La Fiscalía Centro Norte y su unidad anticorrupción investigan al ministro Rabat y al subsecretario Silva, mientras parlamentarios piden su renuncia al cargo.
Ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrenta querella por beneficios a condenados por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Créditos: Agencia UNO.
Este viernes, la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera, Luis Silva, por un eventual delito de prevaricación administrativa, en el marco de la rebaja de condenas a reos por delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes.
La denuncia fue interpuesta por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) el pasado lunes y posteriormente, el día jueves, acudieron a la Fiscalía para solicitar la designación de un fiscal especializado para que dirija las indagatorias, debido a la sensibilidad del tema.
Finalmente, el persecutor regional designado fue Francisco Jacir Manterola, que trabajará junto al técnico de la Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especializada Centro Norte.
La prevaricación administrativa es un delito penal tipificado en el artículo 228 del Código Penal, el cual castiga a todo empleado público o autoridad que dicte a sabiendas una resolución manifiestamente injusta o arbitraria en un asunto contencioso-administrativo o meramente administrativo.
En términos sencillos, se configura cuando quien ejerce una función de poder en el Estado actúa con dolo directo, ignorando de manera deliberada y flagrante el marco jurídico vigente para emitir decretos, actos o dictámenes ilegales, anteponiendo su voluntad o interés particular por sobre la obligación estricta de aplicar la ley.
Frente a la apertura de la causa penal, el diputado Juan Santana enfatizó la gravedad sin precedentes del escenario: “Por primera vez en la historia reciente de Chile tenemos un ministro de justicia imputado. (...) Lo que el gobierno quiso cerrar como un error hoy se investiga como un posible delito".
En una línea concordante, el diputado Luis Cuello recalcó la necesidad de responsabilidades políticas inmediatas en el Ejecutivo: "Ambas autoridades dictaron decretos ilegales, otorgaron rebajas de condena a pederastas cuando existía una norma expresa que lo prohibía”.
Finalmente, "acá se ha hecho un daño enorme a las víctimas de delitos sexuales, se ha hecho un daño a los niños y niñas de Chile”, concluyó el parlamentario.
