¿Cómo eran las cosas antes de Estadio Seguro? El 28 de noviembre de 2010, Colo – Colo cayó por 2 a 1 frente a O’Higgins en el viejo estadio El Teniente de Rancagua, y dejó escapar frente a la Católica un título que tenía asegurado con siete puntos de ventaja a siete fechas del final. La barra brava alba arrancó los tablones de las añejas graderías y los lanzó a la cancha, enfrentándose dentro y fuera del estadio con las FF.EE. de Carabineros, que en ese tiempo custodiaban la galería. Siete meses antes, el garrero Iván Umaña, el Pantrxca de La Grecia, había muerto atropellado por el carro lanzaaguas en una calle de Macul, cuando iba a disputarse un clásico en la cancha David Arellano. En enero, las barras de la U y de Santiago Wanderers se habían enfrentado en Valparaíso, dejando 19 heridos. El 3 de abril de 2011, ambas barras volvieron a combatir, esta vez en el Santa Laura, y el partido se suspendió. El plan entró en vigencia el 30 de ese mes, con Cristián Barra a la cabeza

Dos son las líneas fundamentales de la estructura que los últimos gobiernos han utilizado para erradicar las barras bravas del fútbol nacional. Primero, el control corporal y de identidad de todos los asistentes: desde sistemas informáticos para la compra individualizada de entradas, hasta eternas cadenas de revisiones en el ingreso a los estadios. Segundo, la prohibición de los elementos de animación –bombos, banderas y pirotecnia- que, supuestamente, dan la razón de ser a los grupos de hinchas organizados (y violentos). Estas medidas generales han apuntado –se supone- a centrar el foco en el deporte y permitir un desarrollo tranquilo que “devuelva las familias al estadio”, mediante el aislamiento de los elementos problemáticos de la población de hinchas. El domingo, cuatro años y medio después de la implementación del plan, la Garra Blanca, que escondió un bombo por tercera vez en el mes, encendió bombas de humo y tronadores, entró a la cancha del Elías Figueroa, y terminó combatiendo en la cancha con los Panzers. Partido suspendido. Dos horas más tarde, Los Cruzados no aguantaron un enésimo segundo lugar y destruyeron el Bicentenario de La Florida, para luego salir a vandalizar las calles aledañas. Colo Colo fue campeón sin jugar y celebró en un estadio vacío la trigésima primera estrella que muchos de sus hinchas celebraron en autos y buses de vuelta a Santiago.

El otro cambio importante que se impuso en la gestión de las hinchadas, fue la desvinculación total entre la autoridad y los liderazgos de las barras. Hasta el 2010, tanto los clubes y sociedades anónimas deportivas como las policías, mantenían relaciones –económicas, organizativas, políticas, etc.- más o menos abiertas con las cabezas de las barras bravas. Relaciones no reguladas, pero estables, que en medio de vicios permitían la organización conjunta del espectáculo y algún grado de control interno en las hinchadas. El nuevo marco institucional y legal establece la ilegitimidad de las organizaciones de hinchas, eliminando la posibilidad de una interlocución entre los barristas, los organizadores, y los órganos de seguridad. Supuestamente, en la previa del día domingo, miembros de los Panzers habrían tenido planificado el enfrentamiento con los colocolinos tanto en el centro de Valparaíso como en el interior de Playa Ancha.

Por último, en la más concertacionista de las políticas, la seguridad ha dejado de estar a cargo del Estado para pasar a ser dominio de las empresas privadas. Carabineros se encarga de la calle, la seguridad particular de las galerías. ¿Cuál es la lógica? Que un espectáculo organizado por los privados debe ser cautelado por los privados. 20 minutos se demoró Carabineros en intervenir para detener los incidentes en el Elías Figueroa, pese a que actuando tempranamente probablemente hubiesen podido contener el conflicto. Mientras se escriben estas líneas, el gobierno ha salido a reconocer que debe dar pie atrás, anunciando el retorno de los efectivos policiales a los partidos que se jueguen en adelante.

