Durante la jornada, se dio a conocer que 131 internos del centro de detención Punta Peuco presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago acusando sufrir violaciones a los derechos humanos tras la decisión de Gendermería de restringir la cantidad de visitas. 

El 3 de junio se limitó la entrada de visitas, estableciendo un máximo de 10 personas, las 'más importantes' según escoja cada condenado por delitos de lesa humanidad, para que quedaran inscritas al sistema.

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Con el recurso de amparo, buscan que esta medida sea revertida, pese a que esta se aplicara desde 2020 por Gendarmería en otros recintos penitenciarios, con excepción de Punta Peuco. 

La abogada de los reclusos condenados por delitos contra los DDHH en dictadura, Carla Fernández, calificó esta medida como un "acto inmotivado, arbitrario e ilegal" que además, "afecta la dignidad" de los condenados porque "hace más duras y complejas las condiciones en que se desarrolla la vida de ellos”. 

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Si bien Gendarmería justificó la medida como un actuar dentro de sus atribuciones, los condenados manifiestan que constituye "un maltrato o tortura hacia los internos afectados". 

La Corte de Santiago pidió a Gendarmería redactar un informe que esclarezca la situación. 

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