La pensionada recurrió a tribunales tras años cuestionando cobros de Enel y quedar sin suministro mientras disputa una deuda de $3,3 millones.
Enel Distribución / Agencia Uno
La Corte de Apelaciones de San Miguel tramita el recurso de protección de una pensionada de 72 años contra Enel Distribución Chile y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), en una disputa por una deuda eléctrica que llegó a $3.315.358 y que, según la afectada, se arrastra desde los últimos meses de vida de su marido.
La controversia, que comenzó varios años antes de llegar a tribunales, reúne reclamos administrativos, refacturaciones, cortes del suministro y gestiones ante la SEC.
La mujer sostiene que durante todo este tiempo ha intentado determinar cómo se originaron los montos que comenzaron a aparecer en sus cuentas y que terminaron acumulándose en una deuda millonaria.
El conflicto alcanzó un punto crítico en agosto de 2026. Según los antecedentes judiciales, la pensionada quedó sin suministro eléctrico desde el 10 de ese mes.
El 14 de agosto interpuso personalmente un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra Enel Distribución Chile y la SEC, solicitando además una orden de no innovar para conseguir la restitución de la electricidad mientras se resolvía la acción.
Cuatro días después, la Corte de Santiago determinó que no era competente para conocer el caso, debido a que los efectos del acto denunciado se producían en San Miguel.
Los antecedentes fueron enviados al tribunal correspondiente y el 26 de agosto ingresaron a la Corte de Apelaciones de San Miguel. La causa continúa vigente y en tramitación.
Pero para la afectada la historia había comenzado mucho antes. En entrevista con El Desconcierto, recordó que su marido —quien padecía cáncer y falleció en noviembre de 2022— era quien se ocupaba de pagar las cuentas de la casa y ya había advertido variaciones después del cambio desde un medidor análogo a uno digital.
“Había unos meses en que salía muy baja la cuenta y otros que salía alta”, relató. Incluso durante sus hospitalizaciones, agregó, él intentaba mantenerse al día con los servicios básicos. La mujer resume ese periodo con una frase que todavía marca su relato: “Él se murió esperando solución”.
Tras el fallecimiento de su marido, según contó a este medio, la situación se volvió todavía más difícil. En noviembre de 2022 enfrentó un primer corte asociado a un cobro cercano a $400 mil, cifra muy superior a las cuentas habituales del domicilio, que, de acuerdo con su relato, rondaban los $40 mil o $42 mil.
Después aparecieron nuevos montos. La pensionada recuerda alrededor de $508 mil en diciembre y $1.390.388 en enero de 2023, relacionados con cobros que le fueron explicados como consumos que anteriormente no habrían sido facturados.
Desde entonces, asegura, una de sus principales preguntas ha sido cómo se determinaron esas cifras. “¿Qué bases de cálculo tenían? ¿Qué periodos exactos me estaban cobrando?”, planteó durante la entrevista con El Desconcierto.
La mujer comenzó a recurrir a la SEC en diciembre de 2022 y, según su relato y los antecedentes entregados a este medio, durante los años siguientes presentó distintos reclamos relacionados con la facturación y el suministro.
Los documentos de la SEC correspondientes a agosto de 2026 muestran que el conflicto seguía abierto. El 11 de agosto quedó registrado un “reclamo por saldo anterior que se desconoce”.
Allí se consignó que la ciudadana pedía analizar su boleta de julio porque se había realizado una refacturación de los montos inicialmente reclamados, pero todavía quedaba “una cifra importante como arrastre”. También solicitó información y una nueva refacturación en caso de corresponder.
Dos días después se abrió otro incidente ante la SEC, esta vez por problemas con el pago. En el registro se dejó consignado el relato de la usuaria: el 7 de agosto no habría podido pagar el suministro; el 11 llamó a la compañía y le habrían informado una prórroga hasta el 6 de septiembre; posteriormente, según esa misma constancia, ingresó un reclamo por el corte y los montos de la boleta.
El 18 de agosto, otro documento de atención ciudadana registró que existía una resolución de la SEC respecto de la cual la empresa aún no daba cumplimiento y que la mujer llevaba ocho días sin suministro.
La pensionada relató a El Desconcierto que anteriormente se había revisado su medidor y que no se habría constatado una manipulación.
También aseguró que, durante parte de la controversia, continuó pagando cifras cercanas a su consumo habitual, las que posteriormente aumentaron debido al alza de las tarifas.
Según su testimonio, pasó de desembolsar alrededor de $40 mil mensuales a aproximadamente $70 mil, y pudo realizar su último pago el 8 de julio de este año.
Su decisión de acudir a tribunales se produjo después de años de gestiones administrativas.
El 27 de agosto, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel aceptó la competencia que había declinado la Corte de Santiago y declaró admisible el recurso.
Además, ordenó solicitar informes a las recurridas dentro de cinco días. La resolución fue pronunciada por los ministros Carlos Cristóbal Farías Pino y Edwin Danilo Quezada Rojas, junto al abogado integrante Adelio Misseroni Raddatz.
