Con absoluto desconocimiento, el gobierno –en una esquizofrenia estatal entre la cancillería, el ministerio del interior y el mismo presidente- plantea que firmar el Pacto Mundial sobre las migraciones implicaría una pérdida de soberanía. El canciller Ampuero planteó que cada país tiene el derecho a tomar sus decisiones en torno al tema migratorio. Además, el gobierno aseveró que este pacto obligaría a aceptar a migrantes “indeseados” (sin especificar a quien se refiere), y compartir los derechos sociales, suponiendo que los chilenos no deberían compartir derechos con quienes viven en Chile y nacieron en otros países.

El desconocimiento del gobierno impresiona o, quizás, es justamente parte de su estrategia. Este pacto que firmaron más de 180 países, y que junto a Chile se opusieron EEUU, Israel, Australia e Italia entre otros países con gobiernos de extrema derecha del centro-este de Europa, es más conservador en materia migratoria que casi todos los tratados internacionales que Chile ha firmado.

Este pacto vinculante, el cual parte del principio de soberanía de cada país tiene en torno a política migratoria, supone un compromiso de los firmantes para que esta política no sea arbitraria y que se respete los DDHH. O sea, mucho menos que las exigencias incorporadas en la Convención de Derechos Humanos (la que hoy cumple 70 años), la Convención Internacional de los Derechos de los migrantes y sus Familias, el acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo y las opiniones consultivas de las Corte Interamericana de DDHH, todos firmados y ratificados por Chile.

A nuestro juicio, la posición del Presidente Piñera respecto al tema migratorio es coherente con su accionar y discurso desde que son gobierno. Por un lado, no hacer caso a la información existente en la toma de decisiones. En este caso, al igual que como ha hecho respecto a las medidas respecto a requerimiento de visas y expulsiones, la medida política no responde a las exigencias de este pacto. Por otro lado, evidencia una clara intención de gobernar según el termómetro que (re)producen los medios de comunicación, evitando firmar un documento que parte de la sociedad podría interpretar como una medida que favorecería a los y las migrantes en Chile.