Para muchos en el oficialismo fue “sorprendente” la respuesta del Ministerio de Justicia. En respuesta a un oficio enviado por parlamentarios oficialistas en que se solicitaba el cierre del penal Punta Peuco y adaptarlo para mujeres privadas de libertad que estén embarazadas, la cartera liderada por Luis Cordero afirmó: “Atendida la situación de sobrepoblación que actualmente enfrentan los establecimientos penitenciarios en todo el país (…) no aparece como conveniente impulsar medidas que impliquen el cierre de establecimientos o el traslado masivo de personas privadas de libertad entre distintos recintos penales”.

Cordero ahondó en la respuesta dada al Congreso asegurando que la negativa para avanzar en una medida de esta índole se debía a dos razones. Por una parte la sobrepoblación carcelaria y, por otra, las malas condiciones en que se encontraría el penal.

“En Punta Peuco hay 135 privadas de libertad, y en el caso de Colina 1, donde también hay personas que cumplen condena por delitos de lesa humanidad, son 181; en ambos lugares hay sobrepoblación. En segundo lugar, Punta Peuco está en una zona de la cual carece de agua (...) Los pozos con los que se abastecían a Punta Peuco están secos por lo que hoy el penal se abastece con camiones aljibe. Eso explica que esa zona, desde el punto de vista penitenciario, no haya podido ser densificada”, explicó Cordero. 

En esa línea, el titular de Justicia afirmó que “cerrar ese establecimiento o cualquier otro en el país, es relativamente imposible”.

Por otra parte, el ministro abordó la posibilidad de trasladar mujeres privadas de libertad que sean madres o estén embarazadas: “La decisión del Ejecutivo en el caso de madres y mujeres embarazadas es que ellas no deberían estar en prisión y por lo tanto estamos impulsando el proyecto de Protección Materna Infantil, que lo que busca es que estas mujeres puedan cumplir sus condenas mediante mecanismos alternativos”. 

Molestia oficialista escala

Sin embargo, la negativa del secretario de Estado no cayó bien en el oficialismo. Diputados del sector lamentaron la decisión del Ejecutivo y reclaman que es un deber del Ejecutivo avanzar en el cierre del penal, sobre todo, considerando que fue un compromiso de campaña del Presidente Gabriel Boric. 

Requerido por El Desconcierto, el diputado y presidente de Acción Humanista (AH), Tomás Hirsch lamentó la decisión del gobierno asegurando que “llevamos demasiado tiempo intentando que se cierre ese penal (...) Esto forma parte del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric y nosotros esperamos que antes que termine este periodo de gobierno, ese penal se cierre, porque su existencia es una irregularidad de la democracia”.

“No es posible que quienes violaron los derechos humanos, que están presos por delitos de lesa humanidad, gocen de condiciones privilegiadas en relación al resto de la población penal. Nosotros no queremos ni buscamos venganza, simplemente buscamos que ellos cumplan sus penas en las mismas condiciones que el resto de la población penal; sin ningún tipo de privilegio como el que han gozado durante ya demasiado tiempo”, aseguró el diputado.

Consultado si es que en su rol de presidente de partido expresará esta molestia al Ejecutivo, Hirsch sostiene que “en la reunión del Comité Ampliado con la ministra del Interior (Carolina Tohá) yo aspiro a tener el espacio para manifestar mi diferencia de opinión, que creo que es compartida con otros presidentes de partido. Es el gobierno el que tiene la facultad de tomar este tipo de decisiones. Pero aspiro a que se considere la voz de los partidos políticos para que se cumpla lo que estaba establecido en el programa de gobierno”. 

El jefe de bancada de diputados PS, Daniel Melo, sostiene a ED que el socialismo “siempre ha planteado la necesidad de revisar esta cárcel exclusiva para los criminales de lesa humanidad de la dictadura de pinochet y creemos que se debe avanzar en el cierre, buscarle otro tipo de usos a este recinto como se ha planteado”.

Asimismo, el diputado socialista dijo no compartir los dichos del ministro Cordero y que este tipo de decisiones “no deben realizarse por cálculo electoral, sino por principios”.

“Hoy el llamado es a que el gobierno pueda reconsiderar esta decisión, porque creemos que están dadas las condiciones para avanzar en el cierre definitivo del penal”, concluye Melo.