La ciudadanía votó por Piñera, un hombre rico. Aunque la mayoría de los chilenos seamos pobres y de clase media, el país apostó por la alternancia porque el gobierno de Bachelet no fue capaz de responder a las demandas de la ciudadanía. Sus iniciativas legislativas en defensa de la mujer y en favor de parejas homosexuales devolvieron dignidad a chilenas y chilenos, pero ello resulta insuficiente para quienes exigen mejores condiciones materiales para ejercer sus libertades individuales plenamente.

En efecto, la reforma educacional de Bachelet, que sólo entrega gratuidad hasta el 6º decil de ingresos, ha cerrado las puertas a un derecho social indispensable y sobre todo confirma el estrangulamiento financiero de las familias desde el 7º al 9º decil de ingresos (el 7º decil: tiene un promedio de ingreso familiar de $ 657.357 y el 9º decil de $1.117.065), en condiciones que los costos de la universidad varían entre $ 300 mil y $ 800.000, según el tipo de carrera. Así, los pobres y los sectores medios se sienten engañados, a lo que se agrega una reforma impositiva timorata que no permite otorgar educación gratuita a todo el estudiantado.

Algunos dicen que la culpa la tuvo el Congreso y otros que los responsables son los defensores del lucro existentes en la propia Nueva Mayoría. Sin embargo, la principal responsabilidad de la fragilidad de la ley de educación le corresponde a Bachelet, incapaz de liderar a la NM y sobre todo temerosa de aliarse al movimiento estudiantil para convertir las energías juveniles en una incontenible defensa del derecho social a la gratuidad. Sin la fuerza de la movilización social y con una NM en crisis la reforma a la educación hizo agua desde un principio.

Así las cosas, la debilidad de las reformas impositiva y de educación, pero también la incapacidad de la Presidenta Bachelet para poner orden en las instituciones armadas, corroídas por la corrupción, le restaron el apoyo de la ciudadanía. Y, más grave aún, la subordinación al mundo empresarial, con el caso emblemático de Soquimich, así como su nula iniciativa para modificar la ley de pesca, pusieron de manifiesto que su gobierno no tenía fuerza para independizarse de los dueños de Chile.

El gobierno Bachelet defraudó a la ciudadanía pavimentando el triunfo de Piñera.

Ya instalado el nuevo gobierno, con un fuerte apoyo electoral y una debilitada NM, no le resultaba difícil al Tribunal Constitucional, controlado por la derecha y los grupos económicos, declarar inconstitucional el artículo 63 de la ley de educación del gobierno Bachelet. Ahora, la ley emblemática de su gobierno les permitirá a los controladores de las instituciones de educación superior lucrar con el pago que les entregan los estudiantes todos los meses.

Así las cosas, el Tribunal Constitucional, de la misma manera como había frenado la ley con facultades sancionatorias del Sernac, operaba como una tercera cámara para legislar en favor de los negociados en la educación.

Todo se ve favorable para el gran mundo empresarial con el gobierno de Piñera. No sólo la actividad productiva y la banca, sino también el comercio, sin controles sancionatorios del Sernac. Para que los negocios prosperen aún más se anuncia una reducción impositiva en favor de las utilidades empresariales junto a la restitución el sistema integrado, lo que ampliará los beneficios de quienes controlan el gobierno.

Los discursos y esfuerzos iniciales de la Presidenta Bachelet, que anunciaban una rectificación del camino seguido por la Concertación, no se convirtieron en realidad. No esperábamos cambiara el sistema de AFP ni las arbitrariedades de la Isapres. Tampoco nos hicimos ilusiones con recuperar el cobre y el litio para beneficio de todos los chilenos. Sin embargo, alimentábamos un sueño: que el inalienable derecho a una educación gratuita para todos los jóvenes se convertiera en una realidad. Nos equivocamos.

Los que no pudieron transformar el país durante la inacabable transición deben abrir paso a esa nueva generación que ingresó a la política con las movilizaciones estudiantiles del 2011.