El Hospital San Borja Arriarán contará con menos recursos para operar, una deuda millonaria observada por Contraloría y obras que costarán $97 mil millones.
Hospital San Borja Arriarán
Los inminentes recortes anunciados por el Ministerio de Salud (MINSAL) ponen en un escenario complejo al Hospital San Borja Arriarán. El recinto no solo deberá operar con $1.100 millones menos para financiar parte de sus funciones, sino que además enfrenta una deuda que asciende a los $32 mil millones y el inicio de una reconstrucción que tardó años en materializarse.
La situación adquiere especial relevancia considerando que el hospital atiende a más de 700 mil personas y que buena parte de los recortes se concentrarán precisamente en áreas vinculadas al funcionamiento cotidiano de los recintos asistenciales.
En concreto, el Hospital San Borja Arriarán tendrá $1.100 millones menos para llevar a cabo sus operaciones. La reducción afecta a los subtítulos 21 y 22, correspondientes a gasto en personal y bienes (21); y servicios de consumo, es decir, insumos clínicos, material quirúrgico, entre otros (22).
Según pudo conocer este medio, la distribución del recorte en el caso del mencionado hospital sería de $419 millones en el subtítulo 21 y $762 millones en el subtítulo 22.
La preocupación no surge únicamente por el ajuste presupuestario. Fueron precisamente esas partidas las que estuvieron bajo observación de Contraloría a finales de 2025, cuando el organismo detectó una serie de problemas que desembocaron en el denominado “bicicleteo” de una deuda que hoy asciende a los $32 mil millones.
En su informe, el órgano contralor describió que el hospital dejó de realizar 136 atenciones de consultas ambulatorias en los servicios de endodoncia, gastroenterología y neurología debido a falta de insumos médicos o deficiencias de infraestructura.
Ante esa situación, la subdirección médica explicó que la escasez de insumos se produjo por el retraso crónico de pagos a los proveedores que suministran dichos bienes. Sin embargo, para Contraloría el problema era más profundo.
La entidad fiscalizadora detectó que el servicio de pabellón no contaba con un sistema de control que identificara con exactitud qué insumos específicos, instrumentales incompletos o equipos fallidos provocaron la suspensión de las cirugías. Asimismo, sostuvo que gran parte de la deuda que el Hospital San Borja Arriarán omitió declarar corresponde al ítem de “bienes y servicios”. Es decir, se recibieron los insumos pero no se contabilizó la deuda generada.
Cabe destacar que la morosidad informada a Contraloría fue de $18 mil millones, pero el órgano concluyó que los libros no registraron otros $14 mil millones en deuda.
Por dicho informe, se solicitaron una serie de respuestas al hospital. El Desconcierto tomó contacto con el recinto para plantear consultas acerca de su realidad financiera y el estado de las observaciones formuladas por Contraloría, a lo que explicaron que el MINSAL era el encargado de responder. Hasta el cierre de este artículo, la cartera no contestó nuestra pauta.
La falta de recursos no es un escenario nuevo para los hospitales públicos. De hecho, en 2025 gran parte de ellos agotaron sus recursos en octubre, lo que complejizó la última recta del año.
En ese contexto, el Hospital San Borja Arriarán ya enfrentaba dificultades financieras antes del anuncio del ajuste presupuestario. En 2024 ocupaba el segundo lugar entre los hospitales de alta complejidad con mayor deuda del país, alcanzando los $12 mil millones.
Ahora el desafío es mayor. El recinto deberá mantener su funcionamiento con normalidad mientras intenta contener una deuda que hoy alcanza los $32 mil millones, absorber un recorte presupuestario y comenzar una reconstrucción avaluada —de momento, debido a que los precios pueden aumentar durante las obras— en $97 mil millones.
Es precisamente la coincidencia de estos tres factores lo que ha encendido las alarmas en organizaciones de la salud. Los gremios advierten que el funcionamiento de los recintos, el tratamiento de ciertas patologías y la calidad de las intervenciones podrían verse afectados, aun cuando desde el Gobierno descartan ese escenario.
Durante esta semana, la ministra de Salud, May Chomali, defendió el recorte y afirmó que la salud pública “no tendrá menos presupuesto que en 2025”. En la misma instancia, adjudicó responsabilidad a la gestión de los recursos y agregó que los directores de hospitales no están haciendo bien su trabajo.
Sumado a lo anterior, la titular señaló que a una serie de directores “los cambiamos apenas llegamos. Acabamos de no renovar Alta Dirección Pública a otros directores de servicio, lo mismo están haciendo ellos con sus directores de hospitales, en que se les ha pedido la renuncia”.
Francisca Crispi, presidenta del COLMED de Santiago, comentó a El Desconcierto que “hemos sido claros en que cada peso destinado a salud pública debe utilizarse de la mejor manera y en beneficio directo de la población. Compartimos la necesidad de avanzar hacia maximizar la productividad hospitalaria, pero también hemos sido enfáticos en que los recortes impulsados desde el Ministerio de Hacienda, sin lógica sanitaria alguna, no son el camino”.
