La Universidad Academia de Humanismo Cristiano es una institución con vocación pública, sin fines de lucro, con más de 40 años de historia, que durante los últimos años ha venido desarrollando una política institucional cuya perspectiva es el crecimiento y desarrollo como universidad compleja, ampliando su radio de acción en ámbitos como la vinculación con el medio, la investigación y el fortalecimiento de sus procesos.

En medio de esta política hemos tomado decisiones estratégicas, como la venta de una propiedad de la universidad -ubicada en Condell 506- para adquirir un nuevo recinto en la misma calle, que ofrece mejores condiciones para el desarrollo de nuestra gestión. Lejos de responder a problemas presupuestarios –como se ha querido difundir injuriosamente- el objetivo de estas decisiones es el crecimiento de la universidad y el mejoramiento de sus espacios para estudiantes y trabajadores.

La Academia es, y lo ha sido desde sus orígenes, una institución sin fines de lucro, mucho antes de que este tema se volviera noticia y exigencia legal, tal como se indica en los balances y auditorías que se publican a través de nuestra página web y que están a libre disposición de cualquier persona. De esta forma también, los sueldos se fijan de manera uniforme, debidamente reglamentados según los criterios expresados en el documento de carrera funcionaria y académica.

En el marco de este trabajo de formalización de procesos internos al que se sumaron todas las escuelas de la universidad, una parte de la Escuela de Derecho se ha resistido a realizar los cambios que esta formalización exige: cumplimiento de procedimientos estandarizados, escala de sueldos, cumplimento de horarios de trabajo, transparencia de la información, regularidad en la elección de sus autoridades. Todos estos cambios venían a transformar una cultura instalada por más de 10 años, tiempo en el que ejerció la dirección una misma persona, en contraposición a los procedimientos institucionales de elección biestamental para estos casos que se desarrollan en la universidad desde 2003.

En medio de estos problemas de gestión de la Escuela, en junio pasado es desvinculado el entonces director acusado de hostigamiento laboral, hecho que fue investigado por una comisión, en los plazos correspondientes y tal como indica el reglamento y la inspección del trabajo. Pese a esto, los estudiantes continuaron el paro y exigieron la salida inmediata del director y la designación de uno de su agrado, antes de que los afectados formalizaran su denuncia y se realizaran las investigaciones, lo que está completamente reñido con los procedimientos de la universidad y las normas del debido proceso.

Tras su salida se nombra a un director interino temporal, cuya tarea es la normalización institucional y académica de la Escuela: término del semestre, reposición de instancias democráticas cuyo funcionamiento había sido suspendido por algunos profesores de la propia Escuela, cronograma de tareas para la elección de un nuevo director, formalización de procesos internos, ajuste de sueldos de acuerdo a la normativa general de la universidad, entre otros.

Pese a que en varias ocasiones se llegó a acuerdo con representantes de estudiantes y con profesores -acuerdos que luego se desconocieron porque no existen representaciones formales sino vocerías- el paro continuó, esta vez con la exigencia de elecciones inmediatas de autoridades y no como parte de un proceso reglamentario que debía terminar hacia fines de este año con un nuevo director democráticamente elegido y un Consejo de Escuela conforme al reglamento, como nunca antes lo hubo en la Escuela.

La movilización se radicaliza y comienzan a registrarse una serie de actos de persecución y ataque contra profesores, funcionarios y estudiantes que no adhieren al paro: insultos públicos, funas, filmaciones sin consentimiento como forma de amedrentamiento, incluso realizadas en una asamblea del Sindicato de Trabajadores. Estas acciones llegan a un punto intolerable el 7 de septiembre, con la toma de la Casa Central de la universidad –hecho inédito en la historia de la Academia- y el impedimento de ingresar al recinto donde funcionan servicios clave para la institución, como rectoría, RRHH y el Centro de Atención Sicológica que atiende a cientos de pacientes.

Tal como lo indica el reglamento interno, los autores de dichas acciones –individualizados en el comunicado donde informan de esta medida- pasan a Tribunal de Disciplina y son citados a declarar en dos oportunidades, con notificación personal en el lugar registrado como último domicilio conocido informado por ellos. No concurren a la citación por lo que el Tribunal declara su expulsión por faltas graves y gravísimas a la convivencia universitaria, tipificadas en el Reglamento de Estudiantes. Según el mismo reglamento todos ellos pueden solicitar que se revise la decisión del Tribunal, algo que ya han expresado dos de los 8 estudiantes sancionados, solicitud que se espera formalicen en los próximos días.

En el contexto de la toma de la Casa Central, estos estudiantes presentaron en dos ocasiones un recurso de protección a la Corte de Apelaciones acusando vulneración de sus derechos y ambos fueron declarados inadmisibles. Mismo recurso interpuso la universidad por la ocupación del espacio y afectación de derechos, el que fue firmado por profesores, trabajadores y estudiantes, y acogido por la instancia legal.

En este contexto de normalización de la Escuela de Derecho se tomó la decisión de desvincular a tres profesores que no cumplían con el perfil necesario para enfrentar los nuevos desafíos de crecimiento y desarrollo que la universidad se ha fijado, y que mantenían a la Escuela en un estancamiento en áreas tan importantes como la investigación. Dicha decisión ha provocado el descontento de algunos profesores por hora de la Escuela, los que recientemente presentaron su renuncia. Lamentamos esta decisión, sin embargo la entendemos en un contexto de ajustes que han llevado a la Escuela a operar de manera distinta a como venía haciéndolo los últimos años, apegada ahora a procedimientos formales y transparentes, estandarizados para toda la institución.

En contraposición a estos 10 profesores renunciados y a este grupo minoritario de estudiantes -que se ha valido de todas las herramientas de coerción para imponer su postura- estas decisiones han sido respaldadas públicamente por todas las instancias democráticas de la universidad: Directorio, Sindicato de Trabajadores, Consejo Superior Universitario (instancia triestamental formada por representantes elegidos por la comunidad), decanos y consejos de las tres facultades, directores de todas las escuelas de la Universidad y asamblea de profesores de la Facultad de Ciencias Sociales.

Junto con esto, y pese a las múltiples acciones de amedrentamiento, que han incluido funas en los recintos de la universidad y amenazas verbales y públicas, durante esta semana se han realizado los exámenes de término del semestre de la Escuela de Derecho, con la presencia de más de 200 estudiantes.

Contamos con el respaldo de toda la comunidad universitaria y estamos ciertos que las medidas tomadas fortalecerán nuestra institución.