La reforma multiplica el tamaño y producción de proyectos mineros e inmobiliarios que podrán ejecutarse sin evaluar ni mitigar sus impactos.
Documental muestra la lucha de dos comunidades contra la minería del litio.
Foto: All We Have Is Us.Proyectos mineros e inmobiliarios en Chile han traído inversión y puestos de trabajo pero también han generado en muchos casos problemas ambientales como inundaciones por relleno de humedales, contaminación del agua con relaves mineros, colapso de alcantarillados y más.
Ahora, está abierta a consulta ciudadana una modificación al reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que aumenta los umbrales para proyectos mineros e inmobiliarios que ahora podrían ejecutarse sin tener que evaluar sus impactos ambientales ni tomar medidas para reducirlos o compensarlos.
Para el abogado ambiental de la ONG FIMA, Antonio Pulgar, con esta modificación el Estado está renunciando a su rol de predecir los impactos que puede tener un proyecto, aumentando la aceptación de riesgo social y traspasándole ese riesgo a las personas que habitan estos territorios que van a ser intervenidos.
“Esta modificación desconoce la naturaleza del SEIA, que no es un sistema para rechazar proyectos sino para mejorarlos, y reducir los riesgos que puedan sufrir las personas. El Estado se está negando a recopilar información para predecir los impactos y tomar decisiones de política pública para resguardar a la ciudadanía, sobre todo en un contexto de cambio climático con riesgos más impredecibles”, explica el abogado.
La propuesta, que está abierta para recibir observaciones de la ciudadanía hasta el 11 de septiembre, introduce cinco modificaciones:
Deja fuera de evaluación ambiental a los proyectos inmobiliarios que contemplen menos de 14 hectáreas o menos de 700 viviendas. Esto multiplica por dos el umbral actual de 7 hectáreas y 300 viviendas, sobre lo cual los proyectos hasta ahora debían ingresar a evaluación ambiental.
Se modifica el umbral de capacidad de extracción de minerales para que un proyecto minero deba ingresar a evaluación ambiental, de 5 mil toneladas a 40 mil toneladas mensuales.
Aumenta la cantidad de plataformas mineras en proyectos de exploración que se permiten sin evaluación ambiental, cuadruplicando la envergadura de 40 a 160 plataformas desde Arica hasta Coquimbo, y duplicándola de 20 a 40 plataformas desde Valparaíso hasta Magallanes.
Por último, permite que aquellos proyectos mineros donde se quieran reproceasr los relaves dentro de una faena minera ya en operación y con permiso ambiental, puedan hacerlo sin evaluar los impactos de esa operación adicional.
