertad de pensamiento y de expresión que es de su esencia, y los responderá con los fundamentos que estima dan razón de lo decidido y protegen los intereses institucionales".

"Por tratarse de temas que conllevan juicios de valor respecto de personas naturales, la Universidad considera que no debe tratarlos a través de los medios de comunicación social, sino por los canales administrativos y procesales que las investigadoras decidan recorrer", recalcaron desde el plantel, que no aceptó preguntas específicas al respecto.

En tanto, a través de una carta abierta firmada por 382 académicos y académicas, la Red de Investigadoras de Chile señaló que "las razones esgrimidas fueron evaluaciones de productividad científica y académica. Sin embargo, estas evaluaciones fueron realizadas por quienes estaban acusados en la denuncia interpuesta, a pesar del claro conflicto de interés existente".

A la vez, recalcaron que el sumario por acoso laboral fue sobreseído el 22 de noviembre y ambas fueron desvinculadas pocos días después. "Uno supone que en esos ocho días se realizó la evaluación, ratificación por parte de los vicerrectores y finalmente, la decisión de desvincular. Además, es importante hace notar que los laboratorios de investigación de esta universidad están en construcción".

Por último, llamaron a las autoridades del plantel a respetar el debido proceso, con evaluaciones transparentes, objetivas y conocidas por las académicas.

"¡Seguimos en alerta! No queremos creer que la frase 'antes nos quemaban por brujas y ahora nos despiden' sea una realidad en las universidades chilenas", escribieron.