La cuantificación de los daños al patrimonio cultural suelen ser parte de un segundo capítulo en las estadísticas, luego de la ocurrencia de desastres. Las pérdidas en vidas humanas, obviamente, es la preocupación esencial. Progresivamente, sin embargo, la atención y el interés por contar con planes de protección del patrimonio cultural están creciendo. Esto, debido al rol que cumple el patrimonio, como parte de la cultura, en su capacidad de hacernos sentirnos parte de una comunidad con una identidad propia y particular.
Desde hace un par de décadas, Chile se ha comprometido a nivel nacional e internacional con la reducción del riesgo de desastre, lo que se ha traducido, por ejemplo, en la adhesión al Marco de Acción de Hyogo (2005-2015) y de Sendai (2015-2030), en la constitución de un sistema nacional de gestión del riesgo, la publicación de una política nacional de reducción de riesgo y la multiplicación de acciones e iniciativas a todas las escalas y en diversos sectores públicos y privados. Uno de los grandes avances conseguidos es el reconocimiento del carácter transversal del riesgo de desastre en todas las dimensiones del desarrollo. En un país, como el nuestro, expuesto a múltiples amenazas récords mundiales en intensidad y frecuencia, no se pueden concebir proyecciones sustentables de viviendas, infraestructuras, redes, desarrollo social, industrial o económico, sin integrar una mirada completa del riesgo, cambiando la actitud reactiva que nos ha marcado como país hacia una actitud proactiva.
Esa mirada y esa actitud deben considerar al patrimonio cultural como elemento esencial para el desarrollo sostenible. Tal como señala UNESCO en la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que Chile suscribió en septiembre de 2015, “hacer que la cultura desempeñe un papel central en las políticas de desarrollo no sólo constituye una inversión esencial en el futuro de nuestro mundo, sino que además es una condición previa para llevar a cabo con éxito procesos de mundialización que tengan en cuenta el principio de la diversidad cultural”.
Lo anterior es un desafío por cuanto implica iniciativas interdisciplinares e interinstitucionales. Para avanzar en esta tarea, desde el Programa de Reducción de Riesgos y Desastres, CITRID, de la Universidad de Chile, junto con otros actores académicos e institucionales, hemos impulsado una serie de encuentros en Chile e Italia, país del que tenemos mucho que aprender en materia de patrimonio.
Una de las primeras conclusiones es la necesidad de fortalecer los sistemas de información (en particular geográficos) para conocer y “reconocer” nuestro patrimonio, de manera de lograr una mayor coordinación de esfuerzos y disponibilidad de datos, tanto para los organismos técnicos, como para los tomadores de decisiones y la ciudadanía.
Junto a lo anterior, es indispensable reforzar nuestra institucionalidad y avanzar en la Ley que reforma la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI). Tenemos que dar pasos decididos en materia de habitabilidad transitoria y reconstrucción y en el reconocimiento del valor de la memoria en la reducción del riesgo.
En este desafío, las universidades tienen un rol preponderante en la investigación (antes del desastre) y en la producción de conocimientos y tecnologías para la reducción del riesgo de desastres. Así también en las fases de respuesta -por ejemplo, en la estimación de seguridad de edificios asumido en gran parte por escuelas de ingeniería y arquitectura- y en la reconstrucción con propuestas y análisis críticos de los procesos de reconstrucción y sistematización de información.
Mucho por hacer en un ámbito que a todas y a todos nos convoca: la protección de nuestro patrimonio ante los desastres, para avanzar hacia un desarrollo cada vez más sostenible