Se prohibió el bombo, y el domingo entró el bombo. Se prohibió la pirotecnia, y el domingo entró la pirotecnia. Se prohibieron los lienzos, y proliferan en todos los partidos del campeonato. Se aumentaron las penas para los hechos de violencia, y estos siguen repitiéndose periódicamente. El fracaso es evidente y es total. La clase política y sus tecnócratas están tan perdidos, que la nueva medida a adoptar es que los encuentros de alta convocatoria se jueguen sin público. El Estado se reconoce como carente de respuestas y renuncia a la posibilidad de organizar un partido de fútbol con 40 mil personas en las tribunas, el mismo año de la Copa América. Pero, ¿por qué?

Los dos signos del Chile de Jaime Guzmán y la Concertación son la disociación total de la clase dirigente con una sociedad civil desmovilizada, y la estructuración de las políticas públicas para asegurar que las distintas esferas de la sociedad funcionen a través el negocio de los conglomerados empresariales. En el fútbol chileno, los intereses de éstos últimos están vinculados estrechamente con la rentabilidad del Canal del Fútbol, que depende obviamente de la acumulación de subscriptores de pago. Con un avalúo aproximado de 1000 millones de dólares, no es extraño ver que tanto las decisiones de los dirigentes de las Sociedades Anónimas Deportivas, como de los personajes políticos relacionados, apunten más hacia estimular la suscripción televisiva que a efectivamente devolver el público a los estadios. La decisión de jugar los partidos más importantes a puertas cerradas parecería confirmar esto, que es materia tratada ya incluso por el periodismo deportivo de los grandes medios.

Sin embargo, la aparente ineptitud de las medidas de seguridad y organización podría tener una base también en lo primero. La lógica discursiva y práctica de los planes de seguridad, y del actuar legislativo, judicial y policial, toma como punto de partida que existe un grupo minoritario de sujetos perversos que fuerzan códigos de violencia marginal dentro de una población de hinchas inocentes y tranquilos. Las expresiones como “inadaptados”, “mal llamados hinchas”, “los tontitos de siempre” son la muestra de esto en el discurso periodístico. El problema, entonces, sería identificarlos y removerlos cual manzanas podridas, dejando sólo a los ciudadanos felices en la galería. El derecho de admisión, las cámaras de seguridad y la venta individualizada de entradas son políticas orientadas a este fin, pero que en casi cinco años han demostrado ser totalmente inefectivas.

Por último, las nuevas reformas legales niegan jurídicamente la posibilidad de la existencia de hinchadas organizadas, entrando en franca contradicción con la realidad. La Garra Blanca cumplirá 30 años el 2016, aunque José Roa jure que no existe. Si el Estado es incapaz de generar un programa que reconozca las barras como una orgánica real, y con la cual es necesario trabajar, abordando sus virtudes y problemas ¿cómo puede pretender manejar las situaciones que? Las decisiones que no parten de la realidad, difícilmente lleguen a algo que no sea estrellarse de cara contra ella.

Para abordar en términos reales el problema de la violencia en los estadios, el Estado debe hacerse cargo de analizar el sistema social que reproduce relaciones y sujetos violentos. Simplemente marginar a los barristas condenados hará poco para transformar una lógica que se estructura en forma colectiva y permanente, desde la violencia sistémica y cotidiana en los barrios, hasta el actuar represivo de los agentes policiales en las localidades populares. Eso implica, entre otras cosas, ser capaz de entender críticamente el fenómeno de las hinchadas organizadas, evaluando los distintos elementos que las constituyen, y no partir simplemente de su negación total o su calificación como sujetos inadaptables. La gestión de los elementos de animación, sus formas orgánicas, los sistemas de prestigio, la vinculación con grupos del poder político-empresarial y con otras formas de crimen organizado, son aspectos diferenciables y susceptibles de ser analizados. Para ello, sin embargo, es necesario que Estadio Seguro y el Estado chileno en general transforme su lógica autoritaria, segmentaria y disociada del campo social, para integrar orgánicamente a los sujetos que constituyen la sociedad civil y encarnan los procesos y sistemas de relaciones que se espera transformar.