Las quiebras de Colo Colo y Universidad de Chile la década anterior detonaron el escenario ideal para acelerar y justificar los cambios en la institucionalidad del fútbol chileno. Nadie entonces se atrevía defender las viejas formas de administrar los clubes ni muchos apoyar a los cuestionados dirigentes que cayeron en desgracia. Al contrario, la mayoría apeló a un cambio en las reglas para dejar atrás el pasado en crisis.

La solución llegó desde el gobierno y los parlamentarios en concubinato con los siempre atentos empresarios, que en rápidos trámites legislativos el 2005 parieron la Ley 20.019 de Sociedad Anónimas Deportivas Profesionales.

La nueva ley prometía evitar la concentración de la propiedad de los clubes. Los empresarios arriesgarían su patrimonio y no – como pasó antes- el erario de los socios ni de las instituciones. Sus acciones de tranzarían en la bolsa y los nuevos entes deportivos se someterían a la “estricta” fiscalización del la Superintendencia de Valores y Seguros. Existiría por ley un certero control de gestión y desarrollo. Se profesionalizarían las administraciones y se desplegaría un negocio transparente para evitar manejos fraudulentos y el incumplimiento de leyes laborales sobretodo con los futbolistas.

Fuera del texto legal, pero con calculado interés y a modo de propaganda, los promotores de las SADP anunciaban a los cuatro vientos dejar atrás la etapa gris y con ello, la salvadora llegada de “prohombres” al fútbol. En definitiva, hacer de la “actividad” un negocio rentable, confiable y transparente con nuevos directivos. Esas fueron las promesas.

De esta forma, si antes los clubes eran controlados por dirigentes espurios desde el cambio de ley arribaron diversos empresarios al fútbol.

En el ramillete llegó de todo, a modo de ejemplo, en Universidad de Chile a través de Azul Azul SADP apareció como controlador José Yuraszeck, el mismo del millonario fraude en ENDESA conocido como Caso Chispas. También en los azules arribó Carlos Alberto Délano, hoy procesado por el Caso Penta, que implicó fraude al fisco, financiamiento ilegal a la política y cohecho. 

En Colo Colo, se sumó a Blanco y Negro SADP, el empresario Gabriel Ruiz Tagle que tras dejar el fútbol pasó a Instituto Nacional del Deporte en el mandato de Sebastián Piñera y por estos días se conoció que en su período en ByN se coludió con la CMPC en el llamado cartel del confort. Su caso está en los tribunales.

A la par y como buen corredor de la bolsa llegó a ByN Leónidas Vial empresario que está involucrado en el Caso Cascadas y que afectó con millonarias pérdidas a los fondos de los trabajadores en las AFP. Más tarde y en plena campaña presidencial también se sumaría Piñera al control de los albos.

En la UC, pese a mantener su vínculo con el club deportivo de la universidad, en 2009 la rama de fútbol se transformó en Cruzados SADP. Grupo directivo encabezado entre otros, por el ex diputado socialista y  ex presidente de Banco Estado, Jaime Estévez, cuestionado por aplicar comisiones a los clientes de las cuentas RUT y a su vez, por el millonario préstamo a Quiñenco del Grupo Luksic.

Unión Española SADP quedó en manos del empresario de la educación Jorge Segovia, que desde España mantiene el control del club, sin embargo, se fugó del país para evitar el procesamiento judicial en el caso de la acreditación fraudulenta de la Universidad Internacional SEK.

A poco andar el modelo SADP mostró algunos avances. Se regularizaron los contratos de los deportistas que por años no cumplían con la ley laboral. Se ordenó la administración de las finanzas y los sueldos se pagaron al día. Y si bien, al principio la propiedad de los nuevos clubes se diversificó vía transacciones bursátiles, incluso con hinchas que se transformaron en accionistas, al poco tiempo, ese factor se diluyó y todo quedó en bajo el control de los mismos grupos económicos que concentran la propiedad de otros negocios en el país.

