El pasado sábado 23 de Abril, un conjunto de organizaciones sociales nos reunimos en Temuco para llevar adelante la Marcha y encuentro Plurinacional por la Defensa del Agua y los Territorios. Convocados desde el Movimiento por la Defensa y Recuperación del agua, el encuentro y movilización fue  un espacio de articulación de intereses sociales donde se dio la instancia de dialogar en torno a él régimen de aguas,  TPP, política extractivista, soberanía alimentaria y economías locales entre otras temáticas que en el marco de la política de la transición y su mercantilización extrema de la vida determinan una compleja realidad en torno a profundización del extractivismo y el despojo en Chile.

Creemos fundamental que las organizaciones sociales y políticas nos demos espacios como estos que nos permitan compartir experiencias de luchas contrahegemónicas de diversas conflictividades que cultiven un nuevo imaginario de sociedad y en este caso, solidarizamos con la lucha por recuperar la soberanía de nuestras riquezas. Son luchas legítimas, que hoy se encuentran con el muro de la política transicional, en el marco de gobiernos pro empresariado, que en esta democracia antipopular, se han caracterizado por una fuerte expansión de la frontera del capital, un perfeccionamiento jurídico que profundizó la centralización política, económica y administrativa con notorio sesgo de clase en relación a la gestión de los bienes comunes y, la desarticulación de los sujetos y los actores sociales afectados por su usurpación. Se consolida la dinámica de la transición, desde una exclusión de sectores subalternos en la política, se pierde incidencia social, y dicha condición tiene una derivada compleja en torno a la capacidad de considerar democráticamente la disposición territorial y comunitaria, la cual es subordinada y modelada a las lógicas productivas hegemónicas.

Para el caso del agua, observamos que este orden político se expresa de manera clara en el Código de Aguas aprobado en el año 1981 y aún vigente. Es mediante esta ley que separó la propiedad del agua del dominio de la tierra transfiriéndole al Estado la prerrogativa de conceder los derechos de aprovechamiento de aguas a privados de forma gratuita y a perpetuidad, lo que creo un mercado donde se resuelve el acceso y se tranzan las aguas, instalando su concepción como mercancía, transformándolas en un bien privado y no de uso público. La consecuencia de aquello es la escasez hídrica, la sequía, la intervención usurpadora de territorios para privilegiar el consumo de mineras y transnacionales, y también delimitando el acceso de agua potable, a un problema técnico de “oferta- demanda” y de voluntad empresarial, poniendo trabas al acceso. En definitiva, se niega de manera tecnocrática su resguardo y control democrático por parte de las comunidades.

Nada distinto podemos ver en la lógica mercantilizadora que se observa en la educación o la salud, en el caso de los derechos sociales, o como por ejemplo, en el trato privatizador con la pesca, minería y bienes comunes en general. Es así, que la comunidad es re situada en el mercado, y donde hay mercado, no hay derechos, ni derecho, sino que mercancías. Hoy, para el caso del agua, el 90% de su propiedad, está en manos de privados, lo que evidentemente, compromete a la sociedad chilena en su conjunto.

Esto trajo consecuencias diversas, entre ellas que aún hay cientos de chilenos que no tienen acceso al vital elemento de manera permanente, siendo la falta de agua pan de cada día. La concepción del agua como una mercancía y no como un bien vital y común, sumado a la sobreconsumo industrial, al uso en la agricultura en la producción de monocultivos al cual se le privilegia, ha llevado a una situación de precarización del consumo potable y a un estado de colapso hídrico y ambiental. Situación que empuja una crisis de envergadura ecológica y sanitaria insospechada que ya se aprecia en valles, pampas, quebradas y ríos.

Hemos avanzado en construir un imaginario que supere los estrechos márgenes con que la transición ha construido la sociedad. En aras de transformar los distintos ámbitos privatizadores de nuestras vidas. La semana anterior nos movilizamos contra el TPP, el cual atenta con nuestra soberanía, el cual fue firmado de manera antidemocrática y poco transparente por parte del gobierno. Nos hemos movilizado contra la Ley de Pesca y la privatización de los peces. Nos movilizamos por la educación por hacer retroceder al mercado y que sea concebida como un derecho. Nos movilizamos por un país distinto, mientras la sorda política tradicional solo busca profundizar el sistema y no apostar a cambios sustantivos, empantanada en su charco de corrupción y cohecho, la sociedad queda entremedio, para salir de ahí, la respuesta es precisamente la constitución política de la resistencia, lo que desde el mundo autonomista hemos definido como la emergencia política del campo subalterno, es decir la construcción de un poder que no pueda ser ignorado en los términos que se presenta la política, en donde nuevos intereses sociales, nuestros intereses, dinamicen la construcción social.

Para que la vida de todas nuestras comunidades y ecosistema no dependan de otros, recuperando nuestra soberanía. La vida es bella cuando nos pertenece.