La inestabilidad asociada a las emergencias climáticas y a otros desafíos del presente, como son los del mundo laboral, cuidados, etc, requieren de un Estado que esté a la altura.
Con más de 104.000 personas aisladas por las lluvias y el sistema frontal, la búsqueda de soluciones sostenibles para techumbres se vuelve una urgencia.
Mientras escribo esto, el sistema frontal más intenso en casi 40 años sigue su curso y se cuentan cerca de 100.000 personas aisladas, 10 compatriotas fallecidos y miles de damnificados. El daño económico está por verse, con un balance parcial de US$400 millones en agricultura, viviendas y obras públicas, además de las pérdidas en comercio y pequeña minería.
Sabemos que de natural este fenómeno tiene cada vez menos. De acuerdo a la ONU los eventos de origen climático pasaron de 3.656 entre 1980-1999 a 6.681 entre 2000-2019. Todo indica que los hogares en Chile, sus bienes y la infraestructura pública seguirán enfrentando condiciones como la de estos días.
La pregunta es si estamos construyendo un Estado robusto, capaz de responder a tiempo en planificación ante el riesgo climático, la prevención y la respuesta oportuna ante estos eventos. El intenso trabajo de los gobiernos locales como primera línea de respuesta, la notable labor de Senapred y funcionarios públicos de diversos servicios, sostenida con más voluntad que presupuesto, expresa de manera muy clara la necesidad de contar con más y mejor Estado.
Sin embargo, hoy el gobierno se posiciona en la vereda contraria a lo que demandan las familias afectadas y autoridades locales, a lo que a todas luces es sentido común.
Buena parte de los municipios más golpeados por este sistema frontal son también los que menos capacidad financiera tienen para responder por sí solos, para actuar en las primeras horas que son las que salvan vidas. A casi siete días de iniciado el temporal, la presencia de autoridades del nivel central en las regiones más afectadas ha sido escasa, y no existen anuncios de ayudas que alivien a los hogares.
Frente a los desafíos de planificación urbana y ambiental para prevenir el impacto de estas catástrofes, las autoridades de gobierno incluído el propio presidente, han justificado la construcción sobre humedales. Los humedales no son un obstáculo: son infraestructura de mitigación gratuita. Protegerlos y exigir estudios de riesgo serios antes de construir no es ambientalismo de nicho, es prevención de desastres —mucho más barata, en vidas y en plata pública, que la reconstrucción.
Lo mismo ocurre con la comunidad científica, capaz de trabajar en respuestas de largo plazo, a la que desfinancian. Lo hacen en un profundo desconocimiento del país que dirigen y en un tono que desprecia las certezas que como sociedad hemos construido al respecto. Y como si fuera poco, buena parte de su comunicación ante la emergencia delega la responsabilidad de cuidarse en cada ciudadano.
La inestabilidad asociada a las emergencias climáticas y a otros desafíos del presente, como son los del mundo laboral, cuidados, etc, requieren de un Estado que esté a la altura. Uno que llegue a tiempo, que acompañe y entregue certezas a chilenos y chilenas. Todo esto cuesta, y ahí la megarreforma del Gobierno de Kast atornilla al revés.
Mientras el país cuenta a sus muertos y sus casas destruidas, el Ejecutivo consiguió en el Senado rebajar el impuesto corporativo de 27% a 23% e invariabilidad tributaria por 25 años para las grandes inversiones: un compromiso fiscal de largo plazo que le quita al Estado, por adelantado, los recursos para financiar justamente lo que estamos discutiendo. Con los votos del PDG, la megarreforma está ad portas de convertirse en ley.
La misma reforma golpea directo a los municipios: la exención de contribuciones para los mayores de 65 años les quita una fuente de ingresos propios, y aunque el Gobierno prometió compensarla vía Fondo Común Municipal, alcaldes de oposición y oficialismo —agrupados en la Asociación Chilena de Municipalidades— han advertido que esa compensación no está garantizada.
El contraste es claro. La celeridad, el sentido de urgencia y un futuro de estabilidad garantizada es para las rentas de las grandes empresas. Para todos los demás, “hágalo usted mismo”, promesas vagas de crecimiento y recuperación de empleo, un Estado que se retira y debilita cuando más lo necesitamos.
No se trata de un Estado más grande porque sí, sino de un Estado con las capacidades correctas en el lugar correcto: gobiernos locales con más financiamiento y servicios públicos fortalecidos, así como una institucionalidad ambiental y urbana que salven vidas.