Al día siguiente se produjo una decisión relevante para la pensionada. La Segunda Sala de la Corte, integrada por la ministra María Alejandra Rojas Contreras, el ministro suplente Hernán Bernardino García Mendoza y la abogada integrante Yasna Otárola Espinoza, concedió la orden de no innovar solicitada.
“Atendido el mérito de los antecedentes, se concede la orden de no innovar solicitada. Comuníquese por la vía más rápida”, estableció la resolución del 28 de agosto.
Los antecedentes judiciales muestran además que ese mismo día, a las 13:29 horas, un ministro de fe comunicó por correo electrónico la resolución a la recurrida. En esa notificación se indicó expresamente: “Se ordena su inmediato cumplimiento como recurrido”. La SEC también recibió la comunicación judicial.
Sin embargo, el 2 de septiembre la mujer volvió a presentar un escrito ante la Corte, esta vez para informar que continuaba sin suministro eléctrico. En el documento sostuvo que la orden de no innovar no se había materializado y solicitó al tribunal adoptar medidas para conseguir su cumplimiento efectivo.
La falta de electricidad, contó en entrevista con El Desconcierto, transformó aspectos básicos de su rutina. “No puedo comprar los alimentos que compraba por una semana, ya no lo puedo hacer porque no tengo cómo refrigerarlo”, relató.
También explicó que su calefón necesita electricidad y que ha debido buscar alternativas para lavar su ropa y realizar otras actividades cotidianas.
“Entonces es toda una dignidad mancillada”, sostuvo.
De acuerdo con su testimonio, sus hijas comenzaron a ayudarla con el lavado de ropa y, en los primeros días, también con las duchas. Un vecino instaló posteriormente un alargador desde su vivienda, lo que le permite disponer de energía limitada en la cocina, cargar teléfonos y utilizar ampolletas recargables.
También asegura haber gastado cerca de $280 mil en dos reparaciones del refrigerador y haber enfrentado problemas con el motor del portón eléctrico. En su presentación judicial, además, señaló que durante el periodo sin suministro tuvo que desechar alimentos perecibles y que distintos artefactos del hogar resultaron dañados.
Mientras la orden de no innovar se encontraba vigente, ocurrió un nuevo episodio que la pensionada decidió informar a la Corte.
Según su presentación, una ejecutiva de Enel la llamó debido a sus reclamos ante la SEC y Conadecus y le ofreció un convenio para pagar en 48 cuotas los $3.315.358 que forman parte de la controversia.
El escrito sostiene que la ejecutiva habría señalado que la empresa efectuó los ajustes instruidos por la SEC y que estos se encontrarían correctamente realizados.
También habría ofrecido gestionar un denominado “convenio social” para personas pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares.
Se trata de afirmaciones consignadas por la recurrente en su presentación y sobre las cuales todavía no existe una sentencia definitiva que resuelva el fondo del conflicto.
La pensionada rechazó esa alternativa. “¿Cómo voy a hacer un convenio para pagar eso?”, explicó posteriormente a El Desconcierto. Para ella, aceptar cuotas implicaría asumir una obligación cuya procedencia precisamente está intentando discutir.
La recurrente acompañó además a la causa un mensaje que atribuye a la ejecutiva: “Fiscalía Enel, no ha recibido la orden judicial de reponer su servicio eléctrico hasta ahora”. Ese antecedente fue puesto en conocimiento del tribunal porque en el expediente consta que la orden había sido comunicada por la Corte el 28 de agosto.
En su escrito del 2 de septiembre, la mujer pidió que Enel Distribución restituya inmediatamente el suministro —proponiendo un plazo de 24 horas—, que no condicione la reposición a un convenio o al pago de la suma discutida mientras permanezca vigente la medida cautelar y que posteriormente informe documentalmente la fecha y hora en que se concrete.
Y según señaló a este medio, el suministro se le repuso el día viernes 4 de septiembre.
La lucha, dice, también ha tenido costos personales. Durante la entrevista recordó que en mayo de 2025 sufrió una caída cuando se dirigía a realizar trámites ante la SEC, episodio que terminó con una lesión en un codo y gastos médicos que, según calcula, superaron los $700 mil.
“Es constante, es como una condena”, dijo al describir los años que lleva intentando resolver el problema.
Hoy el recurso todavía está en tramitación, por lo que no existe una sentencia definitiva que determine si la deuda es correcta o improcedente ni que establezca responsabilidades finales de Enel Distribución o de la SEC. La orden de no innovar constituye una medida cautelar adoptada mientras se analiza el fondo de la acción.
Pese a los años de reclamos y a continuar enfrentando el conflicto, la pensionada asegura que seguirá adelante. En conversación con El Desconcierto definió así la desigualdad que siente al enfrentar el proceso: “Me siento como David contra Goliath al tratar de pedir justicia frente a una empresa tan grande”.
Y al pensar en otras personas mayores que puedan encontrarse frente a cobros que consideran incorrectos, sintetizó lo que espera conseguir después de este recorrido administrativo y judicial: “Buscar justicia, buscar la legalidad de nuestros derechos, exigir que se respeten los derechos”.
