En el último tiempo, hemos sido testigos de diferentes hechos que ponen en cuestionamiento el proceder del Estado y las visiones de algunos actores sociales y políticos en materia derechos humanos.
Partimos el 25 de julio con el ataque a un grupo de mujeres a raíz de su participación en la marcha a favor del aborto libre y la aparición en la escena digital del Movimiento Social Patriota, encendiendo las alarmas ciudadanas ante la presencia de movimientos neonazis en el país.
Luego, el informe de Naciones Unidas sobre la situación del Sename, el que devela la violación sistemática de los derechos de los niños que están a cargo del Estado chileno, seguido por las indignantes declaraciones de un ministro que proclamaba los “bingos” como estrategia efectiva para mitigar los problemas de infraestructura de los colegios públicos.
Después nos enteramos del fallo de la Corte Suprema que dejó en libertad a personas condenadas por delitos de violación de DDHH; un hecho que nos interpela como sociedad y Estado sobre cuánto hemos avanzado (o no) en la generación de mecanismos de reparación a las familias de las víctimas, y qué tanto hemos logrado en materia de justicia ante las atrocidades cometidas en Chile.
Así llegamos a los inéditos cuatro días de Mauricio Rojas como Ministro de Cultura, luego de su renuncia por la polémica que generaron sus escritos de hace dos años sobre la supuesta “mala memoria” y uso partidista que, a su juicio, es lo que representaba el Museo de la Memoria. Terminamos la semana con la nueva controversia del Subsecretario de Redes Asistenciales sobre su “falta de colaboración” en la investigación del asesinato del expresidente Frei Montalva.
Sin duda todos los hechos son escandalosos, y lo más preocupante es que apuntan a un Estado que viene dando señales de desprolijidad y debilidad a la hora de garantizar derechos fundamentales, a la vez de una suerte de desatino entre la realidad social y el discurso político gubernamental y en la idoneidad de quienes integran el gabinete del Ejecutivo nacional.
Sin embargo, no todo es negativo. Lo positivo de este escenario existe, y se evidenció en una sociedad activa, opinando y movilizándose para exigir que los actores de gobierno nos representen en la idea de contar con un nuevo contrato social, cuya fórmula son derechos y más derechos, como la esencia de una sociedad civilizada, que se respeta y aprecia por sobre todas las diferencias políticas partidarias.
Entonces, esta suerte de “crisis de los derechos” que vivimos estos días, se convierte en una oportunidad para generar cambios reales en la acción pública y las políticas a favor de una cultura de los derechos como forma de vida y de relación política. Mientras, habrá que seguir movilizados y participando, como la estrategia más efectiva para que avancemos en estos cambios necesarios.
