La idea de que debemos elegir entre medio ambiente y crecimiento económico es una falsa dicotomía. La normativa ambiental no es una abstracción sin sustento, sino el marco que permite a la ciudadanía respirar aire limpio, acceder a un entorno sano e incentivar un desarrollo sin disminuir los estándares.
Foto de la marcha medioambiental en el día del agua / Agencia Uno
Chile es reconocido mundialmente por su capacidad para resistir grandes sismos. Esta resiliencia no es casual: es el resultado de aprendizajes que se tradujeron en políticas y normativas de construcción estrictas que nadie cuestionaría bajo el pretexto de facilitar el acceso a la vivienda.
Sería muy difícil argumentar que el bienestar ciudadano aumentaría si relajáramos los estándares de seguridad estructural, pues el riesgo físico es evidente.
Sin embargo, en el debate político actual ha surgido la idea de que la protección del medio ambiente es una postura ideológica, sin sustento real y que por ende impone restricciones innecesarias a la construcción, proyectos,e infraestructura - además de otras actividades productivas - disminuyendo así el bienestar de las personas.
Esta visión ha motivado el retiro inicial de 43 decretos de toma de razón de la Contraloría por parte del Ejecutivo. Es necesario recordar que estos documentos no son decisiones improvisadas. Bajo la legislación vigente todas las materias ambientales requieren que cada decreto recorra un largo camino de anteproyectos, consultas ciudadanas, análisis técnicos, revisiones de ministerios sectoriales y revisiones jurídicas, donde la Contraloría es solo el último paso.
Es decir, son procesos que duran años y que, precisamente por su complejidad, buscan garantizar la legalidad y solidez de la norma. Este estricto camino para diseño regulatorio sólo ocurre en materias ambientales, haciendo más preocupante el retiro de decretos ambientales de parte del actual gobierno.
Un caso crítico es la postergación de la actualización de la Norma de Emisión de Residuos Líquidos (DS90), que espera hace 26 años para ser actualizada. Sí, desde el 2000 que no se actualiza. Su actualización es fundamental para reducir contaminantes como coliformes fecales y antibióticos en cuerpos de agua, protegiendo tanto la salud pública como las fuentes de agua.
Retirar este tipo de normativas tiene efectos concretos: se traduce en una mayor vulnerabilidad ante riesgos sanitarios y ambientales, como los florecimientos algales observados en lagos del país, como el Lago Villarrica. Cuando aumenta la contaminación de este tipo no sólo daña los ecosistemas en general sino que puede afectar a la salud humana.
Las cifras son claras: de los decretos retirados, el 32% afecta directa o indirectamente la salud de las personas y el 52% corresponde a mandatos legales con plazos, no a meras facultades de la autoridad de turno.
Además, casi un quinto de ellos responde a recomendaciones de la OCDE para mejorar el desempeño ambiental de Chile. A más de mes de administración se han reingresado solo cuatro de ellos, tramitándose solo uno de ellos.
La idea de que debemos elegir entre medio ambiente y crecimiento económico es una falsa dicotomía. La normativa ambiental no es una abstracción sin sustento, sino el marco que permite a la ciudadanía respirar aire limpio, acceder a un entorno sano e incentivar un desarrollo sin disminuir los estándares.
Así como Chile ha construido una infraestructura resistente a los terremotos, tenemos ya el conocimiento de que Chile es muy vulnerable a las crisis ambientales, por lo que debemos fortalecer una institucionalidad ambiental, ya que esta es la base real y concreta de nuestro desarrollo.