El debate público en Chile en materia de seguridad suele estar capturado por la urgencia y el clamor popular. El reciente proyecto de ley anunciado por el Ejecutivo que busca crear el “Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades ” es un reflejo nítido de lo que en criminología y psicología social se denomina “populismo punitivo”: una respuesta altamente simbólica, de bajo costo inmediato para el Estado, pero con un devastador costo humano de largo plazo.
Desde la vereda de los estudios del bienestar, no podemos guardar silencio. Analizar la seguridad pública desconectada de las trayectorias de desarrollo y las dinámicas psicosociales de los adolescentes y jóvenes es un error técnico de proporciones. Esta columna expone por qué, bajo una premisa disuasoria falsa, esta iniciativa atenta directamente contra las cuatro dimensiones esenciales del bienestar de nuestra juventud vulnerable.
Impacto en el Bienestar Social: Institucionalizar la exclusión
El bienestar social se sostiene sobre la base de la integración, la contribución comunitaria y la aceptación social. El proyecto propone un catálogo de 17 sanciones administrativas, destacando la pérdida de la gratuidad en educación superior y subsidios habitacionales.
La literatura científica es categórica: el desistimiento del delito en jóvenes —aquel proceso natural donde el 85% de quienes cometen infracciones en la adolescencia deja de hacerlo hacia los 28 años— depende de la adquisición de roles prosociales (estudiar, trabajar, formar comunidad).
Quitar el acceso a la educación no es un castigo neutro; es amputar activamente la única pasarela legitima de movilidad y reinserción social que posee un joven de sectores excluidos. En lugar de resolver el problema del control territorial o la gobernanza criminal en barrios vulnerables, el Estado firma un decreto de expulsión ciudadana, empujando a estos jóvenes a la marginalidad económica y a la consolidación de carreras delictivas.
Fractura Psicosocial: El estigma público como trampa identitaria
Desde una perspectiva psicosocial, la identidad en la adolescencia y juventud temprana se encuentra en una etapa de alta plasticidad y negociación con el entorno. La creación de un registro público y consultable introduce una variable demoledora: el estigma institucionalizado.
Al hacer accesible el historial de una falta o incivilidad menor a cualquier ciudadano, el Estado opera bajo la lógica de la “criminología del otro” (en términos de David Garland), etiquetando al joven como un sujeto inherentemente peligroso y disfuncional. Este marcaje destruye el soporte comunitario y el control social informal (el lazo de confianza con vecinos, profesores y pares protectores).
La psicología social del bienestar demuestra que cuando una institución total o un registro estatal etiqueta permanentemente a un individuo, este tiende a internalizar el estigma, adaptando su conducta a la expectativa negativa del entorno. Es decir, el registro no disuade; rigidiza la identidad delictiva.
Daño al Bienestar Psicológico: Bloqueo de la autoaceptación y el crecimiento personal
El bienestar psicológico (desde modelos eudaimónicos como el de Carol Ryff) se compone de dimensiones como la autoaceptación, el propósito en la vida, la autonomía y el crecimiento personal.
Para que un joven infractor transite hacia una reparación psicológica y moral de sus actos, requiere experimentar agencia: la creencia de que sus acciones futuras pueden transformar su realidad. Sin embargo, el diseño taxativo y punitivo de este proyecto sustituye la justicia restaurativa por una lógica de castigo perpetuo e inmodificable (con registros que marcan vidas por 2 o 5 años).
Al verse privado de herramientas básicas de autonomía —como la restricción para obtener licencias de conducir, clave para el empleo juvenil informal en Chile—, el joven experimenta una total indefensión aprendida. Sin propósito viable y con el crecimiento personal bloqueado por barreras estatales, el bienestar psicológico se desploma, pavimentando el camino hacia trastornos de salud mental ya hipertrofiados en este grupo etario.
Deterioro del Bienestar Subjetivo: La desesperanza aprendida y la pérdida de satisfacción vital
Finalmente, el bienestar subjetivo (los componentes afectivos y la evaluación cognitiva de la satisfacción con la vida) se ve drásticamente alterado bajo la sombra de la impredecibilidad y desproporción. El proyecto infringe principios normativos como la proporcionalidad de las penas al aplicar un castigo administrativo masivo que puede ser infinitamente más gravoso económicamente que la multa original de la incivilidad.
Un adolescente que evalúa su futuro bajo la certeza de que el Estado le ha cerrado las puertas del bienestar básico (educación, vivienda, libre tránsito) desarrolla una profunda desesperanza afectiva. La satisfacción con la vida disminuye drásticamente cuando el entorno se vuelve hostil, segregador y persecutorio, eliminando cualquier incentivo para el cambio prosocial.
Conclusión: Hacia una política pública con base en la evidencia
Como investigadores del bienestar, nuestro rol es recordar que las políticas de seguridad pública no ocurren en el vacío; impactan cuerpos, mentes y tejidos comunitarios. La evidencia disponible nos demuestra que las estrategias efectivas de corto y largo plazo no radican en la acumulación de penas o registros paralelos (que además tensionan garantías constitucionales básicas como el principio del derecho non bis in idem).
La solución real transita por la inversión en protección social: la recuperación sociocomunitaria y ambiental de los espacios públicos, el fortalecimiento de la cohesión social en barrios precarizados y la implementación de sistemas de justicia restaurativa —como las Cortes Comunitarias— que obliguen al joven a reparar el daño causado a su comunidad sin destruir su futuro en el intento.
Legislar desde la víscera y el cálculo electoral puede calmar temporalmente la ansiedad de las encuestas, pero en el mediano plazo, este registro solo cosechará lo que siembra: una juventud con un bienestar profundamente deteriorado, más excluida, más estigmatizada y, por consecuencia, más expuesta al circuito delictual. Chile no necesita más castigo ciego; necesita más bienestar integral.
