A 4 años del incendio del Hospital San Borja Arriarán: Mil millones en modulares, licitación desierta y obras sin iniciar

Más de cuatro años han pasado desde el incendio que afectó gravemente al Hospital San Borja Arriarán, el 30 de enero de 2021. El siniestro, originado en un área administrativa del tercer piso, no dejó víctimas fatales, pero sí generó severos daños en la infraestructura. El Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), uno de los sectores más afectados, operó durante un año a solo un 30% de su capacidad.

En noviembre de ese mismo año, el Estado aprobó un presupuesto de $48 mil millones para la reconstrucción del CDT y el área de Placa. La entonces presidenta del Colegio Médico, Francisca Crispi, advirtió que “el incendio significó un esfuerzo enorme del personal, que ha debido atender en condiciones muy lejos de las óptimas, especialmente en el Centro de Especialidades”.

Para suplir la falta de infraestructura, se arrendaron hospitales modulares y carpas. Sin embargo, lo que inicialmente era una medida transitoria, hoy se ha vuelto parte del funcionamiento habitual del hospital. En 2022, la doctora Mónica Campos, presidenta del capítulo médico del recinto, alertaba: “Ponemos todo de nuestra parte, pero no pueden dejarnos durante dos años como si todo estuviera resuelto”.

Pese a que un decreto del Ministerio de Hacienda estableció que las obras de reconstrucción se realizarían entre 2022 y 2023, con un presupuesto de $27 mil millones anuales, a la fecha el grueso de los trabajos aún no comienzan.

Una licitación desierta y la construcción en stand by 

De acuerdo con información obtenida por Ley de Transparencia, la reconstrucción del hospital contempla tres etapas. La primera, un Estudio Preinversional Hospitalario (EPH), que concluyó en agosto de 2021. 

La segunda, correspondiente al rediseño de los sectores siniestrados, proceso que fue adjudicado vía licitación pública a la oficina de arquitectura MM-AC, responsable de proyectos como la fiscalía de Illapel y la Contraloría Regional de Coquimbo. Ese proceso finalizó en 2023 y costó poco más de $582 millones. Sumado a eso, se desembolsaron $11 millones en permisos de edificación ante la Municipalidad de Santiago.

Finalmente, la tercera etapa consiste en la ejecución de las obras, pero la licitación levantada en diciembre de 2023 se declaró desierta en octubre de 2024. La única oferta fue de la empresa Moller & Pérez-Cotapos en conjunto con Dragados S.A., no obstante, superaba en un 67% el presupuesto estimado por el hospital: $93 mil millones frente a los $66 mil millones disponibles.

Desde el Hospital San Borja Arriarán explicaron que la licitación ahora se encuentra en proceso de revaluación por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO). En concreto, se trata de una Recomendación Satisfactoria, proceso en donde la cartera realiza observaciones para asegurar que la inversión fiscal sea bien utilizada. 

La cartera dirigida por Javiera Toro emitió observaciones técnicas y administrativas. Entre los requerimientos figuran informes actualizados, presupuestos detallados, permisos vigentes y una nueva evaluación socioeconómica. 

La respuesta a las consideraciones emitidas por el MIDESO debían ser atendidas por el Servicio de Salud Metropolitano Central, organismo que entregó la documentación el 22 de mayo. Por otra parte, pese a que la subsecretaría cuenta con diez días hábiles para responder, según explican, la respuesta podría emitirse antes del plazo legal dada la urgencia del caso.

A través de Mercado Público se revisaron todas las licitaciones de los últimos siete días de organismos intervinieres en este proceso, y se pudo constatar que la nueva licitación aún no se encuentra disponible. 

Más de mil millones en modulares

Desde mayo de 2023, la empresa Tecno Fast S.A. ha sido la encargada de proporcionar los módulos donde hoy se atienden cientos de pacientes y trabajan los funcionarios del hospital. Según información obtenida por El Desconcierto, el gasto total en arriendos alcanza los $1.038 millones, mientras que el monto disponible para este ítem asciende a $1.567 millones.