La realidad del fútbol hoy es distinta y está en crisis. Más de 10 clubes debieron recurrir a préstamos de la ANFP, visados bajo cuerda por Sergio Jadue, para cumplir con sus compromisos financieros y salariales. Al menos dos equipos de regiones son controlados por prestamistas que se adueñaron de sus activos.

La asistencia de público a los estadios bajó dramáticamente a un promedio en el Torneo de Apertura 2015 de sólo 5 mil personas por partido. Se mantienen los niveles de inseguridad en los estadios con incidentes violentos iguales o peores que en la época previa a las SADP. Y peor aún, continúan hasta hoy los vínculos entre los directivos de clubes y barras bravas.

La producción del fútbol cuenta con un ayuda clave del Estado, pues el negocio deportivo bajo el control de Sociedades Anónimas utiliza en su gran mayoría estadios fiscales. Salvo la remodelación de Santa Laura, Monumental y Las Higueras, bajo el actual modelo de SADP no se ha construido ningún recinto deportivo de propiedad privada. Otra promesa no cumplida.

Las SADP por definición se constituyeron en empresas con fines de lucro, sin embargo, están agrupadas en la ANFP, un organismo que por ley no puede lucrar. Anomalía que no fue detectada en el cuerpo legal y que en la práctica permite a los dueños del fútbol administrar su millonario negocio con una fórmula –a la chilena- que está fuera de la ley.

El Canal del Fútbol negocia sus contratos de servicios de transmisión con ChileFilms, empresa que en 2014 recibió $ 3 mil millones por la producción de 287 partidos. En este millonario negocio Cristián Varela es juez y parte por su condición de directivo del fútbol y como propietario de la productora audiovisual. A su vez, la venta del CDF está en el aire hasta que no se resuelva el escándalo de corrupción en la ANFP bajo la era de Sergio Jadue.

Los éxitos deportivos de la selección no se han reflejado en la competencia local. El bajo nivel del torneo no sólo se refleja en las escasas figuras en cancha, sino también, en los magros resultados internacionales que condenan a los equipos chilenos a campañas mediocres en torneos continentales, salvo el título de Universidad de Chile en la Sudamericana 2011.

Mientras más investiga más se destapan irregularidades en la ANFP, en la Conmebol y en la FIFA. En Chile, la eficiencia, la transparencia y el control de gestión que prometía la ley de SADP no se hizo extensiva al organismo de Quilín. En sus propias narices y por qué no decir con la venia de los propietarios de los clubes, la corrupción hizo y deshizo en la “industria” fútbol. Si se piensa bien, no resulta simple pedir explicaciones a Jadue, Jaque y compañía, cuando los papeles no están del todo limpios en varios de los controladores de las SADP.

Con la crisis desatada urge un cambio de ley que implique un control efectivo de gestión. Mayor transparencia en la administración de los clubes. Límite en la concentración de la propiedad de las SADP. Generación de mecanismos legales para incorporar a los socios como controladores de sus clubes. Impedir la propiedad de los clubes a personas implicadas en delitos civiles y penales acreditados por la Justicia. Mayor y efectiva fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros a las SADP.  Sanciones efectivas a los actos de corrupción. El gobierno y el parlamento tienen la palabra.

Marcelo Bielsa en su ya célebre discurso-conferencia de despida adelantó los tiempos duros  que se le avecinaban al fútbol chileno una vez consumada la movida que digitó Sebastián Piñera para sacar a Harold Mayne Nicholls de la ANFP. El DT argentino apuntó al fondo del asunto y tras examinar las historias de quienes controlaban las SADP anunció que el destino de Sergio Jadue no terminaría bien. Sus inventores, bien gracias, para ellos la crisis del fútbol es una piedra en el camino en sus negocios. ¿Y qué fue de las promesas?, esas siguen en eso, en promesas.