Luis Silva recibió a dos hijos de Nelson Haase Mazzei, condenado por el asesinato de Víctor Jara. Uno aportó a la primera campaña presidencial de Kast.
A más de una semana del comienzo de una verdadera tormenta para el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera Luis Silva, luego de que se conociera que ambas autoridades concedieron rebajas a narcotraficantes, abusadores y violadores de menores, y ex uniformados acusados de delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar, durante horas de esta tarde el caso cobró su primera víctima.
Según trascendidos de prensa, el presidente Kast decidió remover al subsecretario Luis Silva. La decisión llegó luego de que durante la noche del jueves, la ahora ex autoridad de Justicia, publicara un video explicando las razones detrás de la firma de decretos. No obstante, la pieza audiovisual no habría contado con la autorización de La Moneda.
Sin embargo, y aunque su nombre —según pudo conocer este medio, no está en los decretos— hay una serie de antecedentes importantes respecto al caso, aun cuando Silva deja la cartera. A finales de septiembre, el exsubsecretario de Justicia , Luis Silva, recibió en una reunión de una hora a Felipe Haase y Christian Haase, en representación de su padre, Nelson Haase Mazzei, condenado en 2023 por el asesinato del Víctor Jara.
Haase, de 80 años, se encontraba prófugo al momento en que la Corte Suprema, en 2023, dictó su sentencia de 25 años de presidio por su responsabilidad en el secuestro y homicidio del cantautor chileno y el entonces director nacional de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal.
Finalmente, el condenado —y el único de los sentenciados que no se encontraba cumpliendo la pena— fue detenido por la Policía de Investigaciones en julio de este año. Tras la captura, la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, ordenó su ingreso inmediato a la cárcel.
A poco más de dos meses desde su ingreso, su hijos se reunieron con el exsubsecretario Luis Silva con la finalidad de "exponer la situación de su padre oficial de Ejército en retiro, de 80 años de edad, quien se encuentra cumpliendo condena en el Complejo Penitenciario Alto Bonito".
Los hijos del ex militar, según consta en el registro de la reunión, plantearon antecedentes relacionados al estado de salud y las condiciones asociadas al cumplimiento de su condena. No obstante, en el registro de la audiencia no hay mayores detalles de la finalidad de la reunión.
La instancia también contó con la participación de una tercera persona: Carola Oyarzún. La mujer expuso la situación de su padre, un sargento segundo de Carabineros en retiro, de 76 años, que se encuentra cumpliendo su condena. Oyarzún presentó antecedentes acerca de la salud de su progenitor, argumentando que padecía de diabetes avanzada y un "diagnóstico previo" de cáncer de colon. Pese a que se hicieron las averiguaciones correspondientes, no se pudo confirmar la identidad del ex uniformado.
Según pudo conocer El Desconcierto, el nombre de Haase Mazzei no está en los decretos firmados por Rabat y Silva, no obstante, cabe mencionar que aquellos difundidos en medios de comunicación solo contemplan tramites entre marzo y el 13 de septiembre de 2026. Por lo que, considerando la fecha de la reunión no se descarta que posterior a la reunión se haya presentado una acción judicial.
Este medio tomó contacto con la Subsecretaría de Justicia para consultar respecto a la finalidad que tuvo esa reunión y si existe alguna tramitación judicial en torno a la causa. Hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.
La familia Haasen es dueña de una serie de empresas, algunas de ellas en la Región Metropolitana, como Muebles y Decoraciones Haase Limitada, firma constituida por Nelson Haase Mazzei y sus hijos Álvaro y Christian Haasen Blaña, este último quien se juntó con el subsecretario de Justicia.
Sin embargo, la familia también cuenta con una fuerte presencia en el sur del país, con negocios en la industria lechera y agrícola. Allí Christian Haasen es representante legal de Lecherías Unidas SpA, con domicilio en Osorno, donde figuran una serie de empresarios más. En la misma ciudad, también es parte de Lechería Osorno SpA.
En Puyehue es parte de la Sociedad Agrícola Vertientes de Rupanco Limitada, junto con otros miembros de la familia. Dicha empresa recibió, a través de fondos concursables y subsidios, un total de $87,4 millones provenientes del Estado entre 2010 y 2022. Los dineros constan en el Registro 19.862, y el monto más significativo fue en 2017 cuando la sociedad recibió $46 millones por un Proyecto Asociativo de Fomento de Corfo destinado a Lecherías Unidas, firma de la que la familia Haasen también es parte.
El Desconcierto revisó todos los gastos y aportes de las campañas correspondientes a elecciones entre 2021 y 2025 para dilucidar si alguna candidatura recibió fondos de estas personas. Tras ello, se constató que Felipe Haase Blaña, uno de los hijos del condenado y que se reunió con Luis Silva, aportó, en su calidad de persona natural, $30.000 a la primera campaña presidencial de José Antonio Kast. Cabe destacar que una empresa privada no puede financiar campañas electorales directamente por lo que, de haberlo hecho, tampoco constaría en los registros.
Otro de los datos llamativos extrapolados de la revisión fue en la campaña de consejeros constitucionales de 2023. En aquella elección, figura un aporte de Daniel Villar Haase, primo hermano por línea materna de Nelson Haase Mazzei, a la entonces presidenta del consejo, la abogada republicana Beatriz Hevia. El monto destinado fue de $200.000.
El encuentro con la familia Haasen no fue el primero del exsubsecretario Luis Silva con la familia de un condenado. El 16 de abril de 2026, poco más de un mes después de su arribo al ministerio, recibió a Edith Gajardo y Carolina Fuentes, familiares de Miguel Gajardo Quijada.
Gajardo Quijada fue condenado en febrero 2024 luego de que la Corte Suprema confirmara su pena de diez años y un día de presidio por el asesinato de los militantes del MIR, Alejandro Salgado Troquián y Hugo Ratier Noguera. Él, junto a otros 21 ex agentes de la CNI, fueron sentenciados como autores y cómplices de un falso enfrentamiento en Quinta Normal el 7 de septiembre de 1983.
Pese a que la resolución del máximo tribunal fue en febrero de 2026, no fue hasta septiembre de ese mismo año en que el criminal comenzó a cumplir su condena, ya que se encontraba prófugo de la justicia. Desde entonces se encuentra en el Centro Penitenciario Colina 1.
La familia de Gajardo Quijada se reunió con el subsecretario para señalar que durante el íntimo año habrían percibió un "endurecimiento de en los criterios relativos a los elementos autorizados para ingresar al centro penitenciario". En concreto, ropa, medicamentos y alimentos.
Asimismo, las mujeres manifestaron que el interno "habría perdido diversas atenciones de salud, previamente agendadas en el Hospital Militar, por falta de vehículos de traslado". Por último, acusan que la lista de elementos permitidos para ingresar al establecimientos habría sido restringida.
El Desconcierto tomó contacto con personal de Gendarmería para conocer si durante el último año o a inicios de 2026 los criterios relativos al ingreso de bienes cambió, a lo que negaron alguna modificación de estos.
Al igual que en el caso de Haasen Mazzei, no se pudo comprobar si estas gestiones terminaron en algo más, ni cuál fue el impacto de las reuniones en la situación de los recluidos. De la misma forma, desde la subsecretaría tampoco hubo respuesta a nuestras consultas.
