De símbolo de privilegio a cárcel común: La historia de Punta Peuco, la prisión para violadores de derechos humanos
Ubicado en Tiltil, a 44 kilómetros de Santiago, el penal Punta Peuco fue construido en 1995 bajo el gobierno del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, específicamente para albergar a militares, carabineros y exagentes de inteligencia condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.
Desde su creación, fue concebido como un recinto especial, con condiciones diferenciadas del resto del sistema penitenciario, con base en un decreto supremo que justificaba este trato por “la particularidad de sus condiciones personales”.
El penal ha albergado históricamente a más de un centenar de hombres, en su mayoría mayores de 60 años, varios con enfermedades crónicas.
Todos han sido condenados por delitos cometidos entre 1973 y 1990, incluyendo torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Según cifras del Ministerio de Justicia, a abril de 2024 el penal tenía 139 internos. Aunque su capacidad original era de 130 plazas, tras el cierre del penal Cordillera en 2013 —ordenado por Sebastián Piñera— Punta Peuco recibió a nuevos reos, con lo que se instalaron módulos tipo contenedor con espacios compartidos que incluyen living, comedor, baño, biblioteca, terrazas, y sala de televisión.
Estas condiciones han sido constantemente cuestionadas por organizaciones de derechos humanos, parlamentarios y sectores de la sociedad civil, que lo califican como un “penal VIP”.
En 2015, una visita parlamentaria permitió constatar que los internos podían cerrar con llave sus habitaciones, disponer de teléfonos públicos con horarios y normas, y gozar de amplios espacios comunes con sillones, televisión y facilidades superiores a las de otros recintos del país.
El anuncio del gobierno: Transformación a penal común
Fue el propio Presidente Gabriel Boric quien, en su tercera Cuenta Pública, anunció que el recinto dejará de tener categoría especial.
“Era otro Chile y desde mi punto de vista no existe justificación para ese privilegio”, dijo al recordar su creación en 1995.
“He instruido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos modificar el decreto que creó dicho establecimiento, abandonando su condición de especial y transformándolo en un penal común”, remarcó.
El cambio no implica el cierre del recinto, sino la modificación legal de su estatus para permitir que Gendarmería tenga mayor flexibilidad en su uso, como ocurre con el resto de las cárceles del país.
Según explicó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, “al tener un establecimiento penal de tipo especial eso limita las facultades de Gendarmería para una debida segregación. Lo que se está haciendo con esto es ampliar esas facultades para que puedan destinar ese penal para aquellas personas que lo requieran por sus condiciones de salud, pero no necesariamente por el tipo de delito que cometieron”.
El gobierno planea dejar afinado el nuevo decreto antes del término del mandato, sin necesidad de pasar por el Congreso, ya que se trata de una medida administrativa.
Si bien una futura administración podría revertir el cambio, el ministro Gajardo afirmó que no existen razones técnicas ni de política penitenciaria para justificar la existencia de penales especiales.
Su par, el ministro Luis Cordero, subrayó que la medida no busca revancha, sino justicia e igualdad en el sistema penitenciario: “Esto no es una medida simbólica, es una medida de gestión penitenciaria”, sostuvo en radio ADN.
Respaldo y críticas desde el mundo político
El anuncio generó diversas reacciones. Desde la derecha, el diputado Johannes Kaiser (PNL) calificó la medida como una “campaña de venganza” y habló incluso de una “violación de derechos humanos” contra adultos mayores.
Desde Renovación Nacional, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, acusó al gobierno de alimentar la polarización con una medida que, en su opinión, “no ayuda en nada”, argumentando que todos los reos del penal tienen más de 80 años.
Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, cuestionó que este fuera uno de los anuncios más aplaudidos por la izquierda, señalando que “no tiene nada que ver con las prioridades de los chilenos”.
Y Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, lo consideró un “saludo a la bandera” en medio de una crisis penitenciaria que, a su juicio, requiere más cárceles, no menos.
Por el contrario, en el oficialismo la medida fue ampliamente respaldada. El senador comunista Daniel Núñez celebró el fin del “penal VIP”, mientras que la diputada Carolina Tello (FA) aseguró que “ningún criminal de lesa humanidad merece privilegios”.
Para Gonzalo Winter (FA), también precandidato presidencial, el anuncio es coherente con la grave crisis penitenciaria que enfrenta el país: “No tiene sentido que haya privilegios para violadores a los derechos humanos”, afirmó.
Desde la Democracia Cristiana, el presidente del partido, Alberto Undurraga, sostuvo que la transformación “tenía que pasar en algún momento” y valoró que el Ministerio de Justicia haya realizado los estudios técnicos necesarios para proceder.
Intentos anteriores y un símbolo de la transición
El caso de Punta Peuco ya había generado controversias anteriores. En marzo de 2018, la expresidenta Michelle Bachelet ordenó su cierre en las últimas horas de su segundo mandato.
Sin embargo, su ministro de Justicia, Jaime Campos, se negó a firmar el decreto aludiendo razones de conciencia y cuestionando la legalidad del procedimiento.
El episodio se convirtió en una de las mayores controversias del cierre del gobierno de Bachelet, quien más tarde declaró: “Di la orden. No se pudo. No me hicieron caso”.
Según el exministro Campos, no firmó el decreto porque no fue elaborado por su ministerio y porque su conciencia se lo impedía.
“¿Puede alguien obligarme a ejecutar actos que violenten mi conciencia y que violenten la Constitución y las leyes?”, planteó en un video difundido años más tarde.
En 2023, en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, parlamentarios oficialistas propusieron convertir Punta Peuco en un centro para reclusas embarazadas o con hijos pequeños, argumentando que la cárcel estaba sobrepasada y que varios exuniformados condenados por los mismos delitos ya se encontraban cumpliendo penas en otras cárceles como Colina 1.
Una decisión en medio de la crisis carcelaria
El gobierno ha insistido en que esta decisión también responde a la necesidad de mejorar la gestión carcelaria.
Actualmente, el sistema penitenciario chileno alberga a más de 51.000 personas privadas de libertad, pese a que solo existen cerca de 42.000 plazas habilitadas, según cifras entregadas por el Ministerio de Justicia.
Esto ha generado graves niveles de hacinamiento, falta de acceso a agua potable, carencia de programas de reinserción, y condiciones sanitarias precarias en múltiples recintos, como lo ha documentado el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
En contraste, Punta Peuco ha mantenido condiciones muy superiores, tanto en infraestructura como en régimen interno.
El anuncio del gobierno busca cerrar esa brecha, bajo una lógica de igualdad ante la ley. La ministra vocera subrogante, Aisén Etcheverry, lo sintetizó así: “No se trata solo de justicia, también de gestión. Y de terminar con una diferencia que claramente ya no se sostiene”.
Con la modificación del decreto ya en marcha, el futuro de Punta Peuco como penal común parece sellado.
Pero su historia, cargada de simbolismos, privilegios y controversias, sigue siendo una herida abierta en la memoria reciente del país.
