Más de 23 millones de salmones del Atlántico muertos y en descomposición abarrotan las balsas-jaulas de los centros de cultivos en las zonas del seno del Reloncaví, en la sureña ciudad de Puerto Montt, y en las áreas costeras del sur de Chiloé.

Estas mortalidades provienen de 38 centros de cultivo pertenecientes a 14 empresas salmoneras afectadas por una floración algas nocivas para estos peces que se engordan en cautiverio. Este proceso fue gatillado por los altos niveles de contaminación  con fósforo y nitrógeno -consecuencia  de la descomposición de fecas y alimento no consumido-, a lo que se suman entre otros factores, las altas temperaturas, la disminución de oxígeno disuelto en el agua y el aumento de la luminosidad.

Fuentes  de la industria y del sistema financiero señalan que las pérdidas van a equivaler entre el 15-20 % de los volúmenes de producción chilena estimada para el 2016. Esto tendría un costo que variaría entre los 500 a 800 millones de dólares.

 ¿Quiénes pagarán los costos de esta nueva crisis sanitaria y financiera de la industria salmonera?

Esta es la segunda megacrisis sanitaria, ambiental y social de la billonaria industria exportadora de salmones a sólo cuatro años de haber finalizado el anterior desastre provocado por el virus ISA.

Este duró entre el 2007-2010, y fue consecuencia de la introducción desde Noruega a aguas chilenas del virus de la anemia infecciosa del salmón (ISA, por sus siglas en inglés). Las pésimas condiciones ambientales y el mal manejo sanitario, generó mortalidades que alcanzaron el 60 % de la producción de salmón Atlántico, pérdidas por 5.000 millones de dólares y el despido de 26.000 trabajadores y trabajadoras. Frente a esto, el primer gobierno de Michele Bachelet ordenó el 2008 un salvataje para la industria  de 450 millones de dólares, el que contó con un 70% de aval del Estado.

Privatizando ganancias y socializando las pérdidas

Hoy al  igual que en la anterior crisis, los empresarios y transnacionales salmoneras están transfiriendo los altos costos ambientales, sanitarios y sociales de esta crisis , al Estado, al medio ambiente, a la salud pública regional, y a los intereses de las trabajadoras, consumidores y contribuyentes chilenos.

El primer anuncio del empresariado salmonero ha sido el próximo despido de  10.000 a 12.000 trabajadores y trabajadoras durante la primera mitad del año, ya que tendrían  estimaciones que las mortalidades totales podrían llegar a los 56 millones de salmones.

Durante las últimas semanas,  los lobistas de la patronal SalmónChile, con su presidente y ex subsecretario de pesca, Felipe Sandoval a la cabeza, junto  a los representantes regionales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la federación de trabajadores del salmón (Fetrasal), han comenzado a presionar  para que el gobierno se haga cargo de la re-inserción de los miles de trabajadores que serán despedidos en Puerto Montt, Chiloé y posiblemente Aysén.

A su vez, fuentes de la industria señalan que las áreas costeras de las regiones afectadas por el bloom algal se encuentran sufriendo procesos de emergencia ambiental. Ello como consecuencia de la emanación de ácido sulfídrico, producto de la descomposición de los millones de salmones. Por ello, la industria, utilizando al océano Pacífico que circunda la isla de Chiloé como vertedero industrial, ha contado con el respaldo del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y la Armada de Chile, para verter las mortalidades de peces en descomposición en una fosa submarina ubicada a 75 millas al norweste de este archipiélago

Es interesante destacar que tanto Sernapesca como la Armada, posibilitan este subsidio ambiental  para una industria que exporta el 98% de su producción, y que durante el 2014 generó 4.500 millones de dólares.

 A Chiloé revuelto, ganancias de salmoneros

Sin embargo no todas son malas noticias, ya que las los impactos de este florecimiento algal sobre el medio ambiente marino, la salud pública, los pescadores artesanales y trabajadores de los centros y plantas procesadoras salmoneras, son  música para los bolsillos de los empresarios. Esto  por el hecho que la mayoría de las empresas salmoneras tienen asegurados los peces que han muerto.

Por otra parte, la caída de la oferta salmonera chilena - equivalente al 6,8% del total global para el 2016, y del 1,6% para el 2017, generará  una menor producción de 180.000 toneladas, con la consiguiente  alza en los próximos meses de los precios internacionales del salmón en los mercados de Estados Unidos, Brasil y Europa.

 Especulación sube acciones de salmoneras

Expresión de la especulación bursátil es el hecho que a pesar de los millones de salmones muertos y la aguda contaminación que afecta a los centros de cultivo, las acciones de las grandes compañías afectadas están subiendo  en la Bolsa de Comercio de Santiago. Los títulos de la salmonera Australis se incrementaron  en un  44,9%, mientras Camanchaca lo hizo en un  35,2%; MultiExport en 29,9%; Blumar 23,6%; Invermar en 20%; y los precios de de Aquachile en un 7,5%.

El índice de compañías salmoneras que elabora El Mercurio, registró la semana pasada un alza del 21%, debido fundamentalmente a la especulación sobre una próxima  alza de los precios internacionales del salmón.

 El insustentable modelo industrial exportador de salmones

Para Ecocéanos, las recurrentes y millonarias crisis sanitarias, ambientales, financieras y sociales provocadas por los monocultivos intensivos de salmónidos en Chile “confirman que es una actividad insustentable, no equitativa e ineficiente, la que sólo se sostiene por el apoyo del Estado, la utilización creciente de dineros públicos, y de los subsidios indirectos aportado por el medio ambiente, la salud pública y el trabajo de las mujeres y hombres que laboran en los centros de cultivos y factorías de procesamiento. Esta mano de obra precisamente es sometida a condiciones precarias, tercerizadas, mal pagadas, y con escaso nivel de organización, lo que la convierte en las víctimas de las crisis salmoneras, junto a sus familias y comunidades”.

Para la organización ciudadana, “las billonarias ganancias que obtiene esta industria exportadora de matriz transnacional, no se ha traducido en bienestar para los ciudadanos, las comunidades costeras, trabajadoras y menos para las comunidades indígenas de las regiones donde operan estas empresas”.

“La sistemática destrucción del  patrimonio ambiental y sanitario acuático marino de la Nación, compromete la soberanía alimentaria y los intereses de las generaciones futuras”.

En la actualidad, una alianza de organizaciones ciudadanas, comunidades y organizaciones indígenas y movimientos sociales están exigiendo  al gobierno una moratoria a la destructiva expansión territorial salmonera en aguas chilenas, así como el control público sobre el opaco y corrupto accionar de los políticos y altos funcionarios del Estado que continúan beneficiando  con recursos públicos, modificaciones a las normativas sanitarias, ambientales y laborales, así como la entrega de recursos hídricos y de relocalizaciones de concesiones contaminadas, para esta insustentable industria que opera como un enclave económico en nuestro país.