Respecto del Hospital San Borja Arriarán, Crispi sostuvo que “hemos visto de cerca —a través de nuestro capítulo médico y nuestro rol gremial— los enormes esfuerzos realizados para optimizar recursos y sostener la atención en medio de un largo y complejo proceso de reconstrucción”.
Asimismo, enfatiza que desde las organizaciones de la salud existe la “total disposición” para revisar y diseñar en conjunto medidas que fortalezcan la eficiencia. Sin embargo, subraya que “estos recortes se traducen en precarizar aún más un sistema que ya inicia el año desfinanciado, y afectan la atención de pacientes en este y otros hospitales”.
Pero la incertidumbre no se limita a los gremios.
En conversación con El Desconcierto, el exministro de Salud Enrique Paris sostuvo que “la reducción presupuestaria del Ministerio de Salud genera una legítima preocupación ya que se requiere conocer dónde recaerán concretamente los recortes y si existirán efectos reales sobre la gestión clínica de la red de salud, con listas de espera que superan los tres millones de registros”.
En la misma línea, añadió que el ajuste “pone una fuerte tensión estructural entre las urgentes necesidades sanitarias que tiene el país con las actuales restricciones fiscales”.
Como se ha dado a conocer, los principales recortes estarían enfocados en partidas relacionadas con insumos médicos, material quirúrgico y contratación de personal.
Sobre este punto, Paris advierte que “sabemos que se pueden reducir los gastos administrativos, pero no los recursos destinados al funcionamiento hospitalario, a los pabellones, al equipamiento, medicamentos o la contratación de personal sanitario”.
“En ese contexto, el recorte debería estar focalizado en donde se encuentran los mayores niveles de ineficiencia y problemas de gestión específicos, y no aplicarlo de manera amplia y transversal sobre todo el sistema de salud”, puntualiza.
Las declaraciones de Chomali respecto a la responsabilidad de los directores de hospitales contrastan con la situación del Hospital San Borja Arriarán, cuyo director fue recientemente ratificado en el cargo pese al complejo escenario financiero que enfrenta el recinto.
De hecho, el 22 de enero pasado fue renovado por Alta Dirección Pública (ADP) por un periodo de tres años más a cargo del hospital.
Su regreso como director se materializó en 2023 luego de una polémica salida del Servicio de Salud Metropolitano Central, entidad que dirigió de manera subrogante desde 2021.
En ese entonces, según un reportaje de T13, Wilhelm habría sido parte de un caso de presunto “tráfico de influencias”. Concretamente, se acusaba que el ahora director del San Borja Arriarán habría presionado al director de la Ex Posta Central para reintegrar a una enfermera contratada en 2017 y que, por cinco años, no trabajó en el recinto de salud, amparándose en licencias médicas y luego optó por teletrabajo.
La enfermera era Claudia Ramenzoni y en ese entonces era cónyuge de Cristián Gutiérrez Tapia, quien ejercía como Jefe de Relaciones Laborales del MINSAL.
El episodio cobra relevancia en medio del debate impulsado por la propia ministra Chomali respecto al control de ausentismos y la necesidad de fortalecer la trazabilidad en el sistema público de salud.
Si la deuda y el ajuste presupuestario representan dos de los desafíos que enfrenta actualmente el Hospital San Borja Arriarán, la reconstrucción constituye el tercero.
El incendio que afectó al recinto en 2021 se transformó en uno de los principales problemas para la administración hospitalaria. Tras el siniestro se procedió al arriendo de una serie de modulares prefabricados mientras se gestionaba la reposición de la infraestructura dañada.
Finalmente, y según dio a conocer este medio hace un año, la instalación de modulares se transformó en la tónica del hospital, llegando a desembolsar, hasta ese entonces, más de $1 mil millones a la empresa proveedora Tecnofast.
La primera licitación para reconstruir el recinto finalizó en octubre de 2024 tras declararse desierta. Fueron solo dos las oferentes y el principal problema radicó en que el precio presentado alcanzaba los $93 mil millones, cifra superior en un 67% a los $66 mil millones disponibles.
Tras el fallido proceso fue el Servicio de Salud Metropolitano Central quien tomó las riendas de una nueva licitación.
En marzo pasado los trabajos fueron adjudicados a Sacyr Chile por un monto de $97 mil millones. Sin embargo, producto del escenario nacional e internacional, la cifra podría aumentar dependiendo de las condiciones del mercado.
Así, el Hospital San Borja Arriarán enfrenta simultáneamente tres desafíos de gran magnitud: una deuda observada por Contraloría que alcanza los $32 mil millones, un recorte presupuestario de $1.100 millones y una reconstrucción cuya ejecución recién comienza.