Este miércoles, 22 de abril, es el Día de la Tierra, y mañana 21 comienza la cuarta COP (Conferencia de las Partes) del Acuerdo de Escazú. En esta ocasión, el encuentro tendrá lugar en Bahamas, una decisión que no es casual si consideramos que once de los diecinueve Estados parte pertenecen al Caribe. Sin embargo, el nivel de conocimiento del tratado entre la ciudadanía de esa región sigue siendo relativamente bajo. En ese sentido, estos encuentros pueden leerse como esfuerzos por “deslatinoamericanizar” Escazú y ampliar su alcance hacia el mundo angloparlante.
A pesar de ello, para los propios habitantes del Caribe, la participación no es sencilla. Moverse entre islas puede ser altamente costoso, a veces incluso más que viajar hacia o desde América Latina, sin considerar los elevados precios de alojamiento en destinos turísticos. Esta tensión entre inclusión territorial y barreras materiales no es menor.
Más allá de estas dificultades, esta COP sigue siendo un evento de enorme relevancia. A ocho años de la adopción del acuerdo, la urgencia de las materias que aborda Escazú no ha hecho más que intensificarse. Además, será una instancia en la que deberán adoptarse decisiones clave.
La agenda contempla diez proyectos de decisión. Entre ellos, destaca la primera renovación completa de la mesa directiva, hasta ahora liderada por Uruguay. Este no es un cambio menor: aquí se define la orientación política que tendrá el tratado durante los próximos dos años. En este contexto, el escenario regional resulta determinante, así como la capacidad de los países que integren esa directiva de demostrar voluntad para avanzar en la implementación del acuerdo.
Otro punto relevante es el proyecto de decisión 4, referido a las hojas de ruta nacionales, principal instrumento de implementación. A la fecha, solo siete Estados las han presentado, y en algunos casos su avance está completamente detenido. Por ello, será fundamental observar el lenguaje de las directrices que se adopten, especialmente para asegurar procesos con participación ciudadana real y efectiva.
En paralelo, los proyectos de decisión 8 y 9 proponen la creación de nuevos grupos de trabajo ad hoc. El primero busca fortalecer los registros de emisiones y transferencia de contaminantes. El segundo aborda el acceso a la justicia, uno de los pilares del acuerdo, con foco en reducir barreras para personas y grupos en situación de vulnerabilidad. En ambos casos, el espacio que se otorgue a la participación de los representantes del público será determinante.
Por último, el proyecto de decisión 5, relativo al fondo de contribuciones voluntarias, será clave. Este instrumento financia desde actividades de difusión hasta la implementación del plan de acción de personas defensoras aprobado en la COP anterior. Sin embargo, ha recibido pocos aportes y existe escasa información pública sobre su estado. En un contexto económico complejo, será fundamental que los Estados respalden sus compromisos con recursos concretos. De lo contrario, Escazú corre el riesgo de quedar en el terreno de las buenas intenciones.
Estas son solo algunas de las discusiones que marcarán la COP en Bahamas. Y aunque la geografía dificultará la participación presencial, estará disponible también la transmisión online, para hacer seguimiento y participar de las decisiones que se tomen.