Tecno Fast es una firma chilena especializada en soluciones modulares con más de 30 años de experiencia. Su propiedad está repartida entre TF Inversiones y Servicios S.A. (60%) e Inder SpA (40%). Su directorio incluye figuras como Cristián Goldberg, José Luis del Río (conocido por su participación en  Falabella y Sodimac) y Felipe Larraín Tejeda.

Entre 2022 y el primer semestre de 2024, la empresa ha experimentado un sostenido crecimiento en ingresos, principalmente por el aumento de contratos ligados al arriendo de infraestructura temporal. En 2023, facturó más de $302 mil millones, con un margen EBITDA —indicador financiero que refleja el beneficio de una empresa previo a restar elementos como el impuesto, intereses por deuda contraída, entre otros— de 29,6% y una reducción en su nivel de endeudamiento.

Este medio consultó a Tecno Fast sobre los impactos de esta licitación en su modelo de negocios, así como detalles técnicos de los módulos utilizados, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.

Funcionarios: hacinamiento, desgaste y carencia de protocolos

Aunque hasta la fecha el hospital ha logrado suplir la carencia de infraestructura con el arriendo de modulares, para los trabajadores no ha sido fácil cumplir con sus funciones en estos espacios y el desgaste se ha hecho notar. 

Paola Labra, miembro de una de las dos Fenats que confluyen en el Hospital San Borja Arriarán, comenta a El Desconcierto que la situación al interior del recinto hospitalario es “pésima”. Esto debido a que, según relata, los funcionarios se encuentran hacinados en los modulares, causando un desgaste en los trabajadores. 

Producto del poco espacio del que disponen los container, es que se habilitó una carpa que funciona como sala de espera la cual, pese a que cuenta con calefacción, sigue sin ser suficiente. 

“Llevamos 8 años con el mismo director, 8 años en que no se ha avanzado, se ha retrocedido en realidad. Y la verdad que esto suma y sigue, porque no solamente son los containers: hay que reconstruir la torre del hospital que se está cayendo, se están atendiendo los pacientes sin tener agua caliente, no tenemos agua caliente en este minuto”, cuenta Paola Labra. 

Asimismo, la trabajadora acusa que hace 7 meses no han podido concretar una reunión con el director del hospital, Jorge Wilhelm, lo que conllevó a que acudieran directamente al Servicio de Salud Metropolitano Central para dar solución a las problemáticas que los aquejan. 

Además, el último sistema frontal provocó la inundación de módulos nuevos pertenecientes al Instituto Chileno-Japonés. A juicio de la funcionaria, la precariedad estructural y la falta de planificación agravan el escenario: “Estamos apilando containers uno sobre otro, sin saber a dónde evacuar en caso de incendio o terremoto”.

La graves deficiencias detectadas por la Contraloría 

La crisis del San Borja Arriarán no es nueva. A fines de abril, la Contraloría General de la República entregó los resultados de una investigación que abarcó desde agosto de 2020 hasta septiembre de 2024, a raíz de una solicitud del senador Juan Luis Castro (PS).

El informe detectó filtraciones de aguas servidas, sistemas eléctricos sin certificación, presencia de roedores, insalubridad generalizada y un alto riesgo de incendio. El senador sostuvo que “la Contraloría ha corroborado todas las denuncias que hicimos junto a los médicos de la UTI. Exigimos sumarios sanitarios y medidas urgentes”.

La doctora Francisca Ríos, jefa del Servicio de Medicina Central, aseguró que “desde 2020 se nos garantizó que el sistema eléctrico era seguro, pero hoy sabemos que eso era falso. Se han expuesto vidas humanas y se requieren correcciones inmediatas”.

Por su parte, el director del hospital respondió que el establecimiento “ha tomado medidas concretas para garantizar un entorno seguro”, indicando que se han “reforzado los protocolos de mantenimiento preventivo y correctivo”. 

El Desconcierto solicitó al hospital información financiera actualizada y medidas adoptadas frente a los emplazamientos de los funcionarios, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